......El Dossier de los documentos del Presidente Sebastián Piñera ésta en el Archivo de la CIA.
El primero de los documentos es una recopilación de antecedentes y un análisis de antecedentes sobre Miguel Juan Sebastián Piñera Echeñique, ordenada por el Departamento de Comunicaciones de la Embajada de Estados Unidos en Santiago, que lleva el número WSA/Was/3215B, y registra entrada de datos los años 1975,1984 y 1990, y dice relación con el lavado de activos, constitución de empresas ficticias, cohecho y asociación ilícita, actos todos relacionados con la intervención y liquidación del Banco de Talca, en 1982. Ya en el encabezado, el documento proporciona sorpresas, toda vez que Informa que el patriarca del clan Piñera, don José Piñera Carvallo, era colaborador de la CIA desde 1965, y que José Piñera Echeñique, hermano de Sebastián, quien se desempeñó como Ministro del Trabajo y Previsión Social de la dictadura, desde donde impulsó el Plan Laboral y la reforma provisional que introdujo el sistema de capitalización individual, y como Ministro de Minería, desde donde perpetró la segunda desnacionalización del cobre, era a la vez colaborador directo y analista financiero de la familia Pinochet.
Los numerales 1 y 2 del documento, remiten a la estafa perpetrada por la Cooperativa de Ahorro y Préstamo La Familia, ya reseñada en nuestra edición 1458. El documento atribuye la autoría intelectual a Jaime Guzmán Errázuriz y José Piñera Echenique.
Sebastián Piñera entra al baile en el numeral 4, relativo a la triangulación de empresas y lavado de activos por 85 millones de dólares, en relación con el Banco de Talca. Aparece una glosa a la constructora Socofer, de Luis Fernández Drey, cuya insolvencia precipitó la quiebra de La Familia.
Pero de mayor interés es la que remite a la Fundación Azul, operada por Ernesto Silva Baffalluy, por entonces gerente general de ENAP. Del críptico lenguaje del documento de inteligencia, se desprende que se trataba de un mecanismo para desviar fondos de empresas hacia medios de comunicación.
Y como inmediatamente viene la referencia a Joaquín Lavín, el Mercurio y Petrox, no es aventurado concluir que el destinatario de los fondos era ese diario. Tanto Lavín como Silva Baffalluy pertenecen al Opus Dei y al núcleo duro de la UDI; son socios en la Universidad del Desarrollo y ambos desempeñaban altos cargos en ENAP, cuando ésta fue dividida en filiales, una de ellas Petrox, en 1981.
A continuación viene un listado de empresas ficticias constituidas para recibir créditos del Banco de Talca y “comprar acciones del propio banco”. El documento atribuye la autoría intelectual de esa asociación ilícita a José Piñera Echeñique, Carlos Massad y Sebastián Piñera Echeñique.
Agrega que en virtud de ella, se crearon cerca de ochenta empresas ficticias que “utilizaban beneficios que otorgaba el Banco central de Chile para sus exportadores”. Entre las empresas, menciona a Infinco, Inversiones Río Claro, Indac, Inversiones Sevilla, Los Montes, Tamarugal, Laguna Verde, Forestal Los Lirios y Financiera Condell, entre otras. Y entre los ejecutivos y controladores de las empresas de esta asociación ilícita, aparecen mencionados José Concha, Susana Tonda, Patricio Barros, Antonio Krell, Joaquín Cordua, Eugenio Mandiola, Miguel Calaf, Herman Chadwick Piñera, Emiliano Figueroa, Alberto Danioni, Manuel Cruzat y Fabio Valdés. En conexión con el lavado de activos, aparecen mencionadas Calaf S.A.C.I., Lan Chile, Bancard, Fincard y Aerolíneas Escandinavas, SAS.
En la práctica, varios de los nombres mencionados hasta aquí en el documento de la CIA, aparecen en la escritura de constitución de la Sociedad de Inversiones Infinco Ltda., publicada en el Diario Oficial el 28 de julio de 1980:
Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, Carlos Alberto Massad Abud, Antonio Krell Rosenfeld, Joaquín Cordua Sommer, Rafael Barahona Soto, Hugo Juan Bautista Zunino Zunino y Patricio Eduardo Barros Fiegehen. Como administrador aparece Eugenio Mandiola. Una crónica de revista Que Pasa, del 3 de diciembre de 2005, señala que Sebastián Piñera llegó a Infinco en reemplazo de su hermano José, al ser éste designado Ministro del Trabajo de Pinochet.
