"La crisis general del sistema y la ruptura de los espejos del poder"
Angeles Maestro
Sábado, 23 de Abril de 2011 20:29
inSurGente.org
Estado Español - Política
Ponencia escrita para la XXVIII Semana Gallega de Filosofía: “Filosofía e Mentira” Pontevedra.
Del 25 al 29 de abril de 2011
En una hermosa carta titulada “Historia de los Espejos”[1] el Subcomandante Marcos define la historia contemporánea de México como un laberinto de espejos destinado a ocultar, tanto la realidad del poder, como la de los desposeídos. La metáfora no sirve sólo para México.
Impedir a las mayorías oprimidas el acceso al conocimiento de los procesos sociales es el elemento determinante del mantenimiento de la estructura de dominación.
Una de las frases más famosas de Henry Ford[1], da buena cuenta de la enorme importancia que desde los núcleos de poder se atribuye a la ignorancia de las mayorías para mantener el orden establecido:
“Es bueno que la gente no conozca el sistema bancario y monetario; si no, habría una revolución mañana por la mañana”.
El control de la información implica, no sólo impedir el acceso a datos objetivos, sino la producción selectiva de mensajes, modelos, y en definitiva, de ideología, tendente a conformar visiones del mundo y del individuo que favorezcan la reproducción del sistema de dominación.
El control casi absoluto de los medios de comunicación por parte de la burguesía – como al que ahora asistimos - es clave en este proceso.
Ocultar la información básica acerca del funcionamiento del sistema es necesario pero no suficiente para bloquear el complejo proceso de toma de conciencia.
La conformación de la identidad no se realiza en un laboratorio, sino en el marco de la lucha de clases. Es un proceso genuinamente dialéctico, de retroalimentación, en la medida en la que el ser consciente tiene capacidad para transformar su realidad, incluidas las fuentes de información, y él mismo es modificado en su desarrollo.
La acumulación de datos de la realidad, entre los que ocupan un lugar central los provenientes del trabajo como fuente central de todas las objetividades humanas, opera también sobre concepciones del mundo previas siempre incompletas, siempre en construcción y en contradicción, a las que nutre y da forma.
La conciencia individual y colectiva es un proceso histórico, no solamente porque tiene lugar en un tiempo y un espacio concretos, sino porque se inserta y es el resultado de la continuidad de la lucha de las generaciones precedentes y el origen de la de las que vendrán. El proyecto histórico emancipatorio es la metabolización creadora de la memoria, de la experiencia reunida, del tesoro acumulado de ejemplos de lucha, de aciertos y errores, en definitiva, del sentimiento de pertenencia y de la responsabilidad individual y colectiva de ocupar, en cada momento, el lugar correspondiente en la trinchera. Rodolfo Wash, periodista y escritor argentino, asesinado por la dictadura de Videla, lo expresó así:
“Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas”.
En este trabajo pretendo ilustrar cómo se ha llevado a cabo uno de los objetivos centrales de la oligarquía en el Estado español desde la Transición:
construir una imagen de sí mismo y de la realidad a través de una producción deformada de información y de ideología destinada a destruir la conciencia de clase y la identidad de los pueblos.
El gran obstáculo era una conciencia popular articulada y potente que, aunque sea de forma incompleta, reconocía como partes integrantes de la lucha general contra la Dictadura la emancipación de la clase obrera y los derechos nacionales de los pueblos del Estado español.
En contra de todos los pronósticos, e incluso de lo sucedido en otros países que sufrieron regímenes sanguinarios como Chile o Argentina, el exterminio de la generación que luchó frente al fascismo en la Guerra Civil y el terror que pretendió instalarse en las capas populares, no fue capaz de impedir la construcción de un potente y combativo movimiento de lucha contra la Dictadura. El movimiento obrero y popular se articuló en torno a un programa de ruptura que incluía importantes elementos antiimperialistas, de propiedad pública de empresas y recursos naturales y la defensa del Derecho de Autodeterminación de los pueblos. El objetivo central de las clases dominantes era desvertebrar ese movimiento.
