Durante la crisis iniciada en 2008 se produjeron ataques a los derechos laborales, a las pensiones y enormes recortes
en los servicios públicos que nunca se revirtieron, a pesar de que a partir de 2017 se hablaba de “recuperación” y aumentaban los beneficios empresariales de las grandes firmas. Por supuesto, tampoco de derogaron las leyes antiterroristas, a pesar del fin de ETA, ni la “Ley Mordaza”. Ahora se prepara un escenario semejante al de 2011. Mientras “nuestra” Deuda crecía y se disparaban las alarmas, el gobernador del Banco Central Europeo y el del Banco de España, el socialdemócrata Fernández Ordóñez escribieron una carta secreta (1) al Presidente del Gobierno conminándole a reducir pensiones y derechos laborales y recortar y privatizar -aún más- servicios públicos, como la sanidad y la educación. El gobierno del PSOE, presidido por el muy “progresista” Zapatero, hincó la rodilla y no sólo hizo lo que le pedían, sino que en pleno agosto y en una semana, reformó con el apoyo del PP la sacrosanta Constitución, para anteponer el pago de la Deuda a cualquier necesidad social. Y hay que recordar que esa Deuda pasó de suponer el 37 % del PIB al 100 % desde el 2007 al 2014, mediante una transferencia masiva de dinero público a los bancos y de reducir impuestos a las grandes empresas. Escenario de terror generalizado con el pretexto de la pandemia y, con el fin de minimizar nuestras posibilidades de respuesta.
El año pasado, en el momento más álgido de la crisis Covid y en pleno confinamiento, el Gobierno puso a disposición de los bancos 100.000 millones de euros (2) mediante los cuales el Estado, el Instituto de Crédito Oficial (ICO), se convertía en avalista de la deuda de todas las empresas y autónomos que entrasen en quiebra y no pudieran pagar los créditos solicitados a la banca.
Además, a finales de julio se ampliaban los avales a otros 40.000 millones. Recientemente se informaba que, efectivamente, gran parte de esos créditos no se han pagado, y que se contabilizarán como déficit público (3).
A medida que se profundiza el abismo de la crisis, el capitalismo muestra sin tapujos que la libertad de mercados y su defensa de la libre competencia son mera propaganda. El pastel por el que luchan descarnadamente las facciones oligárquicas dominantes es el dinero público que el Estado, su Estado, el Estado al servicio del capital, pone a su disposición. Y esa enésima apropiación de nuestra riqueza, la que produce la clase obrera, no es sólo la plusvalía, no son sólo los beneficios que les generamos comprando sus mercancías, es además el robo de los fondos públicos que generamos con nuestros impuestos -que pagamos prácticamente sólo la gente trabajadora- y nuestras cotizaciones sociales.
¿QUÉ SON ESOS FONDOS?
La UE ha puesto a disposición de los Estados miembros un presupuesto de 750.000 millones de euros para estimular la recuperación económica. De esa cantidad España podrá disponer de 140.000 millones, si cumple los requisitos exigidos. 72.000 millones llegarán como subvenciones y el resto como préstamos que irán a engrosar la Deuda. Esos Fondos irán llegando poco a poco a medida que se demuestre el cumplimiento de los requisitos exigidos (ahora 9.000 millones y si las condiciones se van cumpliendo, otros 10.000 a final del año).
El Estado español, desde la salida del Reino unido de la UE, ha pasado a ser contribuyente neto; es decir, desde 2019 a 2022, España habrá aportado al presupuesto de la UE alrededor de 50.000 millones de euros (4) (alrededor de 12.000 millones de euros al año) que hay que deducir de la cantidad a recibir. Los Fondos los distribuye el Gobierno pero, en ningún caso, irán directamente a empresas públicas de gestión directa o a servicios públicos. Todo el dinero irá a parar a empresas privadas y se repartirá según unos procedimientos y criterios
que han sido aprobados el 28 de diciembre de 2020 en un Real Decreto “de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Modernización y Resilencia” (5). Por si quedaba alguna duda de donde van a ir a parar esos Fondos, recordamos que se hizo público (otras veces son más discretos) que para la elaboración de ese Real Decreto el Gobierno convocó a la CEOE (Garrigues, Uría, Cuatrecasas y PwC) y a grandes empresas consultoras como Deloitte. Es decir, el gran capital diseña y el Gobierno pone la fi rma. Por cierto, en la votación de la convalidación parlamentaria del citado Decreto, el “gobierno más progresista de la historia” y sus socios de investidura, necesitaron la abstención de VOX, mostrando así con claridad la coherencia con los intereses de clase, de “su clase”, que estaba en juego. Los Fondos tampoco pueden ir a objetivos decididos por el Parlamento, ni siquiera por el gobierno, ni mucho menos -como decíamos- a paliar necesidades sociales acuciantes o a la creación de estructuras productivas públicas o cooperativas. La UE ha decidido que eso Fondos, dinero público o Deuda que pagaremos todos, irán exclusivamente a la “colaboración público-privada” (las administraciones reparten y se lo embolsan las empresas privadas) y a proyectos de reconversión verde y digitalización. Las grandes firmas del IBEX, convenientemente disfrazas de “ecologistas” y “feministas”, se preparan para recibir la lluvia de millones para proyectos como coches eléctricos, parques eólicos y fotovoltáicos, taxis voladores, factorías gigantes de baterías, renovación de infraestructuras... Por supuesto, todo ello sin que haya nada parecido a la planificación económica, al establecimiento de prioridades o a la identificación de necesidades sociales. Llega dinero fresco que pagaremos todos.