En la Sociedad Promotora de Negocios Ltda., aparecen a asociadas las siguientes compañías y sociedades: Sociedad de Inversiones Infinco, Compañía Inmobiliaria y de Inversiones Arena S.A., Compañía Inmobiliaria y de Inversiones Sevilla Ltda. y Comercial Santa Cecilia. Esta última es aún una de las sociedades de inversión de Sebastián Piñera. De hecho, Santa Cecilia y Bancard Inversiones Limitada aparecen como las sociedades a través de las cuales Piñera poseía 2.064.421 acciones de Farmacias Ahumada, equivalentes al 1,37% de la propiedad de la empresa, las que tuvo que vender precipitadamente cuando salió a la luz la colusión entre las tres principales cadenas de farmacias para fijar precios, en abril pasado.
Rafael Barahona Soto, socio de Infinco, aparece como socio en Indac Comercial Ltda., otra de las sociedades mencionadas en el documento de la CIA, junto a Eugenio Mandiola Juan José Sallato Cáceres y Juan Jorge García Huerta, y las sociedades Grupo Gerdau Emprendimientos Ltda. y Aza Participaciones S.A. Una crónica del diario La Nación, del 19 de abril de 2009, consigna la siguiente declaración judicial de Sebastán Piñera ante el juez Luis Correa Bulio, en el marco de la investigación por la quiebra fraudeulenta del Banco de Talca: "Cuando trabajaba en el Banco de Talca, dos personas que habían trabajado conmigo en Infinco, los señores Eugenio Mandiola y Patricio Barros, me convidaron a suscribir acciones de Industria del Acero Indac, adquiriendo acciones por un monto cercano al 6%".
De la lista de ejecutivos presentada en el documento, varios de ellos conservan, o lo hicieron hasta hace poco, relación con Sebastián Piñera.
Por de pronto, Fabio Valdés Correa es accionista de Lan Chile e integra el directorio de Chilevisión. Fue uno de los ejecutivos de confianza de Manuel Cruzat. Susana Tonda trabajó con Piñera en Bancard y desempeñó un alto cargo en Lan Chile hasta octubre de 2006. José Concha era gerente general de Bancard, la empresa matriz de Piñera en el negocio de las tarjetas de crédito, hasta el momento en que la vendió en 60 millones de dólares al Banco de Santander, en abril de 1993. Herman Chadwick Piñera, actual presidente de la Asociación de Concesionarias de Obras de Infraestructura Pública, es primo hermano de los hermanos Piñera Echenique. Manuel Cruzat, encabezó, junto a Fernando Larraín, el Grupo Cruzat-Larraín, cuya quiebra en la crisis de 1982-83, junto al Grupo Vial y otros grupos menores, precipitó una de las mayores recesiones de la historia de Chile. No es accesorio consignar que en la misma época, y por los mismos motivos, se produjo la quiebra del Banco de Talca, que presidía Carlos Massad, y del que Sebastián Piñera desempeñaba la gerencia general.
Miguel Calaf y Alberto Danioni, piezas claves junto con Sebastián Piñera, de la asociación ilícita para defraudar al Banco de Talca, estuvieron varios meses detenidos en Capuchinos y finalmente fueron condenados a tres años de cárcel por el magistrado Correa Bulo, sentencia ratificada en todas las instancias por las cortes superiores, incluido el recurso de casación.
El siguiente documento que presentamos a consideración de la ciudadanía, la recopilación de antecedentes de inteligencia identificada como Was/WDC/3215, aparentemente el número de identificación del dossier Piñera, tiene la virtud de desmentir en forma simultánea las dos afirmaciones de Piñera señaladas al inicio, en cuanto a que siempre fue un opositor a la dictadura y que la Corte Suprema decretó su total inocencia en el caso del Banco de Talca.
