La crisis capitalista rompe los espejos.
A finales de 2007 y comienzos de 2008 tiene lugar el estallido de la burbuja bursátil que precipita los países centrales del imperialismo, la tríada EE.UU., Unión Europea y Japón, a una intensificación de la recesión iniciada a finales de la década de los 70, de la que no se vislumbra la salida.
A la ausencia de perspectiva de solución alguna a la crisis que es estructural y que tiene diferentes dimensiones además de la estrictamente económico-financiera, se añade un hecho que ocurre por primera vez en la historia del capitalismo.
El carácter cíclico de las crisis en el capitalismo que se refleja en las “Ondas largas de Kondratieff” - periodos de crecimiento que suceden a las grandes crisis- debería haber producido una nueva onda ascendente a comienzos de los 90 de la mano de los grandes avances científico-técnicos, que sí tuvieron lugar, en el ámbito de la informática, la biotecnología y el descubrimiento de nuevos materiales. El gráfico siguiente del economista argentino Jorge Beinstein ilustra el hecho.
El hecho de que “el quinto Kondratieff” no haya aparecido, aún cuando se han dado condiciones análogas a las que en otras etapas históricas engendraron ciclos de crecimiento, así como la coincidencia temporal con otras crisis además de la estrictamente económico-financiera, como la tecnológica, militar, energética y medioambiental, revelan la decadencia, sin final previsible, del sistema. Su supervivencia sólo es posible a costa de aniquilar las conquistas sociales de los últimos 150 años, de depredar sin posibilidades de retorno los recursos naturales y de expoliar las riquezas de los pueblos mediante la “guerra global e infinita” que decía Bush y que siguen ejecutando Obama y la UE.
En los diferentes países del mundo la crisis se manifiesta de manera diversa, pero hay un escenario compartido – el del sistema capitalista – que determina el guión del proceso general y convierte a aquellos estados (Brasil, China, India, etc) en los que se está dando crecimientos económicos relativamente importantes, en precarias excepciones de duración limitada. El alza de los precios de los alimentos y de los combustibles – precisamente cuando la energía nuclear ha vuelto a mostrar con crudeza la amenaza para la vida que entraña - se añade a la masiva destrucción de puestos de trabajo en un círculo vicioso infernal del que no hay escapatoria.
III.1.- Estados intervenidos
Los acontecimientos se suceden vertiginosamente en la Unión Europea. A la decisión tomada en mayo pasado por el FMI, la UE y el Banco Central Europeo de “rescatar” a Grecia con 110.000 millones de euros, se sucedió a los pocos días la creación de un fondo permanente de rescate de 750.000 millones de euros (250.000 del FMI Y 500.000 de los estados de la UE), ante la amenaza de contagio de Portugal y España, con el fin de asegurar “la salud y la estabilidad del euro”.
En estas últimas semanas se ha reeditado el mismo guión que se representó en Grecia. En primer lugar se dispararon los rumores sobre la falta de solvencia de Irlanda y Portugal, aumentó vertiginosamente el interés pagado a los compradores de deuda, se puso en duda la viabilidad financiera – pública y privada – de ambos paises y ante el riesgo de bancarrota, absolutamente fabricada, los gobiernos correspondientes solicitaron un préstamo de miles de millones de euros. El gobierno socialdemócrata portugués, alumno más dócil, preparó el terreno amenazando con el diluvio: “Si no se aprueban los Presupuestos, Portugal podría salir del euro”. El gobierno irlandés intentó resistir, aferrándose a la bomba política que supondría para un país, que apenas empieza a recuperar su autogobierno, la pérdida de su soberanía. La receta irlandesa fue brutal para un país de 4 millones doscientos mil habitantes: 100.000 millones de euros al 5% de interés y el plan de ajuste correspondiente. Ni en Grecia, ni en Irlanda, - como era perfectamente previsible – las cosas han mejorado, pero lejos de intentar otros caminos como reclama masivamente la ciudadanía griega y sobre todo el PAME (siglas griegas de Frente Militante de Todos los Trabajadores), a ambos países se les exigen nuevas medidas de ajuste.
Marx reaparece de nuevo: no hay independencia política, sin independencia económica. Peter Oborne, jefe de los comentaristas políticos del Daily Telegraph lo planteba con crudeza13 "Es evidente que Irlanda ha perdido su estatuto de nación soberana. Gracias a su desastroso enmarañamiento en el euro, ha perdido toda independencia en política interior, exterior y, sobre todo, económica. La nación irlandesa es la criatura de Bruselas y del Banco Central Europeo. El primer ministro irlandés se ha convertido en un procónsul destinado por Bruselas en Dublín. Brian Lenihan, el ministro de finanzas, es como el gestor ultramarino de una filial de Bruselas. Para quienes amamos Irlanda, esto es miserable y deprimente, pero hay que recordar que análogo destino aguarda a muchos otros países europeos. Grecia ya está haciendo lo que le dictan el FMI y el BCE; pronto ocurrirá lo mismo en Portugal y, a su debido tiempo, en España." La premonición ya se ha cumplido en un tiempo récord en lo que se refiere a Portugal.
La pérdida de soberanía no consiste sólo en la aplicación de salvajes planes de ajuste. El país intervenido debe invertir el dinero recibido en aquello que sus acreedores le indiquen. El método aplicado por el FMI desde hace décadas en América Latina, Asia, y recientemente en la ex – URSS, llega ahora con idénticos métodos y con toda su crudeza a los países de la periferia de la Unión Europea14
A veces, pocas, llegan noticias del destino final de esos préstamos. Grecia es el país del UE con más gasto militar: el 4,3% del PIB. El gobierno “socialdemócrata” ha mantenido los gastos militares mientras el país se hundía, el plan de ajuste se imponía al pueblo griego y en 2010 el PIB disminuía en un 4,5%. Un eurodiputado de Los Verdes, explicaba en el Parlamento Europeo en qué se estaba gastando el presupuesto de “Defensa”: “
En los últimos meses, Francia le ha
vendido seis fragatas a Grecia por 2.500
millones de euros. Helicópteros por 400
millones. Aviones Rafale de combate por
100 millones cada uno. Mis “espías” no
han sabido decirme si fueron 10, 20 ó
30… Y Alemania le ha vendido a Grecia
otros 6 submarinos por otros 1.000
millones. ¡Les prestamos dinero para
que nos compren armas !”
La estrategia de la fracción dominante del capital europeo es ejecutada con disciplina militar por los gobiernos de turno. Volviendo a los orígenes – ya sin espejos que lo oculten, como el del “Estado del Bienestar” - se da la simbiosis más absoluta entre el capital y el Estado, dejando una vez más con las vergüenzas al aire al discurso postmoderno del final del Estado.
El capitalismo enfrenta la crisis, una crisis sin precedentes, sin que sean previsibles por ahora guerras entre Estados que cumplan la función histórica de eliminar seres humanos excedentes y capital no competitivo. Los estados periféricos de la UE seremos estados intervenidos y pagaremos el abismo que separa la productividad y competitividad de nuestro capitalismo con el de Francia, Alemania o Inglaterra, con una guerra social de alcance aún difícil de imaginar. Si no lo remediamos, ese es el destino que nos reservan. La tarea debe ser cumplida sin vacilaciones y a ello se aprestan los gobiernos sin distinción de color político. ¿Es posible esperar, en este escenario, con un desempleo que rondará el 30%, que se mantenga por mucho tiempo el gasto público para servicios universales como la sanidad o la educación o el sistema público de pensiones? ¿Considerará el capital “rentable” mantener sana y educada a la mitad de la población (30% de esempleados más sus familiares dependientes) que no necesita para la producción?
En el Estado español, una vez más, – como en la “reconversión industrial” de mediados de los 80 o en la contrarreforma laboral de 1991 – es un gobierno con siglas de izquierda el encargado de ejecutar la parte más dura del programa de la burguesía.
Tras la transferencia, a mediados de 2010, de más de 100.000 millones de euros a la banca y a las grandes empresas, tras una desfiscalización de las rentas del capital sin precedentes, después de desvelarse la trama de corrupción política que hizo posible la gigantesca especulación inmobiliaria y bursátil, el gobierno PSOE arremete frontalmente contra los derechos sociales y laborales. Lo hace directamente: contrarreforma laboral, reforma de las pensiones, de la negociación colectiva, o indirectamente: aceptando sin rechistar el dictado de la UE e imponiendo la aplicación de drásticos recortes del gasto del Estado, de las CC.AA. y de los Ayuntamientos para reducir el déficit, la privatización de las Cajas de Ahorro, la vinculación de los salarios a la productividad y un etcétera que no tiene fin.
Ante políticas que conducen directamente al abismo a la inmensa mayoría, y no ofrecen esperanza alguna para los que ya están en él, como los 5 millones de parados, CC.OO y UGT – tras el breve y confuso lapso de la huelga general de 29 de septiembre – han decidido volver a tragarse entero el discurso de la competitividad y de garantizar los beneficios de la patronal “para crear empleo”. Tras un efímero escarceo han vuelto a la Paz Social.
III.2.- ¿Un nuevo Pacto de la Moncloa?
( Los Pactos de la Moncloa fueron los acuerdos firmados en el Palacio de la Moncloa durante la transición española el 27 de octubre de 1977 entre el Gobierno de España de la legislatura constituyente, presidido por Adolfo Suárez, los principales partidos políticos con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, con el apoyo de las asociaciones empresariales y el sindicato Comisiones Obreras (excepto algunas secciones sindicales del mismo) y el rechazo de la Unión General de Trabajadores y de la CNT, con el objetivo de procurar la estabilización del proceso de transición al sistema democrático, así como adoptar una política económica que contuviera la galopante inflación que alcanzaba el 47%. )
Para intentar tapar el olor a podrido del Pacto de Reforma de las Pensiones del 27 de enero de 2011, que formará parte destacada del elenco de traiciones en la historia del movimiento obrero en el Estado español, CC.OO y UGT han intentado camuflarlo como un “nuevo Pacto de la Moncloa”. El objetivo es intentar difuminar la responsabilidad directa de ambos sindicatos, disimulándola entre políticos, gobernantes, expertos y hasta algún intelectual orgánico, si fuera menester. Aquél espejo-trágala que funcionó tan bien en la Transición se intenta conjurar de nuevo para que vuelva a prestar sus servicios.
El objetivo esencial, – en eso sí hay analogías con la Transición - más importante que la enorme tajada de la reforma de las pensiones que han servido en bandeja a la patronal, es aniquilar al movimiento obrero. El asunto es que, aunque Toxo y Méndez están haciendo todo lo posible por favorecerlo, afortunadamente no está en sus manos garantizarlo. Precisamente porque no es una reedición de los Pactos de la Moncloa como los sindicatos y los poderes establecidos hubieran querido. Como Marx recuerda en el 18 Brumario de Luis Bonaparte: “Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y otra vez, como farsa.”
No es la envergadura del ataque a conquistas sociales la que determina las decisivas disparidades entre 1977 y 2011, si no la radical diferencia entre la categoría de los actores y el escenario en que se desarrolla el drama.
La agitación del espantajo de la dictadura y el señuelo de una “democracia” preñada de derechos sociales y políticos, en función de los que valía la pena apretarse el cinturón en lo inmediato, fueron creíbles porque los enarbolaban precisamente los máximos dirigentes de la izquierda y del movimiento obrero, algunos de ellos, recién salidos de la cárcel. Precisamente de su autoridad y credibilidad derivaba su poder real y su enorme responsabilidad por la destrucción de la izquierda que de la Transición derivó.
Entonces se percibía la fuerza real de la clase obrera organizada, capaz de imponer a Suarez en 1976 y desde la clandestinidad, la ley de Relaciones Laborales más avanzada que conoció el movimiento obrero antes y después de esa fecha. Lo hizo a través de grandes huelgas y sufriendo durísimas agresiones como la matanza de Vitoria, la de Atocha o el asesinato de más de cien trabajadores y estudiantes. La represión que se descarga sobre un pueblo organizado produce inmenso dolor y, a veces, el descabezamiento de organizaciones, pero es devuelta como un boomerang contra el poder porque nutre y fortalece la conciencia colectiva. En aquella época aún no era perceptible que se trataba del principio del fin, que se iniciaba una gran operación del capital dirigida a la desvertebración y derribo del movimiento obrero, y que sólo podía culminarse con éxito si la parte fundamental del guión era interpretada por sus propios dirigentes.
La situación ahora es cualitativamente diferente. Ya no hay espantajos de vuelta a la dictadura que agitar, ni mirlos blancos de democracia “ a la europea” que sustenten esperanzas de tiempos mejores. Hasta los más ignorantes saben que mientras la tragedia del paro, la precariedad y las pensiones de miseria se traga a millones de personas, la patronal de las grandes empresas y los directivos de la banca se siguen forrando gracias al gobierno del PSOE, a quien relevará el PP en el momento oportuno.
