Referéndum separatista porque legaliza
la separación de la España legítima
Referéndum legítimo basado
en el Derecho a la Autodeterminación de los Pueblos,
a la luz del Derecho Internacional,
a ser preguntados sobre lo que triunfó en el pasado,
lo que asegura el presente
y lo que promete el futuro.
"Una impetuosa e inesperada alarma ha alertado las esferas del poder central que reina en las Españas. Sus señorías, los consagrados diputados de las Cortes, egregios miembros de la cámara parlamentaria, se agitan inquietos en sus exudados escaños, se estremecen sobrecogidos en sus acolchadas poltronas, cada vez que en el hemiciclo se escucha la vetada palabra Referéndum... ¿Será cierto que los parlamentarios sienten un escalofrío de pánico cuando les hablan de consultar la voluntad del pueblo? Atrincherados tras sus inmerecidos escaños, sus señorías se aprestan para combatir cualquier rebrote del término: prohíben con edictos el temido vocablo, tachan de traidores a la patria a quienes lo reivindiquen, imponen mandamientos y dictan severas condenas para todo aquel que lo reclame... Pero aun así, hasta sus ilustres oídos les llega un clamor insistente que repite incansable la temida y anatemizada palabra: referéndum, referéndum, referéndum...
Tomás F. Ruiz
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Un manifiesto de 500 juristas defiende
que el referéndum catalán
cabe en la Constitución
Un manifiesto suscrito por 500 juristas catalanes reivindica que un referéndum sobre el futuro de Cataluña como comunidad política cabe en el marco constitucional porque España, como Estado de derecho y democrático, tiene "instrumentos suficientes para dar salida a este conflicto", según ha informado Europa Press.
El escrito también considera que "una negativa continuada del Estado legitimaría abrir otras vías para que la ciudadanía de Cataluña expresara cómo quiere decidir su futuro".
Sostienen que la celebración del referéndum no sólo es legítima por ser reclamada por una inmensa mayoría de catalanes, sino también legal porque "el derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña arranca de la Constitución española y de la ponderación de sus principios estructurales: el de Estado de derecho y democrático, junto con el de unidad y soberanía del pueblo español".
"Por eso mismo, la celebración del referéndum también es jurídicamente exigible al Estado", recoge el manifiesto, que también sostiene que el derecho no debe ser una instrumento impeditivo para una sociedad sino una herramienta capaz de canalizar las inquietudes de la ciudadanía.
Los firmantes
Entre los firmantes del manifiesto están el decano del Colegio de Abogados de Manresa (Barcelona) y expresidente del Consell de l'Advocacia Catalana (CAC), Abel Pié; el también expresidente del CAC y decano del colegio de Terrassa (Barcelona), Miquel Sàmper, y la catedrática de Derecho Constitucional de la UAB Mercè Barceló.
También lo suscriben los abogados de Francesc Homs en la causa del 9N, Eva Labarta y Sergi Blázquez; el catedrático de Derecho Penal de la UB Joan Queralt, la letrada Gemma Calvet y el presidente de la Societat Catalana d'Estudis Jurídics, Josep Cruanyes, entre otros.
Manifiesto contrario
Este manifiesto se da a conocer después de que esta misma semana otros 200 juristas hayan presentado otro, de argumentos contrarios, que avisa de que "no hay auténtica democracia fuera del Estado de Derecho y del imperio de la ley", y de que los marcos jurídicos deben evolucionar, pacíficamente, dentro de los ámbitos previstos para adaptarse a los nuevos tiempos y las necesidades básicas de los ciudadanos.
"Resulta preocupante constatar cómo últimamente, en especial desde algunos medios y sectores, se vienen utilizando en el debate público términos y conceptos jurídicos sin el mínimo rigor exigible", recalca este otro escrito.
Ese otro manifiesto lo suscribieron entre otros el exvicepresidente del Tribunal Constitucional (TC) Eugeni Gay; el expresidente de la Audiencia de Barcelona Javier Béjar; el exdelegado de la Generalitat en Madrid y abogado Jordi Casas, y varios exdecanos de colegios de abogados catalanes.