El procedimiento fue romper la continuidad del proyecto histórico emancipatorio, destruir la memoria, vaciar de contenido a sus organizaciones e integrar en el sistema a sus cúpulas dirigentes, dejando a la izquierda y al movimiento obrero sin proyecto político.
En este texto se analizan en primer lugar los mecanismos a través de los cuales el poder ha producido imágenes falsas destinadas a conformar mentalidades sumisas en la inmensa mayoría, sobre dos aspectos concretos: la transición a la Democracia y la privatización de la sanidad.
En segundo lugar se aborda la medida en la que la crisis estructural del capitalismo, especialmente grave en el Estado español, tiene la capacidad de romper las imágenes prefabricadas, los espejos que ocultan la realidad, y de enfrentarnos con la desoladora crudeza de un capitalismo en el cenit de su fase imperialista que como un muerto viviente, como un auténtico vampiro, cada vez necesita destruir más seres humanos y recursos naturales.
En tercer lugar se hace una aproximación las tareas que tiene ante sí una izquierda merecedora de tal nombre.
I. El gran espejo: la Transición a la Democracia.
La magna obra tiene como gran acto inaugural la Transición, espectáculo formado una serie de discursos, de espejos, perfectamente integrados, capaces de minimizar la resistencia de los dominados
mientras se llevaba a cabo de forma inexorable – tanto por los gobiernos del PP, como por los del PSOE – el programa general del capital.
La continuidad histórica de la lucha por la emancipación de la clase obrera y de los pueblos del Estado español fue truncada por una Transición que, en aras de la instauración de formas políticas propias de una muy limitada democracia burguesa, garantizó la continuidad en lo esencial de la estructura de poder económico, militar, policial, judicial y de la administración del Estado de la Dictadura.
Este proceso se sustentó en una monarquía sin otra legitimidad que su designación por Franco.
El proceso de desmoronamiento ideológico, político y organizativo de las organizaciones de la izquierda tradicional, política y sindical, del Estado español, comparte características y causas con el sufrido por estas entidades en otros países capitalistas europeos. Hay sin embargo factores específicos directamente vinculados con su papel en la Transición, sin cuyo análisis es imposible entender la magnitud del desastre y mucho menos abordar la ardua y compleja tarea de la reconstrucción de la izquierda revolucionaria.
El proceso de demolición lento y sistemático de las organizaciones de clase tiene origen en su decisiva participación en un gran consenso que consagró la intangibilidad del Estado surgido de la Transición y en un gigantesco pacto de silencio sobre la masacre de las cuatro décadas anteriores.
Esa losa de silencio se aplicó sobre todo a la brutal represión de los primeros años de la Transición1, en aras de apuntalar el discurso oficial sobre su carácter “modélico y pacífico”. La aceptación por parte de la izquierda de ese discurso, en la medida que afectaba a su propia naturaleza, acabo destruyendo su identidad. Sobre esa base fue mucho más fácil ir desvirtuando los ejes estratégicos de su programa político hasta hacerlos desaparecer.
Las claves del marco jurídico-político de la Transición
El objetivo de la ruptura democrática que vertebró la lucha contra la Dictadura nunca vio la luz. Más bien todo lo contrario. El apoyo de los grupos parlamentarios de la izquierda a la Ley de Amnistía2 de 15 de octubre de 1977, la firma por el PCE y el PSOE de los Pactos de la Moncloa3 doce días después y, como colofón, su defensa de la Constitución de 1978 definen la Transición y expresan otra muy diferente ruptura: la del PCE, organización que hegemonizó la lucha antifascista, con los elementos esenciales de su programa político.
La ley de Amnistía liquidaba cualquier responsabilidad por "todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis".
Quedaban impunes los centenares de miles de asesinatos, torturas, encarcelamientos, despidos, perpetrados por la Dictadura contra todo un pueblo.