Pero lo más importante es que los jefes sindicales que firman ahora el Pacto Social, no sólo no son héroes del movimiento obrero, sino que son percibidos mayoritariamente como esbirros del gobierno y del capital, en la cota de prestigio más baja que se recuerda. Y la izquierda institucional, PCE e IU, que hubiera podido convertirse en referente popular simplemente manteniendo sus propuestas de huelga y movilización, ha preferido una vez más, y sus dirigentes sabrán a cambio de qué, no enfrentarse al PSOE y a “los sindicatos”. Las declaraciones de sus principales representantes el mismo 27 de enero de este año, hablan por sí solas: “no hay motivos para la huelga general mientras los sindicatos negocian” (Llamazares en Onda Vasca el día de la huelga general convocada en Galicia y Euskadi) y que "los sindicatos están para sacar lo que pueden en las negociaciones, por lo que IU no se enfrentará a ellos y mantendrá una fraternidad de clases (sic)” (Cayo Lara el mismo día, en los desayunos de RTVE).
Lo que fue la estructura dirigente de la izquierda política y sindical en la Transición se hunde, pero como ni en la física ni en la dinámica social existe el vacío, lo nuevo – que ya hace tiempo viene apuntando – va tomando forma y fortaleciéndose. El 27 de enero ha sido un buen ejemplo. En Hego Euskal Herria y también en Galiza, la mayoría sindical convocó con éxito huelgas generales y manifestaciones masivas teniendo en contra a CC.OO. y UGT; en Catalunya varias organizaciones sindicales intentaron la huelga y hubo importantes movilizaciones; en Murcia llevan meses en pie de guerra con manifestaciones cada vez mayores, y en el resto del Estado las manifestaciones contra las reformas y en solidaridad con las huelgas generales en las nacionalidades han sido más concurridas y más combativas que en ocasiones anteriores.
En nada se parecen pues, ni los actores, ni el escenario, al de 1977, sobre todo porque – a diferencia de entonces – hoy no hay esperanza alguna en que el futuro sea mejor.
A pesar del poder de los medios de comunicación, los espejos se rompen y los “brotes verdes” no consiguen el soporte material mínimo que pueda reflejarlos.
“Para cristal te quiero. Espejo nunca”.
El Subcomandante Marcos inicia con estas palabras de Pedro Salinas su “Historia de los espejos”. La ruptura de los espejos del poder no es suficiente para acabar con la estructura de la dominación. Es imprescindible que se construya la alternativa.
Dicho de otra manera, la crisis se
produce cuando lo viejo no acaba de
morir y lo nuevo no acaba de nacer.
La esperanza, para que no sea una ilusión, hay que forjarla.
La preocupación fundamental de las clases dominantes en el Estado español es que la probabilidad de que los nuevos ataques, que son impresindibles para seguir manteniendo la estructura de explotación y dominación, sean aceptados mayoritariamente de forma pasiva, es mucho menor que hace 34 años. La caldera de la indignación popular va aumentando su presión, no hay válvula de seguridad, y el colchón de legitimación se deshace a ojos vista. Es el final de una etapa y será el entierro del modelo sindical y político de la Transición.
El PAME en Grecia, constituido en 1991 como respuesta sindical alternativa al “sí crítico” de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) al Tratado de Maastricht, y que sigue acumulando fuerza tras numerosas huelgas generales, muestra el camino: “la CES es nuestro enemigo de clase y el “diálogo social” es el instrumento de los gobiernos para introducir medidas contra los trabajadores neutralizando su capacidad de respuesta”15
Lo nuevo, si bien debe reanudar necesariamente el hilo rojo de la lucha obrera y popular que la Transición pretendió deshacer, no será la mera continuación de lo anterior. No sólo porque las organizaciones serán diferentes. El nuevo movimiento obrero, dirigido por la clase obrera de hoy: jóvenes precarios, mujeres, inmigrantes y lo mejor de los veteranos luchadores y luchadoras que no consiguieron doblegar, tiene ante si – con mucha más claridad que en otras épocas – dos líneas de fuerza fundamentales sobre las que constituirse: la emancipación de clase y el internacionalismo, es decir, derecho de los pueblos a liberarse del yugo del imperialismo, incluido el español. En ese marco, la búsqueda incansable de la unidad, o al menos de la coincidencia, en la lucha frente al enemigo común es la tarea que ya ha comenzado para el sindicalismo de clase en el Estado español y que necesita ser profundizada.
Los pueblos, lentamente, estamos empezando a despertar, pero es preciso saber que no se trata sólo de hacer una huelga general para negociar una u otra medida. Estamos ante un ataque en todos los frentes, sin fin previsible y el objetivo estratégico de la burguesía y de sus gobiernos es destruir el movimiento obrero, única garantía de imponer su agenda sin grandes resistencias. Ningún gobierno europeo se moverá un ápice y no habrá negociación alguna a no ser que el órdago vaya en serio. Cada lucha parcial, cada huelga general, debe situarse en el camino de la acumulación de fuerzas, con la mirada puesta en la construcción, frente al poder de la burguesía y sus gobiernos, de un poder alternativo de los trabajadores y trabajadoras y de los pueblos.
En el horizonte inmediato aparece una tarea urgente cuyo camino empezó a desbrozar Iniciativa Internacionalista y que cada vez es reclamado por más voces: la coincidencia de organizaciones políticas, sindicales y movimientos sociales de todo tipo, en torno a un programa común. Este programa debe inexcusablemenste articularse sobre dos ejes: la ruptura democrática con el régimen político surgido de la Transición y la respuesta a la crisis desde las necesidades obreras y populares. Este programa debe erigirse, así mismo, sobre las dos grandes alternativas que han articulado la lucha histórica de los pueblos del Estado español: la emancipación de la clase obrera y los derechos nacionales.
La posibilidad de esa coincidencia programática cada vez apunta con más fuerza. Valga como ejemplo el contenido del Manifiesto16 que reunió a más de 30 organizaciones en la manifestación del pasado 14 de Abril en Madrid. Este Manifiesto, significativamente, no fue suscrito ni por IU, ni por el PCE, por no compartir la critica de la Transicion, ni las propuestas programáticas que incluía y que reproduzco a contiuación.
---Derogación de la Constitución de 1978 y apertura de un proceso constituyente que parta de la ruptura con la legislación e instituciones del régimen de la Transición y cuyo desarrollo contemple una consulta popular para elegir libremente entre Monarquía y República. Salida de la OTAN y desmantelamiento de las Bases. Separación absoluta de la Iglesia y el Estado. Por un Estado laico.
1---Nacionalización de la banca y de todas las empresas estratégicas como energía, comunicaciones, transporte, industria farmacéutica básica, etc.
2---Todos los recursos naturales deben ser de propiedad pública.
3---Reforma agraria.
4---Reforma fiscal progresiva.
5---Educación, sanidad y servicios sociales exclusivamente públicos.
6---No a la financiación pública de la empresa privada.
7---Vivienda social pública y paralización de los desahucios.
8---Protección social completa para todas las personas desempleadas.
9---Igualdad de la mujer trabajadora.
10--Derecho de Autodeterminación para todos los pueblos y naciones oprimidas.
11--Libertad de expresión, de reunión, asociación, manifestación y acción política.
12--Derogación de la Ley de Extranjería y plenos derechos para todos los trabajadores extranjeros.
13--Contra la impunidad de los crímenes de la Dictadura.
14--Anulación de las sentencias de los tribunales fascistas. Verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo.
15--Eliminación de toda la simbología fascista en lugares públicos.
16--Libertad para todos los presos políticos antifascistas, comunistas, anarquistas e independentistas y amplio indulto para los presos por causas que tienen su origen en las desigualdades sociales.
17--Derogación de la Ley de Partidos.
18--Disolución de la Audiencia Nacional, de los tribunales militares y de los cuerpos represivos, así como depuración de responsabilidades de los torturadores y de los implicados en la guerra sucia.
El 80 aniversario del 14 de Abril de 1931 nos recuerda que la República la engendró el pueblo, que ella es el marco más democrático posible y que es el que proporciona las mejores condiciones para la emancipación de la clase obrera y de los pueblos. Por ello debe formar parte esencial de sus reivindicaciones y de sus luchas.
Reivindicamos no sólo la memoria de quienes se dejaron la vida, la juventud y la libertad en la lucha contra el fascismo, sino su derecho a ver realizados sus proyectos de justicia y emancipación que hoy, nosotras y nosotros, encarnamos.
El camino está abierto.
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1Una de las mejores crónicas de la Transición, de las brillantes carreras en la "democracia" los jerarcas del régimen y de 104 asesinatos perpetrados entre 1976 y 1980 por fuerzas del "orden" y paramilitares, está en Grimaldos, A. (2004) La sombra de Franco en la Transición. Ed. Anaya, colección Oberón.
2 El texto de la misma puede verse en: http://www.derecho.com/xml/disposiciones/trini/disposicion.xml?id_disposicion=31992
3El contenido literal de los Pactos de la Moncloa puede consultarse en: http://www.fuenterrebollo.com/Pactos-Moncloa/menu.html
4A Pilar Vaquerizo, viuda de Francisco Granado, ejecutado junto a su compañero 17 días después de ser detenido por hechos que no cometieron, se le negó la indemnización concedida a losexpresos del franquismo, por " no haber hecho el tiempo mínimo de prisión exigido por la normativa que regula dichas ayudas".
5 En su discurso del 2 de junio de 1935, el Secretario general del PCE, José Díaz, enunció como 2º punto del programa mínimo de un gobierno de Concentración Popular Antifascista: “Liberación de los pueblos oprimidos por el imperialismo español. Que se conceda el derecho de regir libremente sus destinos a Catalunya, a Euzkadi, a Galicia y a cuantas nacionalidades estén oprimidas por el imperialismo de España”
6Tomado de Garcés, J. (1996) Soberanos e intervenidos".Ed. Siglo XXI. Pág. XXVII
7Junto a la obra de Joan Garcés, para el análisis de la red de complicidades del intento de golpe del 23 de febrero de 1981 debe consultarse Sverlo, P. (2000) Un rey golpe a golpe. Ed. Ardi beltza.
8Garcés, J. (1996) Op. Cit. Tejero declara en la instrucción del sumario que Armada "me dijo que en el gobierno habría Felipe González, Múgica Herzog (equipo González) Solé Tura (equipo Carrillo) y otro UCD”.
9En el apartado relativo a empleo de los Pactos de la Moncloa se enuncia: "Al objeto de fomentar el empleo juvenil se autoriza, dentro de un programa experimental que se concretará, la contratación temporal por un plazo máximo de dos años, para los empleos derivados de los nuevos puestos de trabajo que se creen a partir del 1 de noviembre de 1977, siempre que los mismos se cubran con personas que desempeñan por primera vez jun puesto de trabajo.
10Gráfico tomado del excelente trabajo de Jorge Beinstein (2010) “La crisis en la era senil del capitalismo”
11En www.casmadrid.org en la sección de documentos pueden encontrarse extractos del debate parlamentario sobre Ley15/97 de Nuevas Formas de Gestión en el Sistema Nacional de Salud.
12El Informe completo fue publicado por Casmadrid y reproducido por el diario Público. En él pueden consultarse las 23 prestaciones básicas analizadasss para la posible retirada total o parcial de lfinanciaciónónón pública www.publico.es/espana/360404/madrid-estudia-recortar-prestaciones-sanitarias
13 http://blogs.telegraph.co.uk/news/peteroborne/100063739/ireland-has-lost-its-sovereignty-and-is-now-the-creature-of-brussels-thanks-to-the-euro/
14 John Perkins, reclutado por la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. detalla cómo ayudó a Washington a estafar a países pobres prestándoles dinero que no podrían devolver para después apoderarse de sus economías. http://correosemanal.blogspot.com/2007/12/libro-confesiones-de-un-sicario.html
15Palabras del Secretario de Relaciones Internacionales del PAME en el acto público convocado en junio de 2010 en Madrid por la Plataforma “Hay que pararles los pies”.
16El Manifiesto íntegro del 14 de abril de 2011 puede consultarse en http://www.lahaine.org/index.php?blog=4&p=52693
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Ángeles Maestro Martín (conocida como Nines Maestro) es una política española nacida el 6 de febrero de 1952 en Medina del Campo (Valladolid), es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid.
Militante del Partido Comunista de España (PCE) desde 1971, en 1979 fue elegida concejala de Talavera de la Reina (Toledo), y en 1989 diputada en el Congreso por Izquierda Unida, reelegida en 1993 y 1996.
Fue una de las fundadoras de IU, siendo desde el primer momento miembro del Consejo Político Federal y de la Presidencia Ejecutiva. Dentro de la misma se situó en su ala izquierda, como dirigente de tendencias como Plataforma de Izquierdas o Corriente Roja. En el PCE, formó parte de su Secretaría de Relaciones Internacionales, del Comité Federal y del Comité Ejecutivo.
En noviembre de 1996 fue miembro del Tribunal Internacional por Crímenes Contra la Humanidad Cometidos por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Iraq, iniciativa cívica de intelectuales, políticos y profesionales del Derecho contrarios a las trágicas consecuencias del embargo sobre la población civil del país mesopotámico.