De acuerdo con el número 1 del documento, el Jefe de la CIA en Santiago informa de la reunión que sostuvo el Ministro Consejero para Asuntos Latinoamericanos, George Jones, con José Piñera Carvallo, padre de Sebastián y su primo hermano, Herman Chadwick Piñera.
El número 2 informa que en dicha reunión se estableció una “acción de contrainteligencia”, eufemísticamente denominada “neutralización”, consistente en sacar del país a Sebastián Piñera y su trasladado vía Argentina y México.
El documento agrega que esa “colaboración” fue ordenada por Aguila 1, denominación en clave que designa al Embajador de Estados Unidos en Santiago, cargo que en ese entonces desempeñaba el conservador James Theberge, y que para ella se recurrió a Fernando Quijano.
Quijano, de nacionalidad mexicana, aparece vinculado no sólo a organizaciones de ultraderecha, sino también a redes neofascitas, tales como la Junta Internacional de Comités Laborales, el Movimiento de Solidaridad Iberoamericana, MSIA, y la Unión Nacional Sinarquista.
El artículo Anatomía de una Operación de Inteligencia Fascista, firmado p or William F. Wertz, publicado el 4 de febrero de 2005 en la revista del Instituto Schiller, señala:
“Entre 1985 y 1987 Quijano empezó a trabajar con Néstor Sánchez. Desde 1963 Sánchez estuvo implicado en el complot de la CIA conocido como la Operación Mongoose, para asesinar a Fidel Castro de Cuba. De 1965 a 1967 fue jefe de la estación de la CIA en Guatemala, donde colaboró con los escuadrones de la muerte. En los 1970, cuando Pinochet subió al poder y lanzó la Operación Cóndor de genocidio por todo el Cono Sur de Sudamérica, Sánchez se convirtió en jefe de la división para América Latina de la Dirección de Operaciones de la CIA, y luego en los 1980, durante lo del Irán–contra, en subsecretario auxiliar adjunto de Defensa para Asuntos Interamericanos, asignado al equipo del Consejo de Seguridad Nacional”.
El número 3 del documento, informa de una reunión “con nuestros colaboradores” de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. El número 4 revela una reunión con el entonces Presidente de la Corte Suprema, Rafael Retamal, en la que se establece la “neutralización” y la “operación de apoyo Uila” con colaboración y apoyo logístico de Fernando Quijano, José Piñera Carvallo y Herman Chadwick Piñera.
Para que a los de ahi arribaal no le quepan dudas acerca de lo que trata el documento, éste señala que “se establece la ‘neutralización’, según causas 482-82, 439-82 y 4353-87”.
Los números de rol 428-82 y 430-82, corresponden a los recursos de amparo presentados por Sebastián Piñera, Carlos Massad y Emiliano Figueroa en contra de la resolución del juez Luis Correa Bulo, que los encargó reos como autores del delito de Defraudación al Banco de Talca y otros ilícitos.
El 8 de septiembre de 1982, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones rechazó el recurso de amparo, por dos votos, de los ministros Osvaldo Faúndez y Servando Jordán, contra uno, del Ministro Enrique Zurita.
El voto de mayoría estableció que “el mérito de los autos que se tienen a la vista, resulta que el mandamiento de prisión para los querellantes Sebastián Piñera Echenique, Emiliano Figueroa Sandoval y Carlos Massad Abud, ha sido expedido en caso previsto por la ley y con méritos de antecedentes que lo justifican y de conformidad, también, con lo dispuesto en el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal".
El origen de la trama remonta al 2 de noviembre de 1981, fecha en que el Banco de Talca fue intervenido por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, debido a que se encontraba en estado cesación de pagos, con una deuda con el Banco Central cercana a los 40 millones de dólares. La causa rol Nº 99.971-6, del 20 de mayo de 1982, fue iniciada por una querella presentada por el liquidador del banco, Eugenio Silva Risopatrón, contra los socios controladores y quienes resultaran responsables de los ilícitos que precipitaron la intervención y posterior liquidación del banco.
