Por Ángeles Maestro,
Expropiar la banca,
las empresas estratégicas
y, por supuesto,
la sanidad privada
incluidas las farmacéuticas.
La actual crisis sanitaria y social tiene proporciones gigantescas y consecuencias aún por determinar, sin parangón desde hace décadas.
La sanidad pública se desborda mientras los hospitales de gestión privada con financiación pública miran para otro lado, mantienen buena parte de sus instalaciones cerradas y continúan su actividad habitual.
Las aseguradoras privadas, en medio de la tragedia, multiplican la publicidad pretendiendo hacer su particular agosto con la angustia de la gente mientras aprovechan las medidas del gobierno para reducir plantillas.
Al tiempo, aparece una auténtica hecatombe social. El confinamiento decretado para intentar minimizar los contagios ha revelado toda la magnitud del criminal desorden capitalista.
La policía, la guardia civil y el ejército han tomado las calles para evitar que la gente salga de casa sin motivo justificado mientras se deja al libre albedrío del gran capital mantener o no la producción.
La incongruencia produce situaciones aberrantes como trabajadores y trabajadoras yendo a trabajar a sectores no indispensables, hacinadas en el metro, mientras el ejército metralleta en mano o la policía, les impiden dar un paseo por su barrio el fin de semana.
Al tiempo, las redes sociales reflejan un número creciente de abusos, arbitrariedad y brutalidad policial en aplicación, precisamente, de la Ley Mordaza.
De hecho, las empresas que han cerrado lo han hecho, en la mayoría de los casos, como consecuencia del plantel y la exigencia del personal. Miles de empresas mantienen su producción de bienes y servicios no indispensables; y lo hacen exponiendo a sus plantillas – aún con casos positivos y síntomas, y bajo amenaza de despido – a correr el riesgo de contagio y convertirse en nuevos focos de infección.
Uno entre tantos casos denunciados ha sido el de la multinacional danesa VESTAS que fabrica aerogeneradores y que obliga a trabajar a las 1.300 personas de su plantilla en su sede de Zaragoza a pesar de tener varios casos confirmados de Coronavirus. Los sindicatos han denunciado que esa empresa almacena y oculta miles de mascarillas, guantes de nitrilo, gafas y monos de seguridad, etc1.
El sindicato CGT de AIRBUS, tras comprobar que tanto en la empresa como en industrias auxiliares había centenares de trabajadores y trabajadoras con síntomas – positivos o en cuarentena – y ante la negativa de la empresa a parar la producción, han convocado huelga indefinida a partir del 30 de marzo. El objetivo es dar cobertura a todas las personas que decidan no acudir al trabajo.
Podría pensarse que esta penuria desesperada de medios de la sanidad pública y de miseria en millones de hogares es consecuencia de la ausencia generalizada de recursos. No es así, ni muchísimo menos. Recuerdo algunos datos relativos a fondos que salen de los Presupuestos Generales del Estado, que van a parar a sectores de discutible prioridad y que no ha alterado en absoluto el Estado de Alarma:
El pago sólo de los intereses de la Deuda2 que se triplicó tras transferir decenas de miles de millones de euros de dinero público a la banca y que no devolvió – sin contar los vencimientos de capital – supone 31.400 millones al año, 86 millones de euros/dia3.
El gasto militar, 31.400 millones de euros al año, 87 millones de euros/dia4
Las subvenciones a la iglesia católica, más 11.000 millones/año, 30 millones de euros/dia5
El pago a la casa real, ocho millones de euros/año, 22.000 euros/dia6
A todo ello hemos sumar los datos de evasión fiscal de los grandes bancos y empresas, que si en condiciones normales provocan indignación, hoy son directamente escandalosos