El gobierno de Estados Unidos, en particular, renunció a apoyar económicamente a los partidos políticos de oposición nicaragüense para enfocarse en consolidar un bloque opositor explotando la figura de la “sociedad civil” pero excluyendo a las principales organizaciones laborales y campesinas del país y al movimiento cooperativo.
Las organizaciones miembros de esta sociedad civil exclusiva y falsa fueron financiadas directamente por los Estados Unidos y los gobiernos aliados o indirectamente a través de fundaciones corporativas y estatales extranjeras.
Después de un período de acumulación de
recursos a partir de 2011, esta oposición
extraparlamentaria montó el violento intento de
golpe de Estado diseñado por Estados Unidos que
duró de abril a julio de 2018. Pero los principales
partidos políticos de la oposición en su mayor
parte respetaron las instituciones del país y se
abstuvieron de participar en la violencia
extrema generalizada o en el diálogo nacional
entre los golpistas y el gobierno. Por esa
razón,ninguna figura destacada de los partidos
políticos de oposición de Nicaragua se ha visto
afectada por la reciente serie de arrestos de
personas de organizaciones que apoyaron el
intento de golpe de 2018.
Todos los detenidos enfrentan acusaciones bien
fundamentadas por actividades ilícitas que
incurrirían en procesos penales en los Estados
Unidos, en cualquier país de la Unión Europea y
prácticamente en todos los países de América
Latina y el Caribe. La principal acusación formal
contra todas las personas investigadas es la de
actuar en violación de la Ley 1055 de Nicaragua,
“Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la
Independencia, Soberanía y Autodeterminación
para la Paz”. Según la ley, es un delito buscar
injerencias extranjeras en los asuntos internos del
país, solicitar la intervención militar, organizar
actos de terrorismo y desestabilización, promover
medidas económicas, comerciales y financieras
coercitivas contra el país y sus instituciones, o
solicitar y recibir sanciones contra el Estado de
Nicaragua y sus ciudadanos.
Además, Cristiana Chamorro de la Fundación
Violeta Chamorro, Juan Sebastián Chamorro de la
Fundación Nicaragüense para el Desarrollo
Económico y Social (FUNIDES), Félix Maradiaga
del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas
Públicas (IEEPP) y Violeta Granera del Centro de
Investigaciones en Comunicaciones. (CINCO)
también puede enfrentar cargos por lavado de
dinero y violación de la ley de “Agentes
Extranjeros” que requiere que todas las
organizaciones que reciben financiamiento del
exterior se registren ante las autoridades,
informen la cantidad de dinero recibido y cómo se
utiliza. La ley refuerza la ya existente Ley 147
que regula las organizaciones sin fines de lucro
bajo la supervisión del Ministerio de Gobernación
(MIGOB) que obliga a las organizaciones sin fines
de lucro a informar anualmente sobre sus fuentes
de ingresos y cómo se gastó el dinero.
A pesar de numerosos informes en los medios
internacionales en sentido contrario, ninguna de
las personas detenidas había sido seleccionada
por ninguna de las alianzas políticas o partidos de
Nicaragua como posibles candidatos para las
próximas elecciones generales del 7 de
noviembre de este año. Cristiana Chamorro, Juan
Sebastan Chamorro, Arturo Cruz y Felix
Maradiaga habían manifestado anteriormente que
aspiraban a la candidatura de uno de los partidos
políticos, muy probablemente la alianza política
Ciudadanos por la Libertad. Pero ninguno de ellos
estaba formalmente bajo consideración. En
cualquier caso, como han señalado muchos
observadores, la figura de su posible candidatura
en las elecciones ha servido de cortina de humo
para distraer la atención de los cargos penales en
su contra, por los que se enfrentarían a
enjuiciamiento en prácticamente cualquier
país del mundo.
El otro grupo principal de la oposición
extraparlamentaria de Nicaragua que enfrenta
acusación en virtud de la Ley 1055 son los líderes
del movimiento político Unamos, anteriormente
Movimiento Renovador Sandinista (MRS). Estos
son los ex sandinistas destacados Dora María
Tellez, Víctor Hugo Tinoco y Hugo Torres y sus
colegas más jóvenes Ana Margarita Vigil, Suyen
Barahona y Tamara Dávila. Con el cosmético
cambio de imagen político del MRS a Unamos, la
vieja guardia del MRS ha tratado de restar
importancia a su pasado sandinista y sus vínculos
con su red de partidarios excombatientes. Un
grupo relativamente pequeño pero experimentado
y comprometido de estos excombatientes
partidarios del MRS desempeñó un papel clave
en la organización, dirección y liderazgo de
la violencia de 2018 que resultó en más de
260 muertes.
The UK Guardian informa sobre el ex héroe
guerrillero Hugo Torres señalando en relación con
las recientes detenciones de figuras de la
oposición conocidas en Nicaragua "... así es como
va la vida: aquellos que alguna vez mantuvieron
en alto sus principios ahora los han
traicionado". Torres debería saberlo. Ha
colaborado con la intervención del gobierno de
Estados Unidos en Nicaragua desde al menos
2005. Desde entonces, hasta hace muy poco,
Téllez, Torres, Tinoco y otros ex sandinistas como
Mónica Baltodano y Henry Ruiz lograron engañar
a sus partidarios extranjeros al afirmar que eran
leales a algunos. una especie de sandinismo
auténtico que nunca pudieron definir del todo.