Detalles pormenorizados del proceso, que dicho sea de paso, se encuentra desaparecido desde el Archivo Judicial, fueron suministrados por el diario La Nación el 19 de abril pasado. Entre esos antecedentes, conviene citar los siguientes:
“Según los querellantes, el capital y las reservas del Banco de Talca alcanzaban al momento de su intervención a los 40 millones de dólares. La investigación judicial determinó que los créditos irrecuperables otorgados por la institución financiera sumaban 250 millones de dólares. En su cartera de créditos, el Banco de Talca tenía más de 200 millones de dólares prestados a empresas relacionadas, es decir cinco veces su capital y reservas, cuando la ley permitía un límite máximo de sólo el 25% del mismo Pero había más. Las sociedades relacionadas no necesariamente tenían existencia legal y, según la investigación judicial, los controladores y ejecutivos del banco le otorgaron créditos a estas sociedades fantasmas sin ningún tipo de garantía. Según reconocieron los propios involucrados, estos créditos a empresas relacionadas estaban destinados a comprar con ese dinero acciones del propio banco. Ese era el modelo de capitalización que había ideado Piñera y sus socios desde las oficinas de Infinco, la sociedad de profesionales que constituyeron para asesorar al Banco de Talca en marzo de 1978. Según informó la prensa de la época, el grupo llegó a constituir 150 empresas sólo con la finalidad de operar de esta manera. Pero tampoco fue todo. El Banco utilizó además mañosamente los beneficios que el Banco Central otorgaba en la época a los exportadores. Fingió una serie de exportaciones, a través de empresas chilenas de papel a compañías panameñas, también de papel, según consta en el proceso en un informe del auditor Iván Goic”.
Como se puede apreciar, los antecedentes suministrados por los documentos de la CIA coinciden de manera casi milimétrica con el mérito del proceso.
La investigación judicial dio por establecido un préstamo de 11,7 millones de dólares concedido por el banco a Río Claro, una de las sociedades ficticias mencionadas en el documento, y la constitución de las sociedades-pantalla Los Montes, Tamarugal, Laguna Verde y Forestal Los Lirios.
Entre los antecedentes tenidos a la vista para resolver el auto de procesamiento, en septiembre de 1982, el juez instructor consideró las propias declaraciones de Piñera en el proceso:
"Los créditos otorgados por el Banco de Talca eran una de las muchas fuentes de recursos de que disponían estas empresas, siendo posible que algunos de ellos hayan sido usados para propósitos distintos a la solicitud de crédito (...). Por lo anterior, no estoy en conocimiento que el crédito de 11 millones y fracción a la empresa Río Claro haya sido prestado a terceros para comprar acciones del banco, ni tampoco recuerdo esta operación en particular, la cual se produjo días antes de mi alejamiento del banco".
Sin embargo, Miguel Calaf y Alberto Danioni declararon que se encontraban fuera del país al momento de ser el cuestionado crédito y que la operación fue realizada por Sebastián Piñera.
Sobre las cuatro sociedades mencionadas, Patricio Roa, uno de los constituyentes, declaró:
"En el mes de junio (de 1980), no recuerdo bien qué fecha, el gerente general del Banco de Talca de esa época, Sebastián Piñera, me solicitó que fuera el representante legal de cuatro empresas que se estaban formando por necesidad del banco, y cuyos propietarios serían otras empresas del grupo Calaf-Danioni. Por considerar que era una muestra de confianza tanto de los dueños, como de la gerencia general, acepté el cargo ofrecido”.
A su turno, la declaración judicial de Alberto Danioni señala: "estas cuatro sociedades agrícolas fueron ordenadas constituir por el señor Sebastián Piñera, gerente general del banco, con el objeto de que se hicieran cargo de las deudas vencidas o por vencer del señor Alejandro Zampighi y que resultaban inconvenientes para el banco mantenerlas así vencidas, obteniendo así un mayor plazo para su cancelación".
Sebastián Piñera, declaró: "reconozco haber estado en conocimiento de que estas empresas eran de reciente formación y que no eran sujetos de crédito solvente porque tenían escaso o nulo capital".
Una vez conocido el fallo de primera instancia, y rechazada la apelación en segunda instancia, se precipitó la operación referida en los números 1, 3 y 4 del documento de la CIA, en la cuál se decidió la “neutralización” de Sebastián Piñera, lo cual debe leerse como su traslado fuera del país vía Argentina a México, donde habría permanecidos unos 45 días, al amparo de Fernando Quijano.