Dejó de formar parte de Izquierda Unida cuando Corriente Roja abandonó la coalición en junio de 2004, reincorporándose a su puesto como médico en el Servicio Madrileño de Salud. Abandonó el PCE tras el XVII Congreso (junio de 2005), tras rechazar éste la propuesta de Corriente Roja de que el PCE abandonase IU. Actualmente es la principal dirigente de CR.
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El analisis de Angeles Maestro
creemos que es...pues eso:
QUE ES MAESTRO.
como su nombre.
Un bien documentado, brillante, honesto y valiente estudio de la
GRAN ESTAFA PERMANENTE DE LA DICTADURA BURGUESA,
QUE CADA VEZ, MULTIPLICA MAS Y MAS SUS TENTACULOS Y SU PODER ECONOMICO, POLITICO Y TECNOLOGICO SOBRE SUS ESCLAVOS MODERNOS.
Y EL BLANCO --Y EL NEGRO-- ES UNO SOLO:
LA MENTE,
EL COCRTEX CEREBRAL,
EL HIPOTALAMO DEL SER HUMANO.
PORQUE LA MASA GRIS DEL HOMBRE,
EN SU FONDO Y LOGOS SOCIAL Y ECONOMICO
ES MUY RAZONABLE Y MUY CLARA,
Y SABE Y DETECTAR MUY BIEN
CUALQUIERA QUE SE SUBA SOBRE SUS HOMBROS
Y VIVIR COSTA DE SUS COSTILLAS,
Y, POR LO TANTO,
HAY QUE ELIMINARLA Y NEUTRALIZARLA
PORQUE SE PUEDE TORNAR MUY PELIGROSA:
--PARA LA DICTADURA CAPITALISTA,
SIEMEPRE ELLA TAN ATENTA
A CUALQUIER "PELIGRO"...RECORDEMOS
QUE LA MAYORIA DE SUS PRESUPUESTOS ECONOMICOS
SE LOS GASTA EN "DEFENDER", ¿CONTRA QUIEN?,
MU FACIL: CONTRA LA CONCIENCIA DE LOS EXPLOTADOS
A LA CUAL LE TEME MAS QUE A NADA
EN ESTE MUNDO--
Y ANGELES MAESTRO,
ES UN VERDADERO MAESTRO
EN DESVELARNOS ESTO.
GRACIAS.
Sunday, April 24, 2011
(SEGUNDA PARTE) "LA CRISIS GENERAL DEL SISTEMA...", ÁNGELES MAESTRO
Un espejo a modo de ejemplo:
el Estado del Bienestar
La aniquilación de derechos sociales y políticos y el expolio de materias primas mediante la extorsión y/o corrupción de los gobiernos, o directamente a través de la guerra, en un marco general de desempleo masivo, de encarecimiento de los recursos indispensables y de destrucción de la naturaleza, sólo puede llevarse a cabo mediante gigantescos programas de manipulación informativa y de control social, incluyendo el desarrollo sin precedentes de los aparatos represivos policiales y militares.
Marx, mientras disecciona metódica y meticulosamente el funcionamiento del capital, insiste incansable en desenmascarar los mitos del núcleo duro de su aparato ideológico: su carácter de fenómeno natural, sin fecha de caducidad y, por ello, sin alternativa posible. Nos recuerda que el capitalismo es una relación social histórica, que lleva en su código genético la dominación y, por tanto, la violencia: “Si el dinero, como dice Augier, viene al mundo con manchas de sangre en una mejilla, el capital lo hace chorreando sangre y lodo, por todos los poros, desde la cabeza hasta los pies”.
No siempre, ni en todos los lugares es el golpe de Estado o la guerra el método empleado por las clases dominantes. En los países del centro del imperialismo el procedimiento ha sido y es mucho más sutil y complejo. Tiene un papel central la batalla ideológica de la construcción de falsa conciencia que, por un lado apuntale la legitimidad del sistema, y por otro desestructure las identidades de clase y de pueblo.
El vehículo son los medios de comunicación masivos que, día a día, filtran, ocultan o tergiversan la información para apuntalar una visión de la realidad que disuada de los compromisos colectivos y neutralice la resistencia.
Otra importante vía de facilitación es la corrupción política de miembros destacados de las direcciones políticas y sindicales, de forma que se asegure el sometimiento de sus organizaciones. Se cumple así un doble objetivo que se reatroalimenta : bloquear la oposición a las acciones del capital o del gobierno que le representa, y desacreditar a los sindicatos ante sus propios representados que ven como sus intereses son traicionados.
Acontinuación analizaré los caminos que han conducido en el Estado español a la degradación y privatización de uno de los elementos más importantes de lo que se conoce por Estado del Bienestar, la sanidad pública.
Se llama Estado del Bienestar al conjunto de políticas macroeconómicas implementadas a partir de 1945 en Europa Occidental y que pretendían conjurar, según sus apologetas, tanto la repetición de la Gran Depresión de 1929, como de su corolario, la II Guerra Mundial. Sus elementos estructurales son el pleno empleo y la Seguridad Social, alrededor de los cuales giran: la intervención del Estado en la economía y la propiedad pública de buena parte de las empresas estratégicas y de los recursos naturales, las políticas fiscales progresivas, el déficit público, un potente sistema de derechos laborales y sociales, los grandes sistemas públicos de sanidad, educación, de pensiones, vivienda social, etc.
Lo que se oculta cuidadosamente a la opinión pública es que el sistema de protección social al que se llama Estado del Bienestar fue el resultado de la lucha de clases en un momento histórico concreto, el de la segunda postguerra mundial, en el que la correlación de fuerzas a favor de la izquierda - la influencia de la URSS y las potentes resistencias populares antifascistas – amenazaba con sacudir los pilares fundamentales del sistema capitalista.
También se enmascara con esmero que el Estado del Bienestar es, sobre todo, un gran Pacto Social no escrito que presidió durante tres décadas las políticas de Europa occidental, exceptuados los países con dictaduras fascistas (Portugal, Gracia y el Estado español). Mediante el mismo, el capital exhibía su “rostro humano” ofreciendo un sistema integral de protección social. Por su parte, los representantes de los trabajadores – los grandes sindicatos de clase y los partidos de izquierda - renunciaban a cambiar las relaciones de poder, es decir, a la revolución social.
Buen ejemplo de ello fue el papel de la izquierda socialista y comunista en mayo de 1968 en Francia, en las revueltas obreras y estudiantiles en Alemania o ante los consejos obreros y “los años de plomo” en Italia. Su intervención para sofocar y reconducir las potentes huelgas y movilizaciones fue determinante para garantizar la estabilidad del sistema y da buena cuenta de las dimensiones, la trascendencia y la utilidad para la burguesía de semejante Pacto Social.
Como es habitual en la ideología del capitalismo, el Estado del Bienestar se vendió como el “fin de las ideologías”, la síntesis perfecta e intemporal de capitalismo y socialismo, y sobre todo como el final de la lucha de clases. El modelo no duró ni treinta años.
A principios de los setenta el sueño de la prosperidad eterna – curiosamente las Torres Gemelas se acabaron de construir en 1971 - se rompe abruptamente. La crisis del petróleo no fue más que la punta del iceberg del inicio de una fase de decadencia que permanece hasta hoy y que ha experimentado un brutal recrudecimiento a partir de 2008. El capitalismo entraba en una profunda crisis general – la caída del PNB mundial a mediados de los 70, reflejada en el gráfico10 la ilustra con claridad – que coincide con un debilitamiento de las posiciones estratégicas del imperialismo euro-estadounidense: la derrota de Vietnam, las victorias de los movimientos de liberación nacional en las antiguas colonias y el surgimiento en Europa de formas de organización obrera y estudiantil no controladas por los principales artífices del Pacto Social.
La privatización de los sistemas sociales emblemáticos, como la sanidad, se inscribe en el marco general de las políticas neoliberales que se inauguraron a sangre y fuego en 1973 con el golpe de Pinochet en Chile y continuaron con la operación Cóndor en el sur de América Latina.
Las formas cambiaron en Europa Occidental pero el contenido era el mismo: imponer las recetas de la Escuela de Chicago, cambiando para ello la correlación de fuerzas surgida de la II Guerra Mundial capaz de imponer un desarrollo sin precedentes de los servicios públicos. Los primeros pasos se dieron en Gran Bretaña en 1976 cuando el primer ministro laborista J. Callahan pidió un préstamo al FMI que le fue concedido a cambio de recortes drásticos en el gasto público y de un programa de privatizaciones. En 1979 M. Thatcher aceleró el proceso. La derrota de la huelga minera de 1984-85 y la responsabilidad de las direcciones sindicales británicas y del resto de Europa en el aislamiento misma es fiel reflejo del comienzo de una cadena de retrocesos en la lucha de clases que no ha hecho más que recrudecerse hasta nuestros días.
La imposición de los objetivos centrales del capitalismo neoliberal: déficit público cero, desfiscalización de las rentas del capital, gran disminución del gasto público en servicios sociales, privatizaciones, deslocalización del capital y duras contrarreformas con recortes progresivos de derechos laborales y sociales, se ha hecho mediante un complejo pero sumamente eficaz engranaje de manipulación informativa, cooptación, compra y desnaturalización de la izquierda institucional, política y sindical, dirigido – mano a mano – por la patronal y los aparatos del Estado.
II.1.- Los derechos sociales en la Constitución y la maniobra del despiste.
El reconocimiento de amplios derechos sociales en la Constitución de 1978 fue el argumento central para conseguir que se aceptara una Carta Magna que instaura una democracia burguesa seriamente limitada e impone una monarquía heredera directa del Dictador, consagrando la quiebra de la legalidad republicana y usurpando la decisión popular acerca de la forma de Estado.
Lo que se ocultaba era algo que sabe cualquier estudiante de Derecho: que el derecho de propiedad y la libertad de empresa se establecen en la Constitución como Derechos Fundamentales, mientras los derechos sociales carecen de garantía alguna y son meros principios de política social y económica, interpretables libremente por el Gobierno de turno.
La expansión de las políticas neoliberales y su correlato de ataques a las conquistas sociales fundamentales coincidieron con la Transición española. Si se produjo un relativo retraso en su implantación, fue debido a que, en ésa época, era prioritario para las clases dominantes legitimar ante los pueblos la reforma política de la dictadura.
Se puso en marcha entonces un mecanismo cuya rentabilidad parece inagotable hasta ahora: dejar que los ataques más duros contra la clase obrera los ejecutara un sedicente gobierno de izquierdas.
En lo que a la sanidad se refiere, se diseñó un proceso lento, pero demoledor, ejecutado por los grandes medios de comunicación, de deslegitimación y crítica de lo público por ser “despilfarrador”, “burocrático”, “ineficiente”, “sostenedor de privilegios funcionariales”, etc.
Hubo algunos indicadores significativos de la dirección que tomaba la “democracia” en los servicios sanitarios. Uno de ellos fue la decisión del Conseller de Sanitat del Govern Provisional de la Generalitat de Catalunya (PSUC) ante una sanidad pública muy poco desarrollada (25% del total) y una sanidad privada en bancarrota. En lugar de incluir el personal y las instalaciones de esta última en el sector público, subvencionó su reflotamiento para a continuación concertar con ella la asistencia sanitaria. La otra, reveladora del enorme poder de la industria farmacéutica, fue el nombramiento de Ernest Lluch, hombre de su confianza, como Ministro de Sanidad del PSOE en el primer gobierno de Felipe Gonzalez, en lugar del previsto, Ciriaco de Vicente, menos obediente a sus intereses.
Tres leyes clave para la sanidad, ampliamente demandadas desde la lucha contra la Dictadura, nacieron castradas en sus planteamientos de avance en el desarrollo de recursos públicos y de su control democrático: la Ley General de Sanidad (1986), Ley del Medicamento (1990) y Ley de Prevención de Riesgos laborales (1995), antes de Salud Laboral.
II.2.- El guión de la privatización: “confundirse con el paisaje”.
En 1989 se publicó en Gran Bretaña “Working for Patients”, libro blanco para la privatización del servicio público de salud más importante de Europa Occidental. Este informe se constituyó en el programa-marco para la mercantilización y la gestión empresarial de la asistencia sanitaria.
Con el mismo objetivo que en el Reino Unido, el Congreso de los Diputados crea en 1990, con mayoría absoluta del PSOE y el apoyo de todos los grupos parlamentarios excepto BNG e IU, una Comisión para la reforma del sistema sanitario presidida por el banquero y empresario franquista Abril Martorell. Si bien la potente reacción popular impidió la introducción del copago que el Informe preconizaba, las medidas presupuestarias y organizativas preparatorias de la privatización se fueron introduciendo una tras otra, primero en el INSALUD central y luego en las CC.AA, independientemente del color del partido en el gobierno.
La estrategia que se impuso con carácter general es desmontar el sistema poco a poco, precarizarlo y fragmentarlo para privatizar todo lo rentable e imponer en todos los servicios sanitarios públicos la gestión empresarial; es decir, subordinar la calidad y la seguridad del sistema a objetivos de ahorro y rentabilidad económica.