Es una de las más gigantescas "leyes de punto final" que ha conocido la larga historia del terrorismo de Estado.
Bajo ese manto de impunidad cayeron hechos muy recientes entonces y de la magnitud del fusilamiento de cinco jóvenes antifascistas el 27 de septiembre de 1975, con Franco agonizante y con el rey ejerciendo de número dos en la Jefatura del Estado o la matanza por disparos de la policía de cinco trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976, siendo Fraga Iribarne Ministro de la Gobernación.
De su carácter de "ley de punto final", vigente hasta la fecha, da cuenta lo siguiente: el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ante las demandas judiciales de anulación de los juicios militares sumarísimos - como en los casos antes citados, en el de Miguel hernández, en el de Julián Grimau, en los de los anarquistas Granado4 y Delgado ejecutados a garrote vil en 1963 y en los de tantos otros, han utilizado la Ley de Amnistía como auténtica ley de punto final para denegar cualquier revisión, garantizando así la impunidad de la Dictadura. A nadie, ni en medios de comunicación, ni en círculos políticos o judiciales, parece haberle llamado la atención que los tribunales del Estado hayan declarado en varias ocasiones competente a la justicia española para procesar a dirigentes de otros países responsables de crímenes de Estado, considerando para ello como ilegítimos marcos jurídicos semejantes al nuestro.
Significativamente, doce días después de la Ley de Amnistía se firman los Pactos de la Moncloa. Podría pensarse que en la citada Ley se trataba exclusivamente de la anulación de la responsabilidad penal por los delitos y que el "punto final" era también, al menos, borrón y cuenta nueva para depurar a los elementos más comprometidos con la Dictadura de los aparatos del Estado. Nada más lejos de la realidad. En el preámbulo de los Pactos se alude exclusivamente como justificación de los mismos a la crisis económica por la que atraviesa el país y a la necesidad de abordar "unánimemente" las medidas necesarias. En el apartado en que se abordan medidas de reorganización administrativa de las fuerzas de seguridad del Estado, no hay ni una palabra acerca de su democratización, nada acerca de responsabilidades, nada sobre el ejército, sobre la judicatura, sobre la corrupción en empresas públicas, etc.
La Constitución de 1978 establece una democracia burguesa seriamente limitada e impone una monarquía heredera directa del Dictador, consagrando la quiebra de la legalidad republicana y usurpando la decisión popular acerca de la forma de Estado.
El rey es el jefe supremo del ejército, quien a su vez es instituido como garante de la unidad de España. Niega uno de los pilares de la lucha por la libertad de los pueblos del Estado español: el Derecho de Autodeterminación. Establece como inalienable el derecho de propiedad y la libertad de empresa, mientras los derechos sociales carecen de garantía alguna, considerándose como principios rectores de la política económica, interpretables por el gobierno de turno.
La soberanía popular y la democracia directa quedan reguladas por la Ley de Referéndum más restrictiva de la UE: sólo puede convocarlo el presidente del gobierno y su resultado no tiene carácter vinculante.
La soberanía nacional, ya pisoteada por los patriotas fascistas con la instalación de numerosas bases de EE.UU., se hipoteca definitivamente con la entrada en la OTAN y la UEO.
I.2.- El consenso sobre el papel del Estado y la política antiterrorista, 30 años antes de la Patriot Act de G. W. Bush.
El incesante recurso al consenso para justificar la aceptación por parte de la izquierda de un orden político y económico a la medida de la oligarquía española, y el pacto de silencio sobre la Guerra Civil, sobre los cientos de miles de asesinatos tras la entrada de los "nacionales" en cada pueblo y en la larga posguerra, sobre el maquis, sobre la brutal represión de las organizaciones populares, así como la frecuente utilización como justificante de la amenaza de golpe de estado, consumaron, excepto en Euskal Herria, - y en menor medida en otras nacionalidades - la profunda desvertebración política e ideológica de los pueblos del Estado español.