A mayor abundamiento, el número 5 del documento destapa la reunión que en carácter de “reservado” sostuvieron el Embajador de los Estados Unidos en Chile, James Theberge, y el Presidente de la Corte Suprema, Rafael Retamal, en una fecha que se puede establecer entre el 8 y el 19 de septiembre de 1982.
El 20 de dichos mes, una sala de la Corte Suprema, presidida por el Ministro Rafael Retamal, los ministros Emilio Ulloa y Carlos Letelier y los abogados integrantes Enrique Urrutia y Enrique Munita acogió el recurso de amparo que dejó a Sebastián Piñera fuera del proceso, lo que no significa en modo alguno que haya acreditado su “total inocencia”, como pretende.
El fallo estableció que "en el estado actual de la investigación no aparece establecido que los hechos que se imputan a los amparados tengan características delictuales, ni está ahora probado que ellos han obtenido provecho o el banco haya sufrido perjuicios resultantes de la actuación financiera de los recurrentes”.
La resolución es abiertamente contradictoria con los hechos y con el desarrollo ulterior del propio proceso. A modo de ejemplo, el rol 4353-87, corresponde al fallo de la Corte de Apelaciones de fecha 23 de diciembre de 1987, que rechazó las apelaciones de Miguel Calaf y Alberto Danioni, procesados por los mismos delitos que se le imputaron a Piñera. De hecho, recibieron una sentencia de tres años de prisión, lo cual significa a) que, necesariamente, los delitos se tuvieron por acreditados y b) que Calaf y Danioni carecían de las influencias del clan Piñera, por el cual el Embajador de Estados Unidos en persona no trepidó en hacer lobby con el propio Presidente de la Corte Suprema.
Acaso la razón del nivel de implicación del Embajador de Estados Unidos radique en el encabezado del primero de los documentos, según el cual don José Piñera Carvallo “es colaborador de esta agencia desde 0065”.
Esa condición aparece corroborada en otro documento, el informe Was/WDC 7056, del 2 de mayo de 1986, que revela “fondos entregados a través de AMCO a colaboradores e informantes según descripción de claves de acceso autorizadas”. Entre ellos, figuran Orlando Sáenz, Pedro Ibáñez, Felipe Amunategui, Jaime Guzmán, Pablo Rodríguez, León Vilarín, Andrés Zaldívar, Juan Hamilton, Enrique Krauss, Rafael Moreno, Juan de Dios Carmona y José Piñera Carvallo, entre otros.
De un cuarto documento, que tiene la denominación Was/DC/SECRET-2897/ Eyes Only, y registra entradas de información los años 1975, 84, 86, 99 y 2001, desclasificaremos solo algunos acápites.
El que se denomina Nexos 10 Secreto Sensible, relativo a triangulaciones de activos relacionadas con El Mercurio, establece que entre los años 1980 y 1984, en el contexto de la crisis económica precipitada por la quiebra generalizada de la banca y la debacle de los principales grupos económicos del país, el entorno inmediato de Pinochet, mediante una maniobra que el documento atribuye a José Piñera y Jaime Guzmán, fue informado del alza del dólar, que a la sazón se encontraba tozudamente fijado en 39 pesos por el Ministro de Hacienda, Sergio de Castro, y que Pinochet, en cadena de televisión, había jurado mantener, aún por sobre su cadáver…hasta que en junio de 1982, en un solo día, el peso se devaluó a 46 por dólar, y en agosto se decretó la libertad cambiaria que prevalece hasta hoy.
El documento agrega que el propósito de esa información apuntaba a beneficiar al núcleo más cercano a Pinochet, y que para ese efecto y “poder blanquear una suma cercana a los 120 millones de dólares”, se le otorgaron créditos a El Mercurio, a través del Banco del Estado.
Entre los colaboradores directos de Pinochet que se habrían beneficiado con la información, el documento menciona a Enrique Montero Marx, Sergio de Castro, Hernán Cubillos, Alfonso Márquez de la Plata, Jovino Novoa, José Piñera Echenique, Alvaro Bardón, Joaquín Lavín, Carlos Cáceres, Jorge Ballerino, Jaime Lepe, Pablo Longueira, Ambrosio Rodríguez, Jorge Selume y Oscar Aitken, entre otros.