Monica Baltodano se hizo pasar por una
superrevolucionaria, engañando a los
izquierdistas en Europa especialmente,
mientras colaboraba estrechamente con la
derecha de Nicaragua y aceptaba fondos
sustanciales para su ONG Popol Nah de la
Unión Europea y USAID. De 2007 a 2011, se
desempeñó como diputada legislativa del partido
socialdemócrata de centro-derecha MRS de Téllez
y Torres en el mismo momento en que ese
partido se alió con la derecha de Nicaragua. Por
ejemplo, en las elecciones municipales de 2008
hicieron campaña abiertamente a favor del
oligarca banquero Eduardo Montealegre,candidato
del partido político del PLC a la alcaldía de
Managua, cuando el PLC aún estaba controlado
por el corrupto ex presidente Arnoldo Alemán.
Por su parte, Baltodano no ha figurado hasta
ahora en la actual serie de acusaciones.
Los ex-aliados sandinistas de Baltodano en la
dirección de Unamos están acusados de violar la
ley contra la colusión con potencias extranjeras,
pero eso bien puede resultar menos grave que su
posible papel en la planificación de nuevos
ataques, similares a los de 2018. Entre abril y
julio, ese año, 22 policías murieron y 400
sufrieron heridas de bala a manos de activistas de
la oposición bien armados. Los ex sandinistas del
MRS y sus cómplices, como Medardo Mairena y
Francisca Ramírez del extremadamente violento
Movimiento Anticanal y obispos y sacerdotes de
derecha de la Iglesia Católica, incluidos Silvio
Báez, Rolando Alvarez y Abelardo Mata,
organizaron y apoyaron la extorsión masiva y la
violencia generalizada. incluidos asesinatos,
torturas, incendios provocados, violaciones y
otras agresiones graves que afectaron a cientos
de víctimas y sus familias.
Después del fracaso del intento de golpe de 2018,
las autoridades se abstuvieron de arrestar a sus
organizadores y se centraron en las personas que
habían cometido directamente delitos
penales. Posteriormente, la amnistía del gobierno
de 2019 significó que la cúpula del MRS, así como
Félix Maradiaga, Cristiana y Juan Sebastián
Chamorro, Violeta Granera y sus cómplices
escaparon de la persecución y sentencia por su
papel en el intento de golpe. De hecho, los
hechos extremadamente violentos de 2018
fueron un ejercicio masivo de crimen organizado
y terrorismo, durante el cual los diversos
componentes de la oposición nicaragüense
involucrados en él operaron de acuerdo con un
programa muy claro.
Por ejemplo, el liderazgo del MRS coordinó a
excombatientes experimentados entre los
activistas de su movimiento para ayudar a
organizar la violencia de manera más efectiva,
por ejemplo en Masaya. Félix Maradiaga coordinó
con sus contactos en redes de crimen organizado
locales y regionales para atacar edificios públicos
y ejecutar operaciones de extorsión en las
universidades UPOLI y UNAN de Managua y en
decenas de cortes de carreteras. Medardo
Mairena y Francisca Ramirez activaron a sus
matones del Movimiento Anticanal para hacer lo
mismo en las principales carreteras que conducen
a la costa caribeña sur de Nicaragua. Los políticos
locales renegados de los partidos políticos
tradicionales siguieron su ejemplo en la carretera
que conduce a la costa norte del Caribe, por
ejemplo en Río Blanco y Mulukuku.
Los obispos y sacerdotes de la Iglesia católica de
derecha garantizaron la logística asegurando que
las iglesias en las diócesis de todo el país
sirvieran como sedes para las violentas bandas de
oposición. La organización empresarial privada
COSEP también jugó un papel importante en la
logística, al igual que ONG alineadas con la
oposición como la organización de derechos
humanos CENIDH y Popol Nah de Baltodano,
entre otras. Además, organizaciones de derechos
humanos como el CENIDH, la Comisión
Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y la
Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos
(ANPDH), todas financiadas por gobiernos
extranjeros, tergiversaron sistemáticamente los
abusos contra los derechos humanos, inventaron
abusos por parte de las autoridades y ocultaron
innumerables abusos por violentos activistas de
la oposición.
Como todas esas organizaciones, las ONG
Chamorro -Fundación Violeta Chamorro de
Cristiana, FUNIDES de Juan Sebastián y CINCO
de Carlos Fernando Chamorro- también facilitaron
el intento de golpe al distribuir dinero que
recibieron de gobiernos y fundaciones
extranjeras. Félix Maradiaga, Juan Sebastián
Chamorro y otros viajaron internacionalmente
proyectando una falsa narrativa de “libertad y
democracia”, apareciendo en influyentes medios
europeos como la BBC, entre otros. Los medios
de comunicación de Chamorro La Prensa y
Confidencial y la plétora de proxies en línea que
establecieron con fondos de USAID coordinaron la
campaña masiva de desinformación en línea para
engañar a la opinión nacional y extranjera.
Esta masiva y compleja operación había sido
planeada por las autoridades estadounidenses
en coordinación con sus agentes en Nicaragua
durante muchos años luego del colapso
de los partidos políticos tradicionales
de oposición en 2011.
En cualquier caso, y pase lo que pase,
si los acusados actualmente terminan
siendo procesados y condenados
por sus delitos, si la investigación actual
determina si los Chamorros , los ex
sandinistas de Unamos y sus aliados de
la oposición, además de su convivencia
ilegal con la intervención de Estados Unidos
y sus gobiernos aliados que estaban
planeando otro intento de golpe
en el contexto de las elecciones de este
año...pase lo que pase,
pocas personas en Nicaragua,
obviamente, sentirán simpatía por ellos.
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Global Research, 25 de junio de 2021
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