Fenómenos de subcultura como la "movida" de los años 80 y la entrada masiva de droga en los barrios obreros de las grandes ciudades, sirvieron para narcotizar la voluntad de resistencia y de rebeldía de una juventud, difícil de domesticar de otra manera, y que asistía al avance inexorable de las políticas neoliberales al tiempo que se hundían sin alternativa los proyectos revolucionarios de generaciones anteriores.
El gran consenso, origen de todos los demás, fue el que se tejió, con la complicidad de partidos que se autoproclamaban marxistas, acerca del carácter neutral del Estado. La quiebra definitiva del más mínimo planteamiento de transformación social fue asimilar que todo lo que es el Estado (ejército, fuerzas represivas, aparato judicial, política exterior, institucionesetc.), no representa intereses de clase, sino que se sitúa en un sagrado limbo, por encima de los conflictos sociales.
La limitadísima democracia burguesa,
con un rey a la cabeza nombrado por
Franco y con unos aparatos del Estado
heredados de la Dictadura, con sus
jerarquías intactas, eran la Democracia.
Quienes salieran de sus límites eran, terroristas, sobre quienes debía caer el peso de sus democráticas leyes y de la violencia del único depositario legítimo de la misma.
La defensa del Derecho de Autodeterminación de los pueblos como principio democrático básico por parte de la izquierda5 que se puede rastrear, al menos, hasta 1970 en las luchas producidas en todo el Estado con ocasión del Proceso de Burgos, fue una de las primeras desaparecidas en las turbias aguas de la Transición. Después, y sin duda directamente vinculado a las condiciones impuestas y aceptadas para la legalización del PCE, se abrió un abismo insalvable entre la izquierda institucional y la izquierda abertzale y, lo que es más grave, con la decidida complicidad de CC.OO. y UGT, se inoculó el españolismo antiterrorista, situado ideológicamente en los aledaños del fascismo, en amplios sectores populares.
La negación por parte de la izquierda de la naturaleza
del Estado como instrumento privilegiado de la burguesía en la lucha de clases - máxime cuando conservaba intacta la herencia fascista - que impregna a todas y cada una de sus instituciones y que ejerce la más brutal violencia social para sostener un sistema que se sustenta en la dictadura del capital sobre el resto de la sociedad, es el auténtico pilar de la Transición sobre el que se edifica el famoso consenso.
Esa es la clave de bóveda que ha sustentado y sustenta la complicidad de la izquierda en toda la trama antiterrorista: desde el apoyo del PSOE y del PCE a la Ley Antiterrorista de 1981, al ejercicio directo del terrorismo de estado por el GAL del PSOE, al Pacto Antiterrorista PSOE-PP, la Ley de Partidos Políticos, la ilegalización de Batasuna con la abstención de IU, el voto favorable del Grupo Socialista y de IU a la Orden de detención europea, la aceptación durante las primeras 48 horas de la tesis de la autoría de ETA en los atentados del 11M de 2004 por parte del PSOE, PCE e IU, etc.
El fantasma del golpe de estado ha sido profusamente agitado y utilizado en ocasiones claves para impedir que sectores de la izquierda tomaran actitudes o decisiones que rompieran el guión establecido. Algunos sucesos significativos son los siguientes:
- la reiterada afirmación de Santiago Carrillo de que "el color de una bandera no merece una Guerra Civil" para justificar la traumática decisión de prohibir a su militancia la exhibición de banderas republicanas.
- la intervención de Tierno Galván en 1979 en el Congreso del PSOE, cuando Felipe González vio derrotada su tesis que preconizaba el abandono del marxismo, advirtiendo a los delegados que si elegían una dirección no aprobada por González "mañana mismo los alemanes cortan la financiación del partido y en unos días más los tanques ocupan las calles de Madrid’6.