¿EN QUÉ SE GASTA?
Da lo mismo, recordemos los aeropuertos fantasma o las redes de autopistas vacías, negocios ruinosos cuyas pérdidas y deudas, esas si, son socializadas, mientras decenas de miles de familias se ven en la calle por no poder pagar su deuda hipotecaria a esos mismos bancos a los que engordamos con dinero público.
¿QUIEN RECIBIRÁ ESOS FONDOS?
La ausencia de una banca pública impedirá que
el dinero llegue a la pequeña y mediana empresa o a los autónomos, que general la mayor parte del empleo. Por el contrario, será la banca privada la que decida en defi nitiva qué proyectos se fi nancian. Las grandes compañías auditoras: Deloitte, Ernst & Young (E&Y), KPMG , Price Waterhouse Coopers (PWC), enviarán los proyectos a los bancos quienes darán el visto bueno a lo que el Gobierno envíe a la UE. Es evidente que sólo las grandes empresas pueden presentar proyectos importantes. Merece la pena destacar que todo este proceso no ha pasado en absoluto, ni por el Parlamento español, ni por ningún Parlamento de otros países de la UE.
Todo es absolutamente secreto con objeto de evitar que, como pasó con la Constitución Europea, el voto en contra de un sólo país paralice el proyecto. La razón es que sus consecuencias directas implican un gigantesco proceso de privatización de los servicios públicos, la enseñanza y la atención sanitaria on line, y una nueva gran concentración de capital en el sector automovilística (coche eléctrico) y energético (reconversión “verde”). Dos ejemplos de las consecuencias de los Fondos destinados a la “colaboración público-privada”:
1.- LA SANIDAD
En la pandemia, en plenos aplausos y alabanzas, ya vimos de qué iba la cosa. Todo el gasto extr
ocasionado por lapandemia ha ido sistemáticamente a bolsillos privados. Rastreadores, vacunas, PCRs, pruebas de anticuerpos, citas y ejecución de las vacunaciones, fármacos de dudosa eficacia, “hospitales” innecesarios, etc., han sido grandes oportunidades de negocio para que el dinero público fuera a parar a Indra, Ribera Salud, Quirón, farmacéuticas o constructoras. Nada a contratar más personal o reforzar la sanidad pública que continúa su agonía. Su desmantelamiento es condición necesaria para el negocio de las aseguradoras privadas. Éstas, en 2020 han ganado más dinero que nunca: 9.000 millones millones de facturación y once millones de clientes. De los Fondos de la UE se destinará a sanidad el 1,5 %, poco más de 1.000 millones de euros e irán a la “colaboración público-privada”, es decir a la empresa privada. Ya el Ministro de Sanidad, en plena pandemia, tuvo la desvergüenza de presidir un acto financiado por la industria farmacéutica sobre “La sanidad del futuro” (6) donde no había otro horizonte que esa “colaboración” que consiste en la vampirización de fondos públicos por el gran capital.
Todo indica que la digitalización irá destinada a completar la historia clínica electrónica, lo que en sí mismo no es negativo, pero es un instrumento decisivo para el acceso de las aseguradoras privadas a estos documentos, la consulta telefónica en atención primaria y especializada y, en defi nitiva, la extensión del mercado sanitario.
2.- LA DIGITALIZACIÓN
La digitalización, como cualquier otra técnica, depende de en qué manos está y para qué se utilice. La digitalización aumenta enormemente la productividad del trabajo; es decir se produce lo mismo, con menos esfuerzo de trabajo humano y en menos tiempo. La digitalización, en buena lógica, en un país con unos niveles de paro tan terribles, debería servir para reducir la jornada laboral y repartir el trabajo, obviamente sin disminución salarial, dado que se producen unos incrementos enormes de la plusvalía -salario no pagado- de los que se apropia el empresario.