De forma sistemática se ralentizó la inversión en los servicios sanitarios públicos al tiempo que se incrementaba a la práctica totalidad de la población el derecho a la asistencia sanitaria, con la correspondiente masificación y deterioro de la calidad.
Poco a poco, se fue desmontando el sistema sanitario desde dentro. Se privatizaron servicios de limpieza, cocinas, mantenimiento, lavandería, seguridad, archivo de historias, laboratorio, radiología, etc. y se introdujo progresivamente la precariedad entre los trabajadores de la sanidad. De forma lenta pero sistemática se fueron reduciendo plantillas y camas públicas, al tiempo que se extendía la concertación de las intervenciones quirúrgicas y medios diagnósticos con la sanidad privada.
La hegemonía ideológica de la mercantilización se impuso sin casi resistencia a unos profesionales “progresistas” que aceptaron como “modernización” y “avances técnicos” transformaciones estructurales en la organización y administración económica de los servicios. Se introdujeron cambios trascendentales en la organización de la sanidad pública tales como: separación entre la financiación – siempre pública – y la gestión y provisión de servicios que podía ser pública o privada; la gestión clínica – mero disfraz de la gestión emprearial - , el contrato programa, la cartera de servicios, el coste por proceso, etc, mecanismos que evalúan y financian los servicios en función de objetivos de actividad y de disminución del gasto, y no de su impacto en la mejora de la salud de la población.
La supuesta eficiencia empresarial por el ahorro en el coste de medios diagnósticos y tratamientos (menos estancia media, menos personal, ..etc) va de la mano del aumento exponencial del gasto sanitario total y del deterioro de la calidad: se incrementan los reingresos, se dispara el gasto farmacéutico, aumentan las demandas por errores médicos o mala práctica, se ocultan los indicadores que permitirían evaluar la calidad de la atención, y lo que es más grave y determinante, se pone en peligro la salud y la vida de los pacientes.
La empresa privada ha entendido perfectamente la importancia del ocultamiento de información y de la ambigüedad calculada. El portavoz de Ribera Salud, Unión Temporal de Empresas (Dragados, Adeslas, MAPFRE, Caja de Ahorros del Mediterráneo, etc.) adjudicataria del Hospital de Torrejón y del nuevo macrolaboratorio regional de Madrid, afirmaba que la empresa en sanidad "debe confundirse con el paisaje". En los nuevos hospitales de gestión privada, e incluso de propiedad privada no ha aparece ningún nombre, ningún anuncio, que identifique a sus verdaderos dueños. Para ocultar la realidad es vital que sólo aparezcan, como así ocurre sin excepción, los logos de los servicios públicos de salud. El capital ha logrado su mejor sueño: recibir financiación y clientela públicas, y por tanto, seguras, y gestionar sin trabas apropiándose de los beneficios.
II.3.- El negocio del capital privado en la sanidad.
La Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión, votada en el parlamento estatal por PP, PSOE, PNV, CiU y CC11establece que todo hospital, centro socio-sanitario o centro de salud puede ser gestionado por cualquier tipo de entidades existentes en derecho; es decir, permite la entrada masiva de la empresa privada directamente en la gestión y provisión de servicios.
Desde supuestas posiciones de izquierda, el PSOE justificó su voto a favor – decisiva ya que el PP gobernaba en minoría – argumentando que la Ley era “una barrera contra la privatización”. La realidad es que en las CC.AA. en las que gobernaba – al igual que en las que lo hacían el resto de los grupos que votaron a favor - se había iniciado ya la entrada de la empresa privada en la gestión de parcelas importantes de la sanidad, hasta entonces sin cobertura legal alguna. El colofón fue la nota de prensa del la Federación de Sanidad de CC.OO. congratulándose del amplio apoyo parlamentario recibido por una Ley “tan importante para la modernización de la sanidad”.
En este escenario es en el que se produce la ofensiva privatizadora actual, que tiene carácter general, aunque los ritmos de avance están modulados por la rentabilidad para el capital de cada servicio en cada territorio y sobre todo por la oposición popular.
En la Comunidad de Madrid, a la cabeza de la privatización de la sanidad, se ha adjudicado mediante Concesión Administrativa la construcción y la gestión por 30 años de los 8 nuevos hospitales a empresas privadas, la mayor parte de ellas constructoras, que huyen así de la crisis del sector. Estas empresas son Dragados, Sacyr, Acciona, Begar-Ploder, FCC, Hispánica y Apax Partners. La ubicación de los hospitales y sus características no ha sido el resultado de planificación, ni análisis de necesidades alguno, por parte de la Consejería de Sanidad. Si han existido, sin duda, estudios de rentabilidad por parte de las empresas adjudicatarias. Los ayuntamientos, independientemente de que fueran gobernados por el PP, PSOE o IU ofertaron grantuitamente el suelo sin imponer ningún tipo de condición sobre la forma de gestión.
La apertura de ocho nuevos hospitales no ha supuesto un aumento, sino una disminución de camas y el personal sanitario ha salido en su totalidad de los antiguos hospitales públicos, que siguen pagando los salarios, y que se han visto obligados al cierre de cientos de camas.
Los pliegos de condiciones no imponen a las empresas ningún tipo de mínimos en cuanto a plantillas, ni en cuanto a dotación de los servicios. Es la empresa la que aplica libremente su criterio. Los resultados son tan esperpénticos como los siguientes:
--el servicio de Ginecología y Obstetricia del hospital de Arganda hubo de cerrar ante el abandono de las ginecólogas por las condiciones de trabajo; un solo facultativo en horario de tarde y noche para quirófano, urgencias y sala.
--en el hospital de Parla hay una sola limpiadora para todos los servicios durante el turno de noche.
El negocio en la gestión privada implica, no solo el ahorro irresponsable en recursos humanos y materiales, sino sobre todo, la selección de riesgos. Este último principio se asienta sobre un hecho determinante en la asistencia sanitaria que utilizan implacablemente las aseguradoras privadas: el 15% de la población –personas mayores y enfermos crónicos – consume el 80 % de los recursos. El negocio consiste en evitarlos a toda costa, derivándoles hacia los hospitales públicos.
II.4.- La sustitución del Derecho Público: disparar con la pólvora del rey.
El asunto que determina la aberración subyacente a la gestión mediante empresas privadas de servicios públicos es la sustitución del Derecho Público por el Derecho Privado en la administración de fondos públicos. El Derecho Público establece mecanismos de control e intervención del gasto, dirigidos a impedir la actuación arbitraria de las administraciones en la gestión del patrimonio y los fondos públicos. El Derecho Privado, que regula el funcionamiento del negocio empresarial, obviamente, no los contempla. El propio interés empresarial, dirigido a la obtención de beneficios con recursos propios, procura la gestión eficiente de la empresa y se ocupa de evitar gastos superfluos.
Ambos mecanismos desaparecen en la gestión privada de servicios públicos: “se dispara con la pólvora del rey”. Los ejemplos del Hospital de Alzira y de las Fundaciones gallegas, que tuvieron que ser rescatados de la bancarrota por las Consejerías de Sanidad respectivas, son una buena muestra.
De los indicadores de calidad asistencial básicos, como son la mortalidad comparada, el índice de infecciones hospitalarias, las remisiones a otros hospitales, los indicadores de personal/cama, etc. que servirían para comparar la calidad de la atención pública y privada, nada puede decirse porque no se publican.
II.5.- El copago, llave maestra para la selección de pacientes.
En los últimos meses asistimos a una intensificación de las declaraciones a favor de introducir el copago por el uso de servicios sanitarios y el copago farmacéutico. Los medios de comunicación reproducen con frecuencia declaraciones de Consejeros de diferentes CC.AA y color político, “expertos”, tertulianos, periodistas, y hasta un ex Ministro de Sanidad del PSOE como García Vargas.
El termino “copago”, al igual que ocurre con todo lo relacionado con la privatización, responde al objetivo de introducir confusión y enmascarar todo lo posible la verdadera naturaleza del hecho que define. Si se habla de “introducir el copago por parte del usuario” de servicios sanitarios y medicamentos, se deduce que hasta ahora el usuario no pagaba. La falsedad es evidente: el presupuesto de sanidad que se transfiere desde el Estado a las CC.AA. se financia con los impuestos –que salen casi en su totalidad de los bolsillos de los trabajadores - y con sus cotizaciones a la Seguridad Social.
Lo que se pretende es que los usuarios de la sanidad pública paguemos otra vez, precisamente cuando estamos enfermos. Los mecanismos ideados son variados: un ticket moderador por acceder a la consulta de atención primaria, al especialista, a las urgencias, pagar las comidas de los ingresados en los hospitales, un canon por las ambulancias y, sobre todo, que se elimine la gratuidad de los medicamentos para pensionistas, haciéndoles pagar un porcentaje de su precio. La gama de propuestas no se agota ahí; se habla también de establecer una “prima única para mayores de 65 años”, de eliminar prestaciones hasta ahora gratuitas o de pagar una póliza para poder acceder a las excluidas de la financiación pública, como en EE.UU.
Recientemente se ha publicado un Informe de la Consejería de Sanidad de Madrid12 de diciembre de 2010 en el cual se analizan hasta 23 elementos concretos de las prestaciones básicas de la Cartera de Servicios, comunes para todo el Estado, y contemplados en el Real Decreto 1030/2006, que podrían eliminarse o ser objeto de copago.
En el documento aparece una relación de “prestaciones prescindibles o de acceso restringido”. La gran mayoría de las analizadas (sillas de ruedas, pañales de incontinencia, transporte sanitario, material para el control de la diabetes, endodoncias para niños, comidas y lencería en hospitales,..etc.) afectan a ancianos, personas dependientes o enfermos crónicos.
La importancia del citado documento viene dada porque sin duda responde a una solicitud de informe hecha por el Ministerio de Sanidad a las diferentes Consejerías, ante la decisión de realizar recortes de calado en las prestaciones, hecho que necesariamente debe llevarse a cabo mediante Real Decreto y para el conjunto del Estado. Los informes requeridos deben valorar – como se hace en el caso de Madrid – tanto el ahorro derivado del copago total o parcial, como el “impacto social”; es decir, el grado de indignación del respetable.
Todo un argumentario se está desplegando para facilitar la introducción de unas medidas altamente sensibles que cuando fueron propuestas en el Informe Abril Martorell provocaron la amenaza de huelga general. Hablan de la insostenibilidad del sistema, de dejar aparcada la ideología para buscar el interés general, de lo injusto de que pensionistas con rentas altas obtengan medicamentos gratis, del mal uso de los servicios sanitarios, del aumento desmesurado del gasto sanitario, de los incrementos permanentes de la factura farmacéutica,.. etc.
Lo que ocultan es que imponer el pago directo por el uso los servicios y eliminar la gratuidad de los medicamentos para pensionistas constituye la llave de oro del negocio de la privatización. Aunque la gran mayoría hable del aumento “insostenible” de la factura sanitaria y aproveche la crisis económica para enfatizar el argumento, en publicaciones restringidas se habla de que no es la búsqueda de fondos adicionales - de los que buena parte se iría en burocracia recaudatoria - el objetivo principal.
Los que hablan del “imparable” aumento del gasto nada dicen de que este se haya disparado precisamente por las medidas privatizadoras y, sobre todo, en las CC.AA. en las que el proceso de privatización está más avanzado, y que la insuficiencia de recursos y la correspondiente masificación en atención primaria determine incrementos no justificados de la factura farmacéutica. Por no hablar del escándalo de que falte dinero para la sanidad cuando se le dan miles de millones a la banca, cuando el fraude fiscal del capital anual es una vez y media mayor que el coste total de la sanidad o cuando se incrementa continuamente el gasto militar para atacar a otros pueblos, como en Afganistán o Libia.
Las verdaderas razones, inconfesables, van por otros derroteros. En el sector sanitario una pequeña parte de la población (enfermos crónicos, personas mayores y pobres, en los que es muy difícil diferenciar lo social de los sanitario) consume la mayor parte de los recursos. La gallina de los huevos de oro es “disuadir económicamente” de su utilización a los sectores de población que más necesidades tienen, que más recursos consumen y a los que pagar 2 euros por consulta o el 10% de los medicamentos retrae de su utilización.
Las consecuencias de esta brutal selección de pacientes, en función de su rentabilidad para el negocio privado, se ocultan por parte de sus impulsores, pero no se ignoran. Estudios realizados en otros países dan cuenta de los graves perjuicios que con estas medidas se ocasiona a la salud, precisamente de aquellos grupos de población que con criterios elementales de salud pública deberían ser, por el contrario, priorizados. Algunas de ellos son: retraso en el diagnóstico de enfermedades y el abandono de consultas preventivas; agravamiento de las patologías crónicas cuyo control periódico se deja de realizarse; incremento en la hospitalización y en el uso de urgencias, con el consiguiente incremento del gasto sanitario; abandono del uso de medicamentos, incluidos los esenciales; degradación de las prestaciones “básicas” incluidas en la sanidad pública, que se convertiría en beneficencia para pobres y, en definitiva, deterioro de la salud de los sectores de la población con menos recursos. La gestión privada de la sanidad pública tendría sí asegurado el negocio tras la autoexclusión de los enfermos “no rentables”.