- el intento de golpe de estado del 23 de febrero que, como los analistas independientes7 muestran con claridad, tuvo a Tejero y a Milans del Bosch como conejillos de indias de la versión más burda de un doble montaje. De la otra operación, también golpista, pero de guante blanco y mucho más compleja, formaban parte líderes de los grupos parlamentarios comprometidos en un gobierno de "concentración nacional"8 presidido por el general Armada. Ambos proyectos eran conocidos por el rey y ambos contaban con él como Jefe del Estado y como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas. Finalmente Tejero desbarató la "operación Armada" y el rey apareció como salvador de la “democracia”.
A la desnaturalización ideológica y política de lo que fue izquierda revolucionaria, le siguió su liquidación organizativa. Decenas de miles de militantes abandonaron el PCE entre 1977 y 1982, año en el que se produjo su debacle electoral. Algo semejante ocurrió en otros partidos situados a su izquierda. La institucionalización de sus cuadros se continuó con una militancia clientelar, alrededor de ayuntamientos y empresas. La creación masiva de ONGs por parte de partidos de izquierda, movimientos sociales y sindicatos se configuró desde entonces como un privilegiado aliado de la coartada de la "cooperación" y la "ayuda humanitaria" destinada a enmascarar procesos de recolonización e intervenciones militares de saqueo. Las ONGs son, además, valiosísimas aliadas de las privatizaciones y, sobre todo, un poderoso instrumento de integración económica y de neutralización de rebeldías juveniles.
I.3.- El timo histórico del Referéndum de la OTAN
Algunos analistas identifican el final de la Transición con el Referéndum de la OTAN. No les falta razón. La consulta celebrada en 1986 es un ejemplo nítido de manipulación desde el poder dirigida a liquidar uno de los elementos fundamentales del programa de ruptura con la Dictadura. La entrada en la OTAN decidida en 1981 por el gobierno Calvo Sotelo inmediatamente después del intento de Golpe del 23 de febrero fue duramente contestada desde la izquierda y se identidifica como una de las causas de la dimisión de Adolfo Suárez. Además el PSOE ganó por mayoría absoluta las elecciones generales de 1982 con el lema: “OTAN de entrada, NO”.
En marzo de 1986 Felipe González convocó el Referéndum para la permanencia en la OTAN pidiendo el SI. Las condiciones eran éstas:
El Gobierno considera conveniente, para los intereses nacionales, que España permanezca en la Alianza Atlántica, y acuerda que dicha permanencia se establezca en los siguientes términos:
1.º La participación de España en la Alianza Atlántica no incluirá su incorporación a la estructura militar integrada.
2.º Se mantendrá la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en territorio español.
3.º Se procederá a la reducción progresiva de la presencia militar de los Estados Unidos en España.
¿Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el Gobierno de la Nación?
Los argumentos esgrimidos desde el gobierno PSOE para justificar su cambio total de posición podrían formar parte de los anales del “palo y la zanahoria”. Sin el menor escrúpulo se planteó la entrada en la OTAN como el peaje necesario para entrar en la Europa-paraíso de la democracia y de los derechos sociales. Más o menos se venía a decir que lo que no se había acabado de conseguir con la Constitución de 1978 se consumaría con la entrada en la CEE y para ello era necesario tragar la píldora de la OTAN. Que ese paraíso estaba a punto de derrumbarse, que la imposición de las políticas neoliberales estaba en marcha y no había retorno, las clases dominantes y los gobiernos lo sabían perfectamente; pero el espejo cumplió su función.
Por si acaso, también operó el palo, sin ambages, apelando a la memoria del terror recién refrescada por el 23 F. Felipe González utilizó la amenaza directa de golpe de estado militar o de ataque de EE.UU., durante los últimos días de campaña. El 52% votó SI y el 39,8% votó “no”. El "no" triunfó en Cataluña, Comunidad Autónoma Vasca, Navarra y en Canarias.
Más allá de los resultados, del fraude electoral de un gobierno que cambia la posición política del programa por el que fue elegido, la estafa mayor es la que deriva de la vulneración total de las tres condiciones de la pregunta para la que se pedía el voto afirmativo.