Así los presidentes de Telefónica, Banco de Santander e Inditex valoran 7 que la pandemia ha permitido “un fabuloso salto adelante, una aceleración exponencial”, que ha sido como “una máquina del tiempo” o que España se va a salir del mapa” con crecimientos del 8 - 9 %”. Y todo ello, debido a la llegada de los Fondos de la UE y a la digitalización. La creación de infraestructuras digitales se ha hecho mediante la llegada de miles de millones de crédi- tos de dinero público8, a través del ICO, mientras se deja sin empleo a decenas de miles de trabajadoras y trabajadores. A mediados de junio, independientemente de las dudas de que dichos créditos se devuelvan, se informaba de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya había abierto expediente sancionador por “abuso de los créditos ICO” contra Banco de Santander, Caixabank, Banco de Sabadell y la extinta Bankia, entendiendo que se había producido “falseamiento de la libre competencia y atentado contra el interés público” (9). Inditex, también se apunta a las ventas por internet, al tiempo que anuncia el cierre de 300 tiendas en toda España.
En resumen, la gran patronal, con las contrarreformas laborales sin derogar, se prepara para reducir las plantillas de trabajadores con relativos derechos, y para contratar nueva fuerza de trabajo en condiciones de precariedad. Todo ello a la espera de la nueva contrarreforma exigida por la UE, que ya en Grecia ha supuesto el aumento de la jornada laboral a 10 horas.Finalmente, es preciso no olvidar que la principal utilidad de la digitalización es la “Defensa”, es decir, mejorar las armas destinadas a la represión de los trabajadores y a la masacre de los pueblos. ¿Quién pagará los que van a recibir “nuestros” bancos y multinacionales de los Fondos de la UE?
1.- LO PAGAREMOS COMO DEUDA
Hay que recordar que el Gobierno acordó a finales de 2019, con más de la mitad de la población sin recursos para llegar a fi n de mes y un sistema de protección social “roto” según el Informe del Relator de la ONU (10) no solicitar el pago del rescate bancario efectuado en la crisis anterior y calculado en 80.000 millones de euros.
Tampoco el Sareb devolverá al erario público el 100 % de los créditos, 11 35.000 millones de euros, empleados en pagar a los bancos un desmesurado sobreprecio por quedarse con deudas hipotecarias irrecuperables.
Todo ello mientras el Estado, el poder judicial, continúa ejecutando las órdenes de los bancos dejando a centenares de miles de familias obreras en la calle, que suman a la tragedia del despido el desastre de quedarse sin casa. Los desahucios han aumentado un 13,4 % en el primer trimestre de 2021, según el CGPJ.
Los 68.000 millones que recibirá España de los Fondos de la UE en forma de créditos engrosarán la Deuda pública que en el primer trimestre de 2021 ya suponía algo más del 125 % del PIB. En 2022 fi nalizará la moratoria por la emergencia Covid que ha dejado en suspenso el Tratado de Estabilidad de la Zona Euro de 2012 y las exigencias de pago de la Deuda.
¿Y cómo se pagará esa Deuda? ¿Se expropiará la banca y las grandes empresas receptoras de los Fondos y responsables del pago de los créditos recibidos? Sabemos que lo que prevén es más de lo mismo. A partir de 2012 llegarán, sin haber recuperado lo perdido, los recortes en plantillas, salarios y recursos en los servicios públicos. Así, además, matan dos pájaros de un tiro: se engorda el negocio de los bancos, que son nuestros acreedores, y se hunden los servicios públicos, a beneficio de los privados.
En el caso de que el Estado español no fuera capaz de pagar estos créditos, se ha puesto a disposición de la UE el fondo público de pensiones.
3.- LAS CONDICIONES DE LA UE
Los Fondos sólo llegarán a condición de que se cumplan las condiciones impuestas por la UE y que no cabe duda que el Gobierno pretende imponer:
• Disminuir de las pensiones públicas y ampliar el terreno de negocio de los fondos de pensiones.
De forma inmediata, con el acuerdo de los “agentes Sociales” CEOE, CCOO y UGT, se cambiará el “factor de sostenibilidad” de la reforma del PP de 2013 por un “factor de solidaridad intergeneracional” que empobrece a los pensionistas de más edad, se retrasará la edad de jubilación, penalizando la jubilación anticipada con pérdida de derechos sociales. El gran objetivo es imponer la llamada mochila austriaca. Se trata de que la clase trabajadora destine una parte más de su salario a pagarse la indemnización por despido y a un plan de pensiones privado, que será imprescindible para sobrevivir tras los recortes que impondrán.