La gentileza de Pinochet encontró reciprocidad, en la medida en que la investigación sobre el Banco Riggs determinó que el general abrió cuentas en el Banco de Talca, bajo el seudónimo José Ramón Ugarte.
El acápite Nexos 15 Secreto Sensible, relativo a triangulación de activos y asociaciones ilícitas, entrega información complementaria y ratificatoria del caso del Banco de Talca.
Por de pronto, identifica a Augusto Pinochet, José y Sebastián Piñera, Miguel Calaf, Alberto Danioni y Emiliano Figueroa, quién, dicho sea de paso, se desempeñó como Jefe de Cobranzas del Banco del Estado, hasta julio de 2008.
Luego, establece que a través de José Piñera Echenique se crearon varias empresas ficticias, tales como Río Claro, Inversiones Sevilla, Los Montes, Forestal Los Lirios, Tamarugal, Laguna Verde e Infinco, con el propósito de obtener préstamos del Banco de Talca, operación que contó con el concurso del Presidente del banco, Carlos Massad, el Gerente General, Sebastián Piñera, y los socios controladores Miguel Calaf y Alberto Danioni.
El documento establece que esa asociación ilícita defraudó al banco en 240 millones de dólares, y entrega un antecedente desconocido. En el origen del lucrativo negocio de las tarjetas de crédito, al que la leyenda urbana le atribuye el génesis de la fortuna de Sebastián Piñera, habrían estado en realidad José Piñera y el Embajador y Ministro Consejero de la Embajada de los Estados Unidos.
Enseguida, el documento entrega antecedentes adicionales sobre las medidas de protección dispensadas a Sebastián Piñera. Señala que por orden del entonces Director de Investigaciones, Fernando Paredes Pizarro, “se establece un anillo de protección a esta operación y sus miembros”, y que en realidad, se trasladó al extranjero y se protegió por aproximadamente 45 días a Sebastián Piñera, para “evitar su arresto y detención”.
Este acápite del documento concluye que la asociación ilícita comprendía tres fases: lavado de activos, acceso a grandes capitales en dólares y apropiación, por vía de la ingeniería financiera relatada, del control accionario del Banco de Talca, lo cual consiguió en un 80%.
De los documentos desclasificados de la CIA, se concluye:
en primer término, la inexactitud de las afirmaciones de Piñera, en el sentido de que siempre fue un opositor al régimen de Pinochet y de que la Corte Suprema estableció su “total inocencia”.
Luego, el verdadero origen de la fortuna de Piñera no radica sólo en la venta de Bancard y Fincard al Banco de Santander y Transbank, respectivamente, lo que en todo caso le reportó la bonita suma de 74 millones de dólares, sino también, y principalmente, en la defraudación del Banco de Talca.
Que, a diferencia de la creencia habitualmente aceptada, Sebastián Piñera no fue el iniciador del negocio de las tarjetas de crédito en Chile. El documento reseñado, le entrega ese dudoso honor a su hermano José.
A reglón seguido, los documentos de la CIA muestran una élite
político-empresarial que, montada sobre los hombros del general Pinochet, utilizó para su beneficio el vasto arsenal de recursos que otorga el control del aparato del Estado, y que en virtud de ello, obtuvo cuantiosas prebendas, sinecuras y posiciones de preeminencia, de lo cual tanto la fortuna como la candidatura presidencial de Sebastián Piñera Echenique constituyen uno de los más ilustrativos ejemplos.
Pero en lo fundamental, el dossier Piñera en el archivo de la CIA sugiere la inconveniencia de que un personaje del que los servicios de inteligencia de la mayor potencia del mundo poseen tal nivel de información, llegue a la Presidencia de la República, habida cuenta del poder de negociación y de presión que ésta concede.