Habrá quien crea que no se van a atrever a llevarlo a cabo en función del coste electoral que tal medida conllevaría, sobre todo entre los jubilados y pensionistas. En eso han pensado ya: habrá un Pacto de Estado por la Sanidad de las características del Pacto de Toledo para las Pensiones, de forma que, al ser suscrito por todas las fuerzas políticas institucionales, al menos PSOE, PP y derechas nacionalistas, la pérdida de voto sea equitativa. Todo ello en aras de los superiores intereses del capital que son a los que verdaderamente representan.
el Estado del Bienestar
La aniquilación de derechos sociales y políticos y el expolio de materias primas mediante la extorsión y/o corrupción de los gobiernos, o directamente a través de la guerra, en un marco general de desempleo masivo, de encarecimiento de los recursos indispensables y de destrucción de la naturaleza, sólo puede llevarse a cabo mediante gigantescos programas de manipulación informativa y de control social, incluyendo el desarrollo sin precedentes de los aparatos represivos policiales y militares.
Marx, mientras disecciona metódica y meticulosamente el funcionamiento del capital, insiste incansable en desenmascarar los mitos del núcleo duro de su aparato ideológico: su carácter de fenómeno natural, sin fecha de caducidad y, por ello, sin alternativa posible. Nos recuerda que el capitalismo es una relación social histórica, que lleva en su código genético la dominación y, por tanto, la violencia: “Si el dinero, como dice Augier, viene al mundo con manchas de sangre en una mejilla, el capital lo hace chorreando sangre y lodo, por todos los poros, desde la cabeza hasta los pies”.
No siempre, ni en todos los lugares es el golpe de Estado o la guerra el método empleado por las clases dominantes. En los países del centro del imperialismo el procedimiento ha sido y es mucho más sutil y complejo. Tiene un papel central la batalla ideológica de la construcción de falsa conciencia que, por un lado apuntale la legitimidad del sistema, y por otro desestructure las identidades de clase y de pueblo.
El vehículo son los medios de comunicación masivos que, día a día, filtran, ocultan o tergiversan la información para apuntalar una visión de la realidad que disuada de los compromisos colectivos y neutralice la resistencia.
Otra importante vía de facilitación es la corrupción política de miembros destacados de las direcciones políticas y sindicales, de forma que se asegure el sometimiento de sus organizaciones. Se cumple así un doble objetivo que se reatroalimenta : bloquear la oposición a las acciones del capital o del gobierno que le representa, y desacreditar a los sindicatos ante sus propios representados que ven como sus intereses son traicionados.
Acontinuación analizaré los caminos que han conducido en el Estado español a la degradación y privatización de uno de los elementos más importantes de lo que se conoce por Estado del Bienestar, la sanidad pública.
Se llama Estado del Bienestar al conjunto de políticas macroeconómicas implementadas a partir de 1945 en Europa Occidental y que pretendían conjurar, según sus apologetas, tanto la repetición de la Gran Depresión de 1929, como de su corolario, la II Guerra Mundial. Sus elementos estructurales son el pleno empleo y la Seguridad Social, alrededor de los cuales giran: la intervención del Estado en la economía y la propiedad pública de buena parte de las empresas estratégicas y de los recursos naturales, las políticas fiscales progresivas, el déficit público, un potente sistema de derechos laborales y sociales, los grandes sistemas públicos de sanidad, educación, de pensiones, vivienda social, etc.
Lo que se oculta cuidadosamente a la opinión pública es que el sistema de protección social al que se llama Estado del Bienestar fue el resultado de la lucha de clases en un momento histórico concreto, el de la segunda postguerra mundial, en el que la correlación de fuerzas a favor de la izquierda - la influencia de la URSS y las potentes resistencias populares antifascistas – amenazaba con sacudir los pilares fundamentales del sistema capitalista.
También se enmascara con esmero que el Estado del Bienestar es, sobre todo, un gran Pacto Social no escrito que presidió durante tres décadas las políticas de Europa occidental, exceptuados los países con dictaduras fascistas (Portugal, Gracia y el Estado español). Mediante el mismo, el capital exhibía su “rostro humano” ofreciendo un sistema integral de protección social. Por su parte, los representantes de los trabajadores – los grandes sindicatos de clase y los partidos de izquierda - renunciaban a cambiar las relaciones de poder, es decir, a la revolución social.
Buen ejemplo de ello fue el papel de la izquierda socialista y comunista en mayo de 1968 en Francia, en las revueltas obreras y estudiantiles en Alemania o ante los consejos obreros y “los años de plomo” en Italia. Su intervención para sofocar y reconducir las potentes huelgas y movilizaciones fue determinante para garantizar la estabilidad del sistema y da buena cuenta de las dimensiones, la trascendencia y la utilidad para la burguesía de semejante Pacto Social.
Como es habitual en la ideología del capitalismo, el Estado del Bienestar se vendió como el “fin de las ideologías”, la síntesis perfecta e intemporal de capitalismo y socialismo, y sobre todo como el final de la lucha de clases. El modelo no duró ni treinta años.
A principios de los setenta el sueño de la prosperidad eterna – curiosamente las Torres Gemelas se acabaron de construir en 1971 - se rompe abruptamente. La crisis del petróleo no fue más que la punta del iceberg del inicio de una fase de decadencia que permanece hasta hoy y que ha experimentado un brutal recrudecimiento a partir de 2008. El capitalismo entraba en una profunda crisis general – la caída del PNB mundial a mediados de los 70, reflejada en el gráfico10 la ilustra con claridad – que coincide con un debilitamiento de las posiciones estratégicas del imperialismo euro-estadounidense: la derrota de Vietnam, las victorias de los movimientos de liberación nacional en las antiguas colonias y el surgimiento en Europa de formas de organización obrera y estudiantil no controladas por los principales artífices del Pacto Social.
La privatización de los sistemas sociales emblemáticos, como la sanidad, se inscribe en el marco general de las políticas neoliberales que se inauguraron a sangre y fuego en 1973 con el golpe de Pinochet en Chile y continuaron con la operación Cóndor en el sur de América Latina.
Las formas cambiaron en Europa Occidental pero el contenido era el mismo: imponer las recetas de la Escuela de Chicago, cambiando para ello la correlación de fuerzas surgida de la II Guerra Mundial capaz de imponer un desarrollo sin precedentes de los servicios públicos. Los primeros pasos se dieron en Gran Bretaña en 1976 cuando el primer ministro laborista J. Callahan pidió un préstamo al FMI que le fue concedido a cambio de recortes drásticos en el gasto público y de un programa de privatizaciones. En 1979 M. Thatcher aceleró el proceso. La derrota de la huelga minera de 1984-85 y la responsabilidad de las direcciones sindicales británicas y del resto de Europa en el aislamiento misma es fiel reflejo del comienzo de una cadena de retrocesos en la lucha de clases que no ha hecho más que recrudecerse hasta nuestros días.
La imposición de los objetivos centrales del capitalismo neoliberal: déficit público cero, desfiscalización de las rentas del capital, gran disminución del gasto público en servicios sociales, privatizaciones, deslocalización del capital y duras contrarreformas con recortes progresivos de derechos laborales y sociales, se ha hecho mediante un complejo pero sumamente eficaz engranaje de manipulación informativa, cooptación, compra y desnaturalización de la izquierda institucional, política y sindical, dirigido – mano a mano – por la patronal y los aparatos del Estado.
II.1.- Los derechos sociales en la Constitución y la maniobra del despiste.
El reconocimiento de amplios derechos sociales en la Constitución de 1978 fue el argumento central para conseguir que se aceptara una Carta Magna que instaura una democracia burguesa seriamente limitada e impone una monarquía heredera directa del Dictador, consagrando la quiebra de la legalidad republicana y usurpando la decisión popular acerca de la forma de Estado.
Lo que se ocultaba era algo que sabe cualquier estudiante de Derecho: que el derecho de propiedad y la libertad de empresa se establecen en la Constitución como Derechos Fundamentales, mientras los derechos sociales carecen de garantía alguna y son meros principios de política social y económica, interpretables libremente por el Gobierno de turno.
La expansión de las políticas neoliberales y su correlato de ataques a las conquistas sociales fundamentales coincidieron con la Transición española. Si se produjo un relativo retraso en su implantación, fue debido a que, en ésa época, era prioritario para las clases dominantes legitimar ante los pueblos la reforma política de la dictadura.
Se puso en marcha entonces un mecanismo cuya rentabilidad parece inagotable hasta ahora: dejar que los ataques más duros contra la clase obrera los ejecutara un sedicente gobierno de izquierdas.
En lo que a la sanidad se refiere, se diseñó un proceso lento, pero demoledor, ejecutado por los grandes medios de comunicación, de deslegitimación y crítica de lo público por ser “despilfarrador”, “burocrático”, “ineficiente”, “sostenedor de privilegios funcionariales”, etc.
Hubo algunos indicadores significativos de la dirección que tomaba la “democracia” en los servicios sanitarios. Uno de ellos fue la decisión del Conseller de Sanitat del Govern Provisional de la Generalitat de Catalunya (PSUC) ante una sanidad pública muy poco desarrollada (25% del total) y una sanidad privada en bancarrota. En lugar de incluir el personal y las instalaciones de esta última en el sector público, subvencionó su reflotamiento para a continuación concertar con ella la asistencia sanitaria. La otra, reveladora del enorme poder de la industria farmacéutica, fue el nombramiento de Ernest Lluch, hombre de su confianza, como Ministro de Sanidad del PSOE en el primer gobierno de Felipe Gonzalez, en lugar del previsto, Ciriaco de Vicente, menos obediente a sus intereses.
Tres leyes clave para la sanidad, ampliamente demandadas desde la lucha contra la Dictadura, nacieron castradas en sus planteamientos de avance en el desarrollo de recursos públicos y de su control democrático: la Ley General de Sanidad (1986), Ley del Medicamento (1990) y Ley de Prevención de Riesgos laborales (1995), antes de Salud Laboral.
II.2.- El guión de la privatización: “confundirse con el paisaje”.
En 1989 se publicó en Gran Bretaña “Working for Patients”, libro blanco para la privatización del servicio público de salud más importante de Europa Occidental. Este informe se constituyó en el programa-marco para la mercantilización y la gestión empresarial de la asistencia sanitaria.
Con el mismo objetivo que en el Reino Unido, el Congreso de los Diputados crea en 1990, con mayoría absoluta del PSOE y el apoyo de todos los grupos parlamentarios excepto BNG e IU, una Comisión para la reforma del sistema sanitario presidida por el banquero y empresario franquista Abril Martorell. Si bien la potente reacción popular impidió la introducción del copago que el Informe preconizaba, las medidas presupuestarias y organizativas preparatorias de la privatización se fueron introduciendo una tras otra, primero en el INSALUD central y luego en las CC.AA, independientemente del color del partido en el gobierno.
La estrategia que se impuso con carácter general es desmontar el sistema poco a poco, precarizarlo y fragmentarlo para privatizar todo lo rentable e imponer en todos los servicios sanitarios públicos la gestión empresarial; es decir, subordinar la calidad y la seguridad del sistema a objetivos de ahorro y rentabilidad económica.
De forma sistemática se ralentizó la inversión en los servicios sanitarios públicos al tiempo que se incrementaba a la práctica totalidad de la población el derecho a la asistencia sanitaria, con la correspondiente masificación y deterioro de la calidad.
Poco a poco, se fue desmontando el sistema sanitario desde dentro. Se privatizaron servicios de limpieza, cocinas, mantenimiento, lavandería, seguridad, archivo de historias, laboratorio, radiología, etc. y se introdujo progresivamente la precariedad entre los trabajadores de la sanidad. De forma lenta pero sistemática se fueron reduciendo plantillas y camas públicas, al tiempo que se extendía la concertación de las intervenciones quirúrgicas y medios diagnósticos con la sanidad privada.
La hegemonía ideológica de la mercantilización se impuso sin casi resistencia a unos profesionales “progresistas” que aceptaron como “modernización” y “avances técnicos” transformaciones estructurales en la organización y administración económica de los servicios. Se introdujeron cambios trascendentales en la organización de la sanidad pública tales como: separación entre la financiación – siempre pública – y la gestión y provisión de servicios que podía ser pública o privada; la gestión clínica – mero disfraz de la gestión emprearial - , el contrato programa, la cartera de servicios, el coste por proceso, etc, mecanismos que evalúan y financian los servicios en función de objetivos de actividad y de disminución del gasto, y no de su impacto en la mejora de la salud de la población.
La supuesta eficiencia empresarial por el ahorro en el coste de medios diagnósticos y tratamientos (menos estancia media, menos personal, ..etc) va de la mano del aumento exponencial del gasto sanitario total y del deterioro de la calidad: se incrementan los reingresos, se dispara el gasto farmacéutico, aumentan las demandas por errores médicos o mala práctica, se ocultan los indicadores que permitirían evaluar la calidad de la atención, y lo que es más grave y determinante, se pone en peligro la salud y la vida de los pacientes.