España no sólo forma parte de la estructura militar, sino que dirige tropas de ocupación de la OTAN como en Afganistán. Javier Solana, que escribió en 1982 “Cincuenta razones para decir NO a la OTAN”, fue designado en 1995 Secretario General de la Organización.
Las bases de Morón y Rota han crecido exponencialmente. Esta última ha sido calificada por altos representantes del Gobierno de EE.UU. como "clave para nuestra defensa". De ellas salieron miles de bombarderos para atacar Iraq en 1991 y en 2003, como ahora lo están haciendo con Libia.
Con respecto a las armas nucleares, en los sucesivos Convenios Bilaterales con EE.UU. ni se habla, como hacen los buenos súbditos.
Como muestra valga el dato de que en sede parlamentaria el gobierno español tuvo que reconocer que entre marzo de 2000 y abril de 2001 seis navíos nucleares habían hecho escala en Rota.
I.4.- La IU de la etapa Anguita, un destello sin continuidad
El auge de IU en la etapa de Anguita no ha sido más que un paréntesis en este proceso. Como se ha demostrado con su vertiginoso hundimiento en estos últimos años, estaban en su código genético los elementos fundamentales de la desnaturalización del PCE. Los intentos del Coordinador General de cuestionar la Constitución en 1997 y de abordar el Derecho de Autodeterminación con la integración de Ezker Batua en el pacto de Lizarra en 1998, fueron abortados desde el interior de la organización y quedaron reducidos a meros brindis al sol. Algo parecido ocurrió con la Plataforma por las 35 horas por Ley constituida el mismo año: nació con vocación de proyecto estratégico para enfrentar el entreguismo sindical y desapareció sin dejar rastro, apenas un año más tarde, cuando Frutos sustituyó a Anguita para realizar el pacto pre-electoral IU-PSOE en el año 2000.
Se inauguraba formalmente su subordinación al mismo y se liquidaba cualquier veleidad anti-sistema.
Tras las elecciones del 14 de marzo de 2004 y tras la nueva debacle electoral de IU, especialmente significativa porque se produjo tras las importantes movilizaciones contra la guerra, un editorial de ABC señalaba con preocupación:
"(…) El paisaje democrático español ofrece históricamente un espacio claro a la izquierda del PSOE, donde debe asentarse una formación que refuerce la centralidad política de la socialdemocracia y al tiempo sirva de dique de contención para las tentaciones antisistema. IU ha ejercido, desde su refundación a partir del viejo PCE, como factor de estabilidad que ha cargado a sus espaldas con los distintos impulsos de izquierda alternativa que se han ido configurando tras la crisis del marxismo tradicional, evitando que se produzcan tentaciones escapistas y rupturistas al margen de los cauces de la democracia".
La clarividencia con la que se expresan los intereses de clase de ABC acerca del papel que han jugado, desde la Transición, el PCE e IU, hacen innecesario cualquier comentario.
I.5.- El movimiento obrero.
El movimiento obrero es otro ámbito privilegiado en el que se pone de manifiesto el cambio cualitativo operado en la izquierda política y sindical durante la Transición, con las desastrosas consecuencias para la clase trabajadora que estamos viviendo.
En abril de 1976, con los sindicatos de clase y la izquierda política aún en la clandestinidad, pero con un alto grado de organización y combatividad de la clase obrera, se promulgaba la Ley de Relaciones Laborales más avanzada de nuestra historia. En ella se reconocían amplios derechos laborales y, sobre todo, se establecía por primera vez el objetivo general de la estabilidad en el empleo y el carácter básico de la contratación indefinida, concretándose unas pocas excepciones. Además se instauraba la obligatoriedad de la readmisión del trabajador, si este así lo deseaba, en caso de despido improcedente. Llama la atención que esta Ley se promulgase en plena crisis económica y cuando la mayor parte de los ordenamientos jurídicos de Europa occidental estaban evolucionando hacia la "flexibilidad’. La clase obrera era fuerte y la correlación de fuerzas mandaba. Sin embargo, era el principio del final.