Las Industrias del Acero Ltda., INDAC, y las de extractivas de la minería en general, nosotros, le ayudamos a Sebastian Piñera acumular su grandiosa fortuna: es decir: directa o indirectamente, la clase trabajadora minera está, como ahora, bajo tierra, para producir fortunas...Y ahora nos acabamos de enterar de que le vende 'Chilevisión' a Time Warner. Sebastián Piñera ganará con la venta de alrededor de 140 millones de dólares. El grupo estadounidense Time Warner anunció ayer la compra de 'Chilevisión', que es propiedad de Piñera...Hasta el día que nos saquen de aqui, si Dios quiere...harán dinero con nosotros porque de seguro que vendrán los nuevos amos de 'Chilevision' a filmarnos...y los comerciales que se pasen costaran enormes sumas de dinero...¿Cuánto nos darán a nosotros que somos los productores de esas fortunas?
¡ ARRIBA LA CLASE MINERA !
¡ ARRIBA SUS SUELDOS ¡
¡ ARRIBA SU SEGURIDAD !
¡ MINERÍA SIN RIESGOS !
¡ LOS CULPABLES A LA CÁRCEL !
¡ ABAJO LA EXPLOTACIÓN DE LOS RICOS !
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Chile: La empresa minera escatimó en seguridad
La familia de un chileno atrapado demandará a los dos dueños.
www.kaosenlared.net/noticia/chile-empresa-minera-escatimo-seguridad
La alegría que sintió todo Chile al saber que los 33 mineros atrapados bajo 688 metros de tierra en el yacimiento San José estaban vivos ha dado paso a la exigencia de responsabilidades y la familia de uno de los mineros atrapados ya ha dicho que va a demandar a la empresa San Esteban, propietaria de las instalaciones, y a los inspectores gubernamentales por permitir los fallos de seguridad que hicieron posible el derrumbamiento.
Mientras continúa la operación para rescatar a los mineros, que puede durar meses, se ha ido dando a conocer el largo historial de accidentes y muertes en esa mina.
El ex encargado de Prevención de Riesgos de la empresa, Vincenot Tobar, ha dicho que se autodespidió en 2009 debido a que no lograba realizar su trabajo. Tobar afirmó a Radio Horizonte que el único interés de los dueños, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, era la rentabilidad y que nunca se tomaron en serio los accidentes.
En 2007, se registraron 185 accidentes. Cuando un minero sufrió la mutilación de una pierna, se decretó el cierre del yacimiento hasta que no se tomaran medidas ante el peligro inminente de derrumbes, como hacer dos chimeneas (o vías de escape) con escaleras.
Tobar dice no comprender cómo la mina San José consiguió el permiso de reapertura del Servicio Nacional de Minería sin haber cumplido con la exigencia de crear esas vías de escape. Fue ahí cuando Tobar decidió dejar la compañía.
En mayo de 2008, Patricio Leiva, funcionario del Servicio Nacional de Minería, tuvo que reemplazar a su jefe, que estaba de baja por 20 días. Justo en ese lapso llegó a sus manos la solicitud de reapertura de la mina San José. El funcionario firmó la autorización y no leyó los antecedentes. Así lo ha explicado él mismo ante la comisión parlamentaria que investiga el derrumbe: "Hoy pienso que nunca debí haber firmado el documento ( ), se salía de toda norma", dijo.
Las operaciones de rescate prosiguen. Los mineros atrapados ya han ingerido su primer alimento sólido: una barra de cereal. Se les ha adjudicado tareas para que estén ocupados y ayuden en su rescate. Han formado tres grupos. Uno se encargará de la recepción de los envíos a través de la sonda: alimentos, baterías, muestras de orina, cartas... Un segundo grupo de mineros está a cargo de la higiene de los trabajadores y del lugar. Y el tercero hará labores de prevención y seguridad.
El jefe de los mineros atrapados, Luis Urzúa, volvió a hablar por teléfono con el presidente chileno, Sebastián Piñera. Le contó el momento del derrumbe: "Sentimos que la montaña comenzaba a bajar hacia nosotros. Hubo un estruendo, llegó la tierra, no veíamos nada. Estuvimos cada uno por su lado durante cuatro o cinco horas. Cuando la tierra se disipó, vimos que una enorme roca tapaba la entrada del túnel". Esa roca mide 100 por 20 metros y está inestable. De hecho, el principal riesgo que corren los mineros es que la roca ceda.