La empresa privada ha entendido perfectamente la importancia del ocultamiento de información y de la ambigüedad calculada. El portavoz de Ribera Salud, Unión Temporal de Empresas (Dragados, Adeslas, MAPFRE, Caja de Ahorros del Mediterráneo, etc.) adjudicataria del Hospital de Torrejón y del nuevo macrolaboratorio regional de Madrid, afirmaba que la empresa en sanidad "debe confundirse con el paisaje". En los nuevos hospitales de gestión privada, e incluso de propiedad privada no ha aparece ningún nombre, ningún anuncio, que identifique a sus verdaderos dueños. Para ocultar la realidad es vital que sólo aparezcan, como así ocurre sin excepción, los logos de los servicios públicos de salud. El capital ha logrado su mejor sueño: recibir financiación y clientela públicas, y por tanto, seguras, y gestionar sin trabas apropiándose de los beneficios.
II.3.- El negocio del capital privado en la sanidad.
La Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión, votada en el parlamento estatal por PP, PSOE, PNV, CiU y CC11establece que todo hospital, centro socio-sanitario o centro de salud puede ser gestionado por cualquier tipo de entidades existentes en derecho; es decir, permite la entrada masiva de la empresa privada directamente en la gestión y provisión de servicios.
Desde supuestas posiciones de izquierda, el PSOE justificó su voto a favor – decisiva ya que el PP gobernaba en minoría – argumentando que la Ley era “una barrera contra la privatización”. La realidad es que en las CC.AA. en las que gobernaba – al igual que en las que lo hacían el resto de los grupos que votaron a favor - se había iniciado ya la entrada de la empresa privada en la gestión de parcelas importantes de la sanidad, hasta entonces sin cobertura legal alguna. El colofón fue la nota de prensa del la Federación de Sanidad de CC.OO. congratulándose del amplio apoyo parlamentario recibido por una Ley “tan importante para la modernización de la sanidad”.
En este escenario es en el que se produce la ofensiva privatizadora actual, que tiene carácter general, aunque los ritmos de avance están modulados por la rentabilidad para el capital de cada servicio en cada territorio y sobre todo por la oposición popular.
En la Comunidad de Madrid, a la cabeza de la privatización de la sanidad, se ha adjudicado mediante Concesión Administrativa la construcción y la gestión por 30 años de los 8 nuevos hospitales a empresas privadas, la mayor parte de ellas constructoras, que huyen así de la crisis del sector. Estas empresas son Dragados, Sacyr, Acciona, Begar-Ploder, FCC, Hispánica y Apax Partners. La ubicación de los hospitales y sus características no ha sido el resultado de planificación, ni análisis de necesidades alguno, por parte de la Consejería de Sanidad. Si han existido, sin duda, estudios de rentabilidad por parte de las empresas adjudicatarias. Los ayuntamientos, independientemente de que fueran gobernados por el PP, PSOE o IU ofertaron grantuitamente el suelo sin imponer ningún tipo de condición sobre la forma de gestión.
La apertura de ocho nuevos hospitales no ha supuesto un aumento, sino una disminución de camas y el personal sanitario ha salido en su totalidad de los antiguos hospitales públicos, que siguen pagando los salarios, y que se han visto obligados al cierre de cientos de camas.
Los pliegos de condiciones no imponen a las empresas ningún tipo de mínimos en cuanto a plantillas, ni en cuanto a dotación de los servicios. Es la empresa la que aplica libremente su criterio. Los resultados son tan esperpénticos como los siguientes:
--el servicio de Ginecología y Obstetricia del hospital de Arganda hubo de cerrar ante el abandono de las ginecólogas por las condiciones de trabajo; un solo facultativo en horario de tarde y noche para quirófano, urgencias y sala.
--en el hospital de Parla hay una sola limpiadora para todos los servicios durante el turno de noche.
El negocio en la gestión privada implica, no solo el ahorro irresponsable en recursos humanos y materiales, sino sobre todo, la selección de riesgos. Este último principio se asienta sobre un hecho determinante en la asistencia sanitaria que utilizan implacablemente las aseguradoras privadas: el 15% de la población –personas mayores y enfermos crónicos – consume el 80 % de los recursos. El negocio consiste en evitarlos a toda costa, derivándoles hacia los hospitales públicos.
II.4.- La sustitución del Derecho Público: disparar con la pólvora del rey.
El asunto que determina la aberración subyacente a la gestión mediante empresas privadas de servicios públicos es la sustitución del Derecho Público por el Derecho Privado en la administración de fondos públicos. El Derecho Público establece mecanismos de control e intervención del gasto, dirigidos a impedir la actuación arbitraria de las administraciones en la gestión del patrimonio y los fondos públicos. El Derecho Privado, que regula el funcionamiento del negocio empresarial, obviamente, no los contempla. El propio interés empresarial, dirigido a la obtención de beneficios con recursos propios, procura la gestión eficiente de la empresa y se ocupa de evitar gastos superfluos.
Ambos mecanismos desaparecen en la gestión privada de servicios públicos: “se dispara con la pólvora del rey”. Los ejemplos del Hospital de Alzira y de las Fundaciones gallegas, que tuvieron que ser rescatados de la bancarrota por las Consejerías de Sanidad respectivas, son una buena muestra.
De los indicadores de calidad asistencial básicos, como son la mortalidad comparada, el índice de infecciones hospitalarias, las remisiones a otros hospitales, los indicadores de personal/cama, etc. que servirían para comparar la calidad de la atención pública y privada, nada puede decirse porque no se publican.
II.5.- El copago, llave maestra para la selección de pacientes.
En los últimos meses asistimos a una intensificación de las declaraciones a favor de introducir el copago por el uso de servicios sanitarios y el copago farmacéutico. Los medios de comunicación reproducen con frecuencia declaraciones de Consejeros de diferentes CC.AA y color político, “expertos”, tertulianos, periodistas, y hasta un ex Ministro de Sanidad del PSOE como García Vargas.
El termino “copago”, al igual que ocurre con todo lo relacionado con la privatización, responde al objetivo de introducir confusión y enmascarar todo lo posible la verdadera naturaleza del hecho que define. Si se habla de “introducir el copago por parte del usuario” de servicios sanitarios y medicamentos, se deduce que hasta ahora el usuario no pagaba. La falsedad es evidente: el presupuesto de sanidad que se transfiere desde el Estado a las CC.AA. se financia con los impuestos –que salen casi en su totalidad de los bolsillos de los trabajadores - y con sus cotizaciones a la Seguridad Social.
Lo que se pretende es que los usuarios de la sanidad pública paguemos otra vez, precisamente cuando estamos enfermos. Los mecanismos ideados son variados: un ticket moderador por acceder a la consulta de atención primaria, al especialista, a las urgencias, pagar las comidas de los ingresados en los hospitales, un canon por las ambulancias y, sobre todo, que se elimine la gratuidad de los medicamentos para pensionistas, haciéndoles pagar un porcentaje de su precio. La gama de propuestas no se agota ahí; se habla también de establecer una “prima única para mayores de 65 años”, de eliminar prestaciones hasta ahora gratuitas o de pagar una póliza para poder acceder a las excluidas de la financiación pública, como en EE.UU.
Recientemente se ha publicado un Informe de la Consejería de Sanidad de Madrid12 de diciembre de 2010 en el cual se analizan hasta 23 elementos concretos de las prestaciones básicas de la Cartera de Servicios, comunes para todo el Estado, y contemplados en el Real Decreto 1030/2006, que podrían eliminarse o ser objeto de copago.
En el documento aparece una relación de “prestaciones prescindibles o de acceso restringido”. La gran mayoría de las analizadas (sillas de ruedas, pañales de incontinencia, transporte sanitario, material para el control de la diabetes, endodoncias para niños, comidas y lencería en hospitales,..etc.) afectan a ancianos, personas dependientes o enfermos crónicos.
La importancia del citado documento viene dada porque sin duda responde a una solicitud de informe hecha por el Ministerio de Sanidad a las diferentes Consejerías, ante la decisión de realizar recortes de calado en las prestaciones, hecho que necesariamente debe llevarse a cabo mediante Real Decreto y para el conjunto del Estado. Los informes requeridos deben valorar – como se hace en el caso de Madrid – tanto el ahorro derivado del copago total o parcial, como el “impacto social”; es decir, el grado de indignación del respetable.
Todo un argumentario se está desplegando para facilitar la introducción de unas medidas altamente sensibles que cuando fueron propuestas en el Informe Abril Martorell provocaron la amenaza de huelga general. Hablan de la insostenibilidad del sistema, de dejar aparcada la ideología para buscar el interés general, de lo injusto de que pensionistas con rentas altas obtengan medicamentos gratis, del mal uso de los servicios sanitarios, del aumento desmesurado del gasto sanitario, de los incrementos permanentes de la factura farmacéutica,.. etc.
Lo que ocultan es que imponer el pago directo por el uso los servicios y eliminar la gratuidad de los medicamentos para pensionistas constituye la llave de oro del negocio de la privatización. Aunque la gran mayoría hable del aumento “insostenible” de la factura sanitaria y aproveche la crisis económica para enfatizar el argumento, en publicaciones restringidas se habla de que no es la búsqueda de fondos adicionales - de los que buena parte se iría en burocracia recaudatoria - el objetivo principal.
Los que hablan del “imparable” aumento del gasto nada dicen de que este se haya disparado precisamente por las medidas privatizadoras y, sobre todo, en las CC.AA. en las que el proceso de privatización está más avanzado, y que la insuficiencia de recursos y la correspondiente masificación en atención primaria determine incrementos no justificados de la factura farmacéutica. Por no hablar del escándalo de que falte dinero para la sanidad cuando se le dan miles de millones a la banca, cuando el fraude fiscal del capital anual es una vez y media mayor que el coste total de la sanidad o cuando se incrementa continuamente el gasto militar para atacar a otros pueblos, como en Afganistán o Libia.
Las verdaderas razones, inconfesables, van por otros derroteros. En el sector sanitario una pequeña parte de la población (enfermos crónicos, personas mayores y pobres, en los que es muy difícil diferenciar lo social de los sanitario) consume la mayor parte de los recursos. La gallina de los huevos de oro es “disuadir económicamente” de su utilización a los sectores de población que más necesidades tienen, que más recursos consumen y a los que pagar 2 euros por consulta o el 10% de los medicamentos retrae de su utilización.
Las consecuencias de esta brutal selección de pacientes, en función de su rentabilidad para el negocio privado, se ocultan por parte de sus impulsores, pero no se ignoran. Estudios realizados en otros países dan cuenta de los graves perjuicios que con estas medidas se ocasiona a la salud, precisamente de aquellos grupos de población que con criterios elementales de salud pública deberían ser, por el contrario, priorizados. Algunas de ellos son: retraso en el diagnóstico de enfermedades y el abandono de consultas preventivas; agravamiento de las patologías crónicas cuyo control periódico se deja de realizarse; incremento en la hospitalización y en el uso de urgencias, con el consiguiente incremento del gasto sanitario; abandono del uso de medicamentos, incluidos los esenciales; degradación de las prestaciones “básicas” incluidas en la sanidad pública, que se convertiría en beneficencia para pobres y, en definitiva, deterioro de la salud de los sectores de la población con menos recursos. La gestión privada de la sanidad pública tendría sí asegurado el negocio tras la autoexclusión de los enfermos “no rentables”.
Habrá quien crea que no se van a atrever a llevarlo a cabo en función del coste electoral que tal medida conllevaría, sobre todo entre los jubilados y pensionistas. En eso han pensado ya: habrá un Pacto de Estado por la Sanidad de las características del Pacto de Toledo para las Pensiones, de forma que, al ser suscrito por todas las fuerzas políticas institucionales, al menos PSOE, PP y derechas nacionalistas, la pérdida de voto sea equitativa. Todo ello en aras de los superiores intereses del capital que son a los que verdaderamente representan.
(PRIMERA PARTE) "LA CRISIS GENERAL DEL SISTEMA..." ÁNGELES MAESTRO
"La crisis general del sistema y la ruptura de los espejos del poder"
Angeles Maestro
Sábado, 23 de Abril de 2011 20:29
inSurGente.org
Estado Español - Política
Ponencia escrita para la XXVIII Semana Gallega de Filosofía: “Filosofía e Mentira” Pontevedra.
Del 25 al 29 de abril de 2011
En una hermosa carta titulada “Historia de los Espejos”[1] el Subcomandante Marcos define la historia contemporánea de México como un laberinto de espejos destinado a ocultar, tanto la realidad del poder, como la de los desposeídos. La metáfora no sirve sólo para México.
Impedir a las mayorías oprimidas el acceso al conocimiento de los procesos sociales es el elemento determinante del mantenimiento de la estructura de dominación.
