La corrupción política en España ha dejado un agujero en las arcas españolas de más de 7.500 millones de euros desde que llegó la democracia de la mano de la Constitución Española en 1978.
Paradójicamente la cifra se asemeja a la que Bruselas exige ahora en recortes. El comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, fue muy claro el pasado 4 de febrero, "gobierne quien gobierne" hay que hacer ajustes por 8.000 millones de euros.
La corrupción está grabada a fuego en la marca España. Desde 1978 el país ha sufrido 175 casos de corrupción política a todos los niveles: ayuntamientos, diputaciones, gobiernos autonómicos y estatales, y de todas formas y colores; en botes de Cola-Cao, en sobres bajo el colchón y en coches de lujo que pasean por pueblos de apenas 5.000 habitantes.
El Diccionario de la corrupción, de la editorial Nostrum y escrito por los periodistas Eva Díaz (redactora de investigación de elEconomista), Joaquín Vidal (director de Estrella Digital) y el escritor y experto en Comunicación Francisco J. Castañón, recoge el reguero de tramas políticas que han arrasado en menos de 40 años un país que se ha quedado a media construcción.
Las manzanas podridas de los distintos partidos no están tan solas y ya son legión entre los dirigentes de las Administraciones públicas. Ninguna de las diecisiete Comunidades Autónomas se salva, aunque media docena de ellas encabeza la lista de la corrupción en el país, empezando por Andalucía.
Andalucía, a la cabeza
La región que actualmente preside Susana Díaz ostenta el récord de tramas de corrupción política, con 38 casos distintos. A continuación le sigue las Islas Baleares, que subió peldaños a un ritmo vertiginoso durante el Gobierno de Jaume Matas.
Actualmente, la región balear acumula 24 operaciones de corrupción, por delante de Madrid, que con 22 casos, toma la delantera por la alta cuantía defraudada, sobre todo por partidos a nivel nacional desde la época del Gobierno de Felipe González hasta el actual, manchado por el caso Bárcenas y la trama Gürtel.
La comunidad catalana también llega a la veintena de casos, pese a que uno de los más relevantes, el de Banca Catalana, fue sobreseído por falta de pruebas. La entidad, que fue presidida entre 1974 y 1976 por el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, necesitó una intervención estatal en 1984 tras aflorar un agujero de 20.000 millones de pesetas. Por entonces, pocos imaginaban que la familia Pujol-Ferrusola conseguiría amasar un patrimonio superior a los 1.000 millones de euros, repartido en más de 20 paraísos fiscales.
Ahora, todos los miembros de la familia, tanto el matrimonio como sus sietes hijos, están imputados por distintos delitos de corrupción. La Comunidad Valenciana también destaca en el ranking de la corrupción política con trece casos a sus espaldas y actualmente en plena investigación por la presunta financiación ilegal del PP.
Para algunos suena a sorpresa, pero otros muchos ya escucharon sonar el agua del río en 1980 con el caso Naseiro. Por aquellas fechas un Eduardo Zaplana, entonces presidente del PP de Alicante, le decía al concejal de Valencia, Salvador Palop: "Bueno, si no sales diputado y soy presidente por Valencia, te haré diputado por Alicante".
El PP, el más manchado
La radiografía de la corrupción en España pone negro sobre blanco y colorea al Partido Popular de puro carbón. La formación protagoniza 68 casos, la mayoría de ellos en pequeños ayuntamientos, aunque está señalado en las principales tramas a nivel nacional. El PSOE le sigue muy de cerca, con 58 operaciones corruptas, el grueso de ellas, acontecidas en Andalucía.
Convergencia i Unió se ha visto envuelta en nueve casos, la desaparecida Unión Mallorquina, en siete e IU, en otras seis. Aunque no hay que olvidar partidos minoritarios, como el GIL, fundado por el exalcalde de Marbella, Jesús Gil, que sobrevivió a cinco tramas, o Coalición Canaria, que se ha visto salpicada por otras cinco.
La Justicia actúa. De los 175 casos de corrupción que hay en España, ya se han cerrado 90 de ellos, mientras el resto siguen abiertos en los Juzgados. Llaman la atención los indultos. El Gobierno de Felipe González indultó en 1995 al expresidente de Cantabria, Juan Hormaechea, condenado a seis años de cárcel por malversación, mientras que el Ejecutivo de Rajoy indultó en 2012 a Josep María Servitje, exsecretario general del Departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña, a quien se encontró responsable de desviar fondos hacia las empresas Gestumer y Socesca.
Entre los casos que más caros han salido a las arcas están el de Púnica, que se calcula que pudo haber defraudado 250 millones de euros, los ERE de Andalucía (150 millones), Gürtel (120 millones) o el caso Saqueo (96 millones).
El Diccionario de la corrupción recopila además de las tramas, donde aparecen más de 1.900 imputados y 200 condenados, 120 términos y expresiones relacionadas con la corrupción y la Justicia y una selección de las conversaciones más impactantes de los implicados.