Washington busca observadores que puedan influir en las elecciones de Venezuela
Mark Weisbrot
Codirector del Centro de Investigación
en Economía y Política (CEPR) en Washington, D.C.
En Washington lo ven simplemente como la forma en que funciona el mundo. Del mismo modo en que los peces grandes se comen a los pequeños, y los leones cazan al antílope, no existe vergüenza moral en que el gobierno de Estados Unidos busque socavar, desestabilizar, o deshacerse de aquellos gobiernos electos democráticamente que no le gustan.
Así las cosas, no es de extrañar que el esfuerzo múltiple para deslegitimar las elecciones a la Asamblea Nacional en Venezuela, previstas para el 6 de diciembre, sea comunicado y ampliamente aceptado acá, sin reservas, como un simple intento de garantizar una "observación creíble" para las elecciones.
Los "observadores creíbles", retratados como el sine qua non de un "resultado creíble", son nada menos que la OEA (la Organización de Estados Americanos).
Para percatarse de lo absurdo de tal suposición, sólo hace falta mirar hacia atrás unos pocos años, cuando la OEA nombró a una "Misión de Verificación de Expertos" para examinar las elecciones presidenciales en Haití. Dicha Misión hizo algo escandaloso, algo que nunca se había hecho - antes o después - en la historia del monitoreo electoral: Revirtió el resultado de la primera ronda de votación, sin realizar un reconteo de votos, ni siquiera una prueba estadística.
En febrero de 2011 me encontraba en un panel con Fritz Scheuren, el estadístico principal de la Misión de la OEA, quien fue cuidadosamente seleccionado para que seis de los siete miembros fueran de los EE. UU., Canadá y Francia (sí, Francia fue incluida aunque los geógrafos afirman que no forma parte del hemisferio occidental).
Como ex presidente de la Asociación Americana de Estadística, reconoció que la misión de la OEA no utilizó inferencia estadística alguna para sacar conclusiones del 8 por ciento de las actas de escrutinio que fueron examinadas. Las pruebas estadísticas realizadas por el CEPR, que incluyeron un amplio conjunto de simulaciones de votos faltantes, confirmaron que no había ninguna base estadística para la reversión por parte de la Misión de los resultados del voto.
Con el país aún devastado por el terremoto de 2010, la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Susan Rice, amenazó a Haití con cortar la ayuda que necesitaba desesperadamente si no aceptaban la reversión de los resultados electorales por parte de la Misión de la OEA. Michel Martelly, el candidato preferido por Washington, se ubicó entonces por encima en la segunda vuelta y se convirtió en presidente, hasta el día de hoy.
En el 2013, la oposición venezolana salió a las calles denunciando el "fraude" en las elecciones presidenciales. Las protestas fueron violentas, y a diferencia del 2014, cuando se produjo violencia de ambas partes, en este caso provino de los manifestantes. No había base alguna para sus reclamos de fraude: una prueba estadística de la auditoría electoral mostró que la probabilidad de obtener el resultado oficial, si las elecciones en realidad hubieran sido robadas mediante el fraude era de menos de una de cada 25.000 billones...Sin embargo, hubo tres voces internacionales en el 2013 que se sumaron a la oposición y se negaron a reconocer los resultados, exigiendo un "recuento completo": el gobierno de Estados Unidos, el gobierno derechista de España, y - de forma reveladora - el jefe de la OEA en ese momento, José Miguel Insulza.
Washington todavía aporta aproximadamente el 40 por ciento del presupuesto de la organización, y ha utilizado esta influencia para presionar a funcionarios de la OEA.
Por todas estas razones, y muchas más, cualquier gobierno que haya sido objeto importante de un cambio de régimen durante más de una década por parte de EE. UU., tendría razón en desconfiar de los observadores de la OEA. Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, EE. UU. mismo y Canadá están entre los países que no han estado interesados en que la OEA observe sus elecciones.
Sin embargo, casi todas las fuentes de los grandes medios pretenden que la OEA es apenas una garantía institucional neutra y necesaria contra el fraude. El Grupo de Crisis Internacional, Human Rights Watch, y la Institución Brookings todos se han sumado en cambote. ¿Y por qué no? La pretensión de observador desinteresado de la OEA, sin tener que rendirle cuenta a los poderes y dictámenes del imperio, es la misma en la que dichos organismos fundamentan su propia identidad. Pero muchos de estos actores cuentan con una trayectoria particularmente turbia en Venezuela durante la última década.
El último giro ha sido la retirada por parte de Brasil de los observadores electorales de la UNASUR, un organismo que los medios de comunicación normalmente tienden a ignorar. Pero una vez más, es necesario conocer a los actores. Brasil había nombrado a Nelson Jobim, un ex ministro de Defensa, quien es conocido (según los cables diplomáticos filtrados, entre otras fuentes) de ser muy cercano a Washington y hostil hacia Venezuela.
Normalmente, uno no se esperaría que la Presidenta de Brasil, Dilma Rouseff, hiciera una concesión de este tipo a su oposición interna, de donde emana Jobim. Pero ella se encuentra bajo un ataque político serio, y su oposición (como casi todos los partidos políticos de derecha en América Latina) está alineado con Washington.
Durante la última década en Venezuela se han visto una serie de esfuerzos fallidos por negar los resultados electorales (un breve repaso de algunas de las estafas más audaces, con enlaces, se puede encontrar aquí): incluyen estudios estadísticos falsos realizados por los académicos estadounidenses (2004), encuestas fabricadas por encuestadores estadounidenses prominentes (2004 y 2006), un boicot por parte de la oposición a las elecciones parlamentarias en 2005 y los esfuerzos del 2013 descritos anteriormente. Sin mencionar los intentos de golpes militares.
La oposición nunca ha ganado una elección nacional en Venezuela desde que Hugo Chávez fue electo por primera vez en 1998. Esta vez, ellos piensan que pueden ganar, y tienen encuestas para apoyar dicha afirmación. Sin embargo, mucho depende de la participación, que ha sido su debilidad en las elecciones no presidenciales; y existe una diferencia política grande entre conseguir, por ejemplo, una mayoría simple o de dos tercios en la Asamblea. De ahí, el ataque preventivo para desacreditar las elecciones: Si logran un resultado peor de lo que esperaban, la oposición cantará fraude. Y los de línea dura, al menos, continuarán su camino extra-constitucional hacia un cambio de régimen. Este ha sido - con el apoyo de Estados Unidos - el plan B (a veces el plan A) durante buena parte de los últimos 16 años, a pesar de que no ha habido ni una pizca de prueba creíble de fraude electoral durante todo ese período.