Una de las frases más famosas de Henry Ford[1], da buena cuenta de la enorme importancia que desde los núcleos de poder se atribuye a la ignorancia de las mayorías para mantener el orden establecido:
“Es bueno que la gente no conozca el sistema bancario y monetario; si no, habría una revolución mañana por la mañana”.
El control de la información implica, no sólo impedir el acceso a datos objetivos, sino la producción selectiva de mensajes, modelos, y en definitiva, de ideología, tendente a conformar visiones del mundo y del individuo que favorezcan la reproducción del sistema de dominación.
El control casi absoluto de los medios de comunicación por parte de la burguesía – como al que ahora asistimos - es clave en este proceso.
Ocultar la información básica acerca del funcionamiento del sistema es necesario pero no suficiente para bloquear el complejo proceso de toma de conciencia.
La conformación de la identidad no se realiza en un laboratorio, sino en el marco de la lucha de clases. Es un proceso genuinamente dialéctico, de retroalimentación, en la medida en la que el ser consciente tiene capacidad para transformar su realidad, incluidas las fuentes de información, y él mismo es modificado en su desarrollo.
La acumulación de datos de la realidad, entre los que ocupan un lugar central los provenientes del trabajo como fuente central de todas las objetividades humanas, opera también sobre concepciones del mundo previas siempre incompletas, siempre en construcción y en contradicción, a las que nutre y da forma.
La conciencia individual y colectiva es un proceso histórico, no solamente porque tiene lugar en un tiempo y un espacio concretos, sino porque se inserta y es el resultado de la continuidad de la lucha de las generaciones precedentes y el origen de la de las que vendrán. El proyecto histórico emancipatorio es la metabolización creadora de la memoria, de la experiencia reunida, del tesoro acumulado de ejemplos de lucha, de aciertos y errores, en definitiva, del sentimiento de pertenencia y de la responsabilidad individual y colectiva de ocupar, en cada momento, el lugar correspondiente en la trinchera. Rodolfo Wash, periodista y escritor argentino, asesinado por la dictadura de Videla, lo expresó así:
“Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas”.
En este trabajo pretendo ilustrar cómo se ha llevado a cabo uno de los objetivos centrales de la oligarquía en el Estado español desde la Transición:
construir una imagen de sí mismo y de la realidad a través de una producción deformada de información y de ideología destinada a destruir la conciencia de clase y la identidad de los pueblos.
El gran obstáculo era una conciencia popular articulada y potente que, aunque sea de forma incompleta, reconocía como partes integrantes de la lucha general contra la Dictadura la emancipación de la clase obrera y los derechos nacionales de los pueblos del Estado español.
En contra de todos los pronósticos, e incluso de lo sucedido en otros países que sufrieron regímenes sanguinarios como Chile o Argentina, el exterminio de la generación que luchó frente al fascismo en la Guerra Civil y el terror que pretendió instalarse en las capas populares, no fue capaz de impedir la construcción de un potente y combativo movimiento de lucha contra la Dictadura. El movimiento obrero y popular se articuló en torno a un programa de ruptura que incluía importantes elementos antiimperialistas, de propiedad pública de empresas y recursos naturales y la defensa del Derecho de Autodeterminación de los pueblos. El objetivo central de las clases dominantes era desvertebrar ese movimiento.
El procedimiento fue romper la continuidad del proyecto histórico emancipatorio, destruir la memoria, vaciar de contenido a sus organizaciones e integrar en el sistema a sus cúpulas dirigentes, dejando a la izquierda y al movimiento obrero sin proyecto político.
En este texto se analizan en primer lugar los mecanismos a través de los cuales el poder ha producido imágenes falsas destinadas a conformar mentalidades sumisas en la inmensa mayoría, sobre dos aspectos concretos: la transición a la Democracia y la privatización de la sanidad.
En segundo lugar se aborda la medida en la que la crisis estructural del capitalismo, especialmente grave en el Estado español, tiene la capacidad de romper las imágenes prefabricadas, los espejos que ocultan la realidad, y de enfrentarnos con la desoladora crudeza de un capitalismo en el cenit de su fase imperialista que como un muerto viviente, como un auténtico vampiro, cada vez necesita destruir más seres humanos y recursos naturales.
En tercer lugar se hace una aproximación las tareas que tiene ante sí una izquierda merecedora de tal nombre.
I. El gran espejo: la Transición a la Democracia.
La magna obra tiene como gran acto inaugural la Transición, espectáculo formado una serie de discursos, de espejos, perfectamente integrados, capaces de minimizar la resistencia de los dominados
mientras se llevaba a cabo de forma inexorable – tanto por los gobiernos del PP, como por los del PSOE – el programa general del capital.
La continuidad histórica de la lucha por la emancipación de la clase obrera y de los pueblos del Estado español fue truncada por una Transición que, en aras de la instauración de formas políticas propias de una muy limitada democracia burguesa, garantizó la continuidad en lo esencial de la estructura de poder económico, militar, policial, judicial y de la administración del Estado de la Dictadura.
Este proceso se sustentó en una monarquía sin otra legitimidad que su designación por Franco.
El proceso de desmoronamiento ideológico, político y organizativo de las organizaciones de la izquierda tradicional, política y sindical, del Estado español, comparte características y causas con el sufrido por estas entidades en otros países capitalistas europeos. Hay sin embargo factores específicos directamente vinculados con su papel en la Transición, sin cuyo análisis es imposible entender la magnitud del desastre y mucho menos abordar la ardua y compleja tarea de la reconstrucción de la izquierda revolucionaria.
El proceso de demolición lento y sistemático de las organizaciones de clase tiene origen en su decisiva participación en un gran consenso que consagró la intangibilidad del Estado surgido de la Transición y en un gigantesco pacto de silencio sobre la masacre de las cuatro décadas anteriores.
Esa losa de silencio se aplicó sobre todo a la brutal represión de los primeros años de la Transición1, en aras de apuntalar el discurso oficial sobre su carácter “modélico y pacífico”. La aceptación por parte de la izquierda de ese discurso, en la medida que afectaba a su propia naturaleza, acabo destruyendo su identidad. Sobre esa base fue mucho más fácil ir desvirtuando los ejes estratégicos de su programa político hasta hacerlos desaparecer.
Las claves del marco jurídico-político de la Transición
El objetivo de la ruptura democrática que vertebró la lucha contra la Dictadura nunca vio la luz. Más bien todo lo contrario. El apoyo de los grupos parlamentarios de la izquierda a la Ley de Amnistía2 de 15 de octubre de 1977, la firma por el PCE y el PSOE de los Pactos de la Moncloa3 doce días después y, como colofón, su defensa de la Constitución de 1978 definen la Transición y expresan otra muy diferente ruptura: la del PCE, organización que hegemonizó la lucha antifascista, con los elementos esenciales de su programa político.
La ley de Amnistía liquidaba cualquier responsabilidad por "todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis".
Quedaban impunes los centenares de miles de asesinatos, torturas, encarcelamientos, despidos, perpetrados por la Dictadura contra todo un pueblo.
Es una de las más gigantescas "leyes de punto final" que ha conocido la larga historia del terrorismo de Estado.
Bajo ese manto de impunidad cayeron hechos muy recientes entonces y de la magnitud del fusilamiento de cinco jóvenes antifascistas el 27 de septiembre de 1975, con Franco agonizante y con el rey ejerciendo de número dos en la Jefatura del Estado o la matanza por disparos de la policía de cinco trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976, siendo Fraga Iribarne Ministro de la Gobernación.
De su carácter de "ley de punto final", vigente hasta la fecha, da cuenta lo siguiente: el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ante las demandas judiciales de anulación de los juicios militares sumarísimos - como en los casos antes citados, en el de Miguel hernández, en el de Julián Grimau, en los de los anarquistas Granado4 y Delgado ejecutados a garrote vil en 1963 y en los de tantos otros, han utilizado la Ley de Amnistía como auténtica ley de punto final para denegar cualquier revisión, garantizando así la impunidad de la Dictadura. A nadie, ni en medios de comunicación, ni en círculos políticos o judiciales, parece haberle llamado la atención que los tribunales del Estado hayan declarado en varias ocasiones competente a la justicia española para procesar a dirigentes de otros países responsables de crímenes de Estado, considerando para ello como ilegítimos marcos jurídicos semejantes al nuestro.
Significativamente, doce días después de la Ley de Amnistía se firman los Pactos de la Moncloa. Podría pensarse que en la citada Ley se trataba exclusivamente de la anulación de la responsabilidad penal por los delitos y que el "punto final" era también, al menos, borrón y cuenta nueva para depurar a los elementos más comprometidos con la Dictadura de los aparatos del Estado. Nada más lejos de la realidad. En el preámbulo de los Pactos se alude exclusivamente como justificación de los mismos a la crisis económica por la que atraviesa el país y a la necesidad de abordar "unánimemente" las medidas necesarias. En el apartado en que se abordan medidas de reorganización administrativa de las fuerzas de seguridad del Estado, no hay ni una palabra acerca de su democratización, nada acerca de responsabilidades, nada sobre el ejército, sobre la judicatura, sobre la corrupción en empresas públicas, etc.
La Constitución de 1978 establece una democracia burguesa seriamente limitada e impone una monarquía heredera directa del Dictador, consagrando la quiebra de la legalidad republicana y usurpando la decisión popular acerca de la forma de Estado.
El rey es el jefe supremo del ejército, quien a su vez es instituido como garante de la unidad de España. Niega uno de los pilares de la lucha por la libertad de los pueblos del Estado español: el Derecho de Autodeterminación. Establece como inalienable el derecho de propiedad y la libertad de empresa, mientras los derechos sociales carecen de garantía alguna, considerándose como principios rectores de la política económica, interpretables por el gobierno de turno.
La soberanía popular y la democracia directa quedan reguladas por la Ley de Referéndum más restrictiva de la UE: sólo puede convocarlo el presidente del gobierno y su resultado no tiene carácter vinculante.
La soberanía nacional, ya pisoteada por los patriotas fascistas con la instalación de numerosas bases de EE.UU., se hipoteca definitivamente con la entrada en la OTAN y la UEO.
I.2.- El consenso sobre el papel del Estado y la política antiterrorista, 30 años antes de la Patriot Act de G. W. Bush.
El incesante recurso al consenso para justificar la aceptación por parte de la izquierda de un orden político y económico a la medida de la oligarquía española, y el pacto de silencio sobre la Guerra Civil, sobre los cientos de miles de asesinatos tras la entrada de los "nacionales" en cada pueblo y en la larga posguerra, sobre el maquis, sobre la brutal represión de las organizaciones populares, así como la frecuente utilización como justificante de la amenaza de golpe de estado, consumaron, excepto en Euskal Herria, - y en menor medida en otras nacionalidades - la profunda desvertebración política e ideológica de los pueblos del Estado español.
Fenómenos de subcultura como la "movida" de los años 80 y la entrada masiva de droga en los barrios obreros de las grandes ciudades, sirvieron para narcotizar la voluntad de resistencia y de rebeldía de una juventud, difícil de domesticar de otra manera, y que asistía al avance inexorable de las políticas neoliberales al tiempo que se hundían sin alternativa los proyectos revolucionarios de generaciones anteriores.
El gran consenso, origen de todos los demás, fue el que se tejió, con la complicidad de partidos que se autoproclamaban marxistas, acerca del carácter neutral del Estado. La quiebra definitiva del más mínimo planteamiento de transformación social fue asimilar que todo lo que es el Estado (ejército, fuerzas represivas, aparato judicial, política exterior, institucionesetc.), no representa intereses de clase, sino que se sitúa en un sagrado limbo, por encima de los conflictos sociales.
La limitadísima democracia burguesa,
con un rey a la cabeza nombrado por
Franco y con unos aparatos del Estado
heredados de la Dictadura, con sus
jerarquías intactas, eran la Democracia.
Quienes salieran de sus límites eran, terroristas, sobre quienes debía caer el peso de sus democráticas leyes y de la violencia del único depositario legítimo de la misma.
La defensa del Derecho de Autodeterminación de los pueblos como principio democrático básico por parte de la izquierda5 que se puede rastrear, al menos, hasta 1970 en las luchas producidas en todo el Estado con ocasión del Proceso de Burgos, fue una de las primeras desaparecidas en las turbias aguas de la Transición. Después, y sin duda directamente vinculado a las condiciones impuestas y aceptadas para la legalización del PCE, se abrió un abismo insalvable entre la izquierda institucional y la izquierda abertzale y, lo que es más grave, con la decidida complicidad de CC.OO. y UGT, se inoculó el españolismo antiterrorista, situado ideológicamente en los aledaños del fascismo, en amplios sectores populares.
La negación por parte de la izquierda de la naturaleza
del Estado como instrumento privilegiado de la burguesía en la lucha de clases - máxime cuando conservaba intacta la herencia fascista - que impregna a todas y cada una de sus instituciones y que ejerce la más brutal violencia social para sostener un sistema que se sustenta en la dictadura del capital sobre el resto de la sociedad, es el auténtico pilar de la Transición sobre el que se edifica el famoso consenso.