"Los Fondos sólo llegarán a condición de que se cumplan las condiciones impuestas por la UE, como disminuir las pensiones públicas o acabar con los pocos derechos laborales que nos quedan"
El negocio es redondo: vacían las arcas de la Seguridad Social construidas con nuestro dinero, y como no hay dinero -dicen- nos imponen la financiación adicional a seguros privados.
• El segundo gran ataque va dirigido a acabar con los pocos derechos laborales que nos quedan. Aún sin concretar, aunque podemos imaginar lo que pretenden.
• Recortar el gasto público, aún por definir, y acelerar las privatizaciones que ya hemos explicado que vendrán disfrazadas de “colaboración públicoprivada”.
• Reforma fiscal. Disfrazada de “verde”, “ecologista y “preocupado por el cambio climático” el ejecutivo ha anunciado reformas de los impuestos. No harán pagar a empresas altamente contaminantes, como las incineradoras, que tienen impactos terribles sobre la salud de sus trabajadores y trabajadoras y sobre las poblaciones circundantes. Nada de eso. Introducirán nuevos impuestos indirectos, es decir, los que pagamos la clase trabajadora, como los peajes en las autopistas o sobre el diesel de los automóviles.
En el camino de la construcción de un fuerte movimiento obrero y popular que impida el desastre que se nos viene encima, el primer paso es desenmascarar ante nuestro pueblo las mentiras que repiten al unísono desde las instituciones y los grandes medios de comunicación.
Este documento pretende ser una herramienta para ello. Es abierto y debe ampliarse a medida que lleguen nuevas informaciones. Y debe ser complementado con los análisis realizados por organizaciones y personas que entiendan lo fundamental: que su gran objetivo es fortalecer al gran capital al tiempo que destruyen a la clase obrera, a trabajadores autónomos y a la pequeña y mediana empresa.
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ORGANIZACIONES FIRMANTES DEL DOCUMENTO:
-Alternativa Sindical de los Trabajadores. AST.
-Asociación Acción Social Obrera. Fuerteventura.
-Ateneo Cipriano Mera.
-Campamento Dignidad. Extremadura.
-Colectivo 26 de julio.
-Consejo Sindical Obrero. CSO.
-Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad.
-CAS.
-Extremadura Digna.
-Frente Antiimperialista Internacionalista. FAI.
-Iniciativa Comunista. IC.
-Intersindical de Aragón - CoBas.
-Izquierda Anticapitalista Revolucionaria. IZAR.
-Marchas de la Dignidad - Madrid.
-Organización en Defensa de lo Público. Extremadura.
-Partido Comunista de los Pueblos de España. PCPE.
-Plataforma En Pie. Miranda de Ebro.
-Red de Apoyo Mutuo. León.
-Red Roja.
-Sindicato 25 de marzo. Extremadura.
-TrinChera Tarragona.
Notas y referencias bibliográficas:
(1)https://hayderecho.com/2013/12/01/la-cartadel-bce-al-ex-presidente-zapatero-o-en-dos-tardesaprenderas-lo-que-es-la-transparencia/#comments
(2) https://cincodias.elpais.com/ cincodias/2020/05/14/economia/1589479988_427210. html
(3)https://www.elconfidencial.com/economia/2021-05-01/hacienda-estima-perdidas-10000-millones-morosidad-ico_3059712 https://www.lavanguardia.com/
(4) politica/20191105/471407479797/espana-aportara- 11950-millones-al-ano-al-nuevo-presupuesto-ue-segunla- ce.html
(5) https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/12/30/36
(6) https://www.elsaltodiario.com/sanidad/lafarmaceutica-organiza-un-acto-con-el-ministro-desanidad- salvador-illa-para-trazar-las-lineas-de-lasanidad
(7) https://elpais.com/economia/2021-06-16/anabotin- espana-se-va-a-salir-del-mapa-con-crecimientosdel- pib-de-hasta-el-8-o-9-los-proximos-anos.html
(8) Se refiere a al fondo de 140.000 millones de euros puesto a disposición de los bancos con el aval del Institutode Crédito O.. cial (ICO) en abril de 20
(9) https://www.abc.es/economia/abci-competenciaabre- expediente-sancionador-santander-caixabank-ysabadell- abusos-creditos-202106160929_noticia.html
(10) https://elpais.com/sociedad/2020/02/07/ actualidad/1581076697_951659.html
(11) https://www.infolibre.es/noticias/ economia/2021/05/07/dimite_presidente_sareb_ mes_despues_que_banco_malo_obligase_estado_ asumir_000_millones_deuda_120223_1011.html