En noviembre de 1975 cientos de miles de trabajadoras y trabajadores de todo el Estado secundaron potentes huelgas contra el Decreto Ley de Congelación Salarial del primer gobierno de la monarquía tras la muerte de Franco. Lo más peligroso para el régimen era, junto a la rápida politización de las movilizaciones, la gran extensión de las formas asamblearias de organización obrera y la dirección de las movilizaciones por Comisiones de trabajadores elegidos directamente al margen del sindicalismo vertical. Sus ingredientes fundamentales entrañaban altos riesgos: constituían el pilar fundamental de la unidad de clase y eran difícilmente controlables mediante los mecanismos habituales de corrupción ya que el poder residía siempre en la asamblea que tenía la capacidad de revocar a sus representantes en cualquier momento.
La masacre de Vitoria en marzo de 1976 fue el instrumento del escarmiento. Cinco jóvenes trabajadores asesinados, decenas de heridos, 2000 balas disparadas, otros dos trabajadores asesinados días después en movilizaciones de solidaridad en Basauri y Tarragona, fueron el testimonio del ensañamiento. Pero también los sucesos de Vitoria mostraron síntomas de que algo fundamental estaba cambiando en el movimiento obrero. ¿Cómo se explica que ante una agresión de esa magnitud, con un movimiento obrero de tal potencia y con centenares de miles de trabajadores movilizados, sólo hubiera una huelga general de solidaridad en el País Vasco, y no en el resto del Estado?
La Transición estaba comenzando por uno de sus elementos clave: en julio de 1976 tuvo lugar el Congreso de CC.OO en Barcelona en el que se decidió dejar de ser un movimiento sociopolítico, expresión unitaria de la clase obrera, para pasar a ser un sindicato. La unidad estaba rota. La CSUT y el SU se escindieron y comenzó a toda prisa el apoyo financiero, mediático y organizativo a la UGT – inexistente hasta entonces – por parte de los poderes del Estado y de la socialdemocracia alemana.
La Ley de 1976 permaneció poco más de un año. Los Pactos de la Moncloa, de 25 de octubre de 1977, cuestionaron frontalmente lo promulgado 18 meses antes y se reintrodujo la contratación temporal9, vigente durante toda la Dictadura y objetivo concreto de duras luchas obreras. Un mes más tarde se publicó un Real Decreto que autorizaba la realización de contratos temporales a trabajadores en paro y a trabajadores juveniles, sin tener que someterlos a la "formalidad’ de justificar su causalidad. Se liquidó la obligatoriedad de la readmisión en despidos improcedentes. En una de tantas paradojas de la Transición, la recién estrenada democracia conculcó por Real Decreto el contenido de una Ley de Relaciones Laborales sin que, ni los recién legalizados sindicatos, ni el recién elegido Parlamento, dijeran absolutamente nada.
Tras los Pactos de la Moncloa la clase obrera perdió un 7% de poder adquisitivo.
Contrarreforma tras contrarreforma, lo sucedido después es una cadena sin fin de privatizaciones, desregulaciones, generalización progresiva de la temporalidad, subvenciones a la banca y a las grandes multinacionales y reformas fiscales regresivas. La última reforma laboral, la reforma de las pensiones y la reforma de la negociación colectiva, en un marco de Pacto Social – apenas interrumpido por la huelga general de septiembre de 2010 – constituyen una expresión más de una patronal insaciable y de un gobierno que representa sus intereses, junto a unas cúpulas de CC.OO. UGT que han aceptado la competitividad como ley suprema a la cual se subordinan las relaciones laborales.
Se ha conformado así la más absoluta domesticación de las dos grandes centrales sindicales, generosamente lubricada con dinero y prebendas de la patronal y, sobre todo, de los Presupuestos Generales del Estado.