Esa es la clave de bóveda que ha sustentado y sustenta la complicidad de la izquierda en toda la trama antiterrorista: desde el apoyo del PSOE y del PCE a la Ley Antiterrorista de 1981, al ejercicio directo del terrorismo de estado por el GAL del PSOE, al Pacto Antiterrorista PSOE-PP, la Ley de Partidos Políticos, la ilegalización de Batasuna con la abstención de IU, el voto favorable del Grupo Socialista y de IU a la Orden de detención europea, la aceptación durante las primeras 48 horas de la tesis de la autoría de ETA en los atentados del 11M de 2004 por parte del PSOE, PCE e IU, etc.
El fantasma del golpe de estado ha sido profusamente agitado y utilizado en ocasiones claves para impedir que sectores de la izquierda tomaran actitudes o decisiones que rompieran el guión establecido. Algunos sucesos significativos son los siguientes:
- la reiterada afirmación de Santiago Carrillo de que "el color de una bandera no merece una Guerra Civil" para justificar la traumática decisión de prohibir a su militancia la exhibición de banderas republicanas.
- la intervención de Tierno Galván en 1979 en el Congreso del PSOE, cuando Felipe González vio derrotada su tesis que preconizaba el abandono del marxismo, advirtiendo a los delegados que si elegían una dirección no aprobada por González "mañana mismo los alemanes cortan la financiación del partido y en unos días más los tanques ocupan las calles de Madrid’6.
- el intento de golpe de estado del 23 de febrero que, como los analistas independientes7 muestran con claridad, tuvo a Tejero y a Milans del Bosch como conejillos de indias de la versión más burda de un doble montaje. De la otra operación, también golpista, pero de guante blanco y mucho más compleja, formaban parte líderes de los grupos parlamentarios comprometidos en un gobierno de "concentración nacional"8 presidido por el general Armada. Ambos proyectos eran conocidos por el rey y ambos contaban con él como Jefe del Estado y como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas. Finalmente Tejero desbarató la "operación Armada" y el rey apareció como salvador de la “democracia”.
A la desnaturalización ideológica y política de lo que fue izquierda revolucionaria, le siguió su liquidación organizativa. Decenas de miles de militantes abandonaron el PCE entre 1977 y 1982, año en el que se produjo su debacle electoral. Algo semejante ocurrió en otros partidos situados a su izquierda. La institucionalización de sus cuadros se continuó con una militancia clientelar, alrededor de ayuntamientos y empresas. La creación masiva de ONGs por parte de partidos de izquierda, movimientos sociales y sindicatos se configuró desde entonces como un privilegiado aliado de la coartada de la "cooperación" y la "ayuda humanitaria" destinada a enmascarar procesos de recolonización e intervenciones militares de saqueo. Las ONGs son, además, valiosísimas aliadas de las privatizaciones y, sobre todo, un poderoso instrumento de integración económica y de neutralización de rebeldías juveniles.
I.3.- El timo histórico del Referéndum de la OTAN
Algunos analistas identifican el final de la Transición con el Referéndum de la OTAN. No les falta razón. La consulta celebrada en 1986 es un ejemplo nítido de manipulación desde el poder dirigida a liquidar uno de los elementos fundamentales del programa de ruptura con la Dictadura. La entrada en la OTAN decidida en 1981 por el gobierno Calvo Sotelo inmediatamente después del intento de Golpe del 23 de febrero fue duramente contestada desde la izquierda y se identidifica como una de las causas de la dimisión de Adolfo Suárez. Además el PSOE ganó por mayoría absoluta las elecciones generales de 1982 con el lema: “OTAN de entrada, NO”.
En marzo de 1986 Felipe González convocó el Referéndum para la permanencia en la OTAN pidiendo el SI. Las condiciones eran éstas:
El Gobierno considera conveniente, para los intereses nacionales, que España permanezca en la Alianza Atlántica, y acuerda que dicha permanencia se establezca en los siguientes términos:
1.º La participación de España en la Alianza Atlántica no incluirá su incorporación a la estructura militar integrada.
2.º Se mantendrá la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en territorio español.
3.º Se procederá a la reducción progresiva de la presencia militar de los Estados Unidos en España.
¿Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el Gobierno de la Nación?
Los argumentos esgrimidos desde el gobierno PSOE para justificar su cambio total de posición podrían formar parte de los anales del “palo y la zanahoria”. Sin el menor escrúpulo se planteó la entrada en la OTAN como el peaje necesario para entrar en la Europa-paraíso de la democracia y de los derechos sociales. Más o menos se venía a decir que lo que no se había acabado de conseguir con la Constitución de 1978 se consumaría con la entrada en la CEE y para ello era necesario tragar la píldora de la OTAN. Que ese paraíso estaba a punto de derrumbarse, que la imposición de las políticas neoliberales estaba en marcha y no había retorno, las clases dominantes y los gobiernos lo sabían perfectamente; pero el espejo cumplió su función.
Por si acaso, también operó el palo, sin ambages, apelando a la memoria del terror recién refrescada por el 23 F. Felipe González utilizó la amenaza directa de golpe de estado militar o de ataque de EE.UU., durante los últimos días de campaña. El 52% votó SI y el 39,8% votó “no”. El "no" triunfó en Cataluña, Comunidad Autónoma Vasca, Navarra y en Canarias.
Más allá de los resultados, del fraude electoral de un gobierno que cambia la posición política del programa por el que fue elegido, la estafa mayor es la que deriva de la vulneración total de las tres condiciones de la pregunta para la que se pedía el voto afirmativo.
España no sólo forma parte de la estructura militar, sino que dirige tropas de ocupación de la OTAN como en Afganistán. Javier Solana, que escribió en 1982 “Cincuenta razones para decir NO a la OTAN”, fue designado en 1995 Secretario General de la Organización.
Las bases de Morón y Rota han crecido exponencialmente. Esta última ha sido calificada por altos representantes del Gobierno de EE.UU. como "clave para nuestra defensa". De ellas salieron miles de bombarderos para atacar Iraq en 1991 y en 2003, como ahora lo están haciendo con Libia.
Con respecto a las armas nucleares, en los sucesivos Convenios Bilaterales con EE.UU. ni se habla, como hacen los buenos súbditos.
Como muestra valga el dato de que en sede parlamentaria el gobierno español tuvo que reconocer que entre marzo de 2000 y abril de 2001 seis navíos nucleares habían hecho escala en Rota.
I.4.- La IU de la etapa Anguita, un destello sin continuidad
El auge de IU en la etapa de Anguita no ha sido más que un paréntesis en este proceso. Como se ha demostrado con su vertiginoso hundimiento en estos últimos años, estaban en su código genético los elementos fundamentales de la desnaturalización del PCE. Los intentos del Coordinador General de cuestionar la Constitución en 1997 y de abordar el Derecho de Autodeterminación con la integración de Ezker Batua en el pacto de Lizarra en 1998, fueron abortados desde el interior de la organización y quedaron reducidos a meros brindis al sol. Algo parecido ocurrió con la Plataforma por las 35 horas por Ley constituida el mismo año: nació con vocación de proyecto estratégico para enfrentar el entreguismo sindical y desapareció sin dejar rastro, apenas un año más tarde, cuando Frutos sustituyó a Anguita para realizar el pacto pre-electoral IU-PSOE en el año 2000.
Se inauguraba formalmente su subordinación al mismo y se liquidaba cualquier veleidad anti-sistema.
Tras las elecciones del 14 de marzo de 2004 y tras la nueva debacle electoral de IU, especialmente significativa porque se produjo tras las importantes movilizaciones contra la guerra, un editorial de ABC señalaba con preocupación:
"(…) El paisaje democrático español ofrece históricamente un espacio claro a la izquierda del PSOE, donde debe asentarse una formación que refuerce la centralidad política de la socialdemocracia y al tiempo sirva de dique de contención para las tentaciones antisistema. IU ha ejercido, desde su refundación a partir del viejo PCE, como factor de estabilidad que ha cargado a sus espaldas con los distintos impulsos de izquierda alternativa que se han ido configurando tras la crisis del marxismo tradicional, evitando que se produzcan tentaciones escapistas y rupturistas al margen de los cauces de la democracia".
La clarividencia con la que se expresan los intereses de clase de ABC acerca del papel que han jugado, desde la Transición, el PCE e IU, hacen innecesario cualquier comentario.
I.5.- El movimiento obrero.
El movimiento obrero es otro ámbito privilegiado en el que se pone de manifiesto el cambio cualitativo operado en la izquierda política y sindical durante la Transición, con las desastrosas consecuencias para la clase trabajadora que estamos viviendo.
En abril de 1976, con los sindicatos de clase y la izquierda política aún en la clandestinidad, pero con un alto grado de organización y combatividad de la clase obrera, se promulgaba la Ley de Relaciones Laborales más avanzada de nuestra historia. En ella se reconocían amplios derechos laborales y, sobre todo, se establecía por primera vez el objetivo general de la estabilidad en el empleo y el carácter básico de la contratación indefinida, concretándose unas pocas excepciones. Además se instauraba la obligatoriedad de la readmisión del trabajador, si este así lo deseaba, en caso de despido improcedente. Llama la atención que esta Ley se promulgase en plena crisis económica y cuando la mayor parte de los ordenamientos jurídicos de Europa occidental estaban evolucionando hacia la "flexibilidad’. La clase obrera era fuerte y la correlación de fuerzas mandaba. Sin embargo, era el principio del final.
En noviembre de 1975 cientos de miles de trabajadoras y trabajadores de todo el Estado secundaron potentes huelgas contra el Decreto Ley de Congelación Salarial del primer gobierno de la monarquía tras la muerte de Franco. Lo más peligroso para el régimen era, junto a la rápida politización de las movilizaciones, la gran extensión de las formas asamblearias de organización obrera y la dirección de las movilizaciones por Comisiones de trabajadores elegidos directamente al margen del sindicalismo vertical. Sus ingredientes fundamentales entrañaban altos riesgos: constituían el pilar fundamental de la unidad de clase y eran difícilmente controlables mediante los mecanismos habituales de corrupción ya que el poder residía siempre en la asamblea que tenía la capacidad de revocar a sus representantes en cualquier momento.
La masacre de Vitoria en marzo de 1976 fue el instrumento del escarmiento. Cinco jóvenes trabajadores asesinados, decenas de heridos, 2000 balas disparadas, otros dos trabajadores asesinados días después en movilizaciones de solidaridad en Basauri y Tarragona, fueron el testimonio del ensañamiento. Pero también los sucesos de Vitoria mostraron síntomas de que algo fundamental estaba cambiando en el movimiento obrero. ¿Cómo se explica que ante una agresión de esa magnitud, con un movimiento obrero de tal potencia y con centenares de miles de trabajadores movilizados, sólo hubiera una huelga general de solidaridad en el País Vasco, y no en el resto del Estado?
La Transición estaba comenzando por uno de sus elementos clave: en julio de 1976 tuvo lugar el Congreso de CC.OO en Barcelona en el que se decidió dejar de ser un movimiento sociopolítico, expresión unitaria de la clase obrera, para pasar a ser un sindicato. La unidad estaba rota. La CSUT y el SU se escindieron y comenzó a toda prisa el apoyo financiero, mediático y organizativo a la UGT – inexistente hasta entonces – por parte de los poderes del Estado y de la socialdemocracia alemana.
La Ley de 1976 permaneció poco más de un año. Los Pactos de la Moncloa, de 25 de octubre de 1977, cuestionaron frontalmente lo promulgado 18 meses antes y se reintrodujo la contratación temporal9, vigente durante toda la Dictadura y objetivo concreto de duras luchas obreras. Un mes más tarde se publicó un Real Decreto que autorizaba la realización de contratos temporales a trabajadores en paro y a trabajadores juveniles, sin tener que someterlos a la "formalidad’ de justificar su causalidad. Se liquidó la obligatoriedad de la readmisión en despidos improcedentes. En una de tantas paradojas de la Transición, la recién estrenada democracia conculcó por Real Decreto el contenido de una Ley de Relaciones Laborales sin que, ni los recién legalizados sindicatos, ni el recién elegido Parlamento, dijeran absolutamente nada.
Tras los Pactos de la Moncloa la clase obrera perdió un 7% de poder adquisitivo.
Contrarreforma tras contrarreforma, lo sucedido después es una cadena sin fin de privatizaciones, desregulaciones, generalización progresiva de la temporalidad, subvenciones a la banca y a las grandes multinacionales y reformas fiscales regresivas. La última reforma laboral, la reforma de las pensiones y la reforma de la negociación colectiva, en un marco de Pacto Social – apenas interrumpido por la huelga general de septiembre de 2010 – constituyen una expresión más de una patronal insaciable y de un gobierno que representa sus intereses, junto a unas cúpulas de CC.OO. UGT que han aceptado la competitividad como ley suprema a la cual se subordinan las relaciones laborales.
Se ha conformado así la más absoluta domesticación de las dos grandes centrales sindicales, generosamente lubricada con dinero y prebendas de la patronal y, sobre todo, de los Presupuestos Generales del Estado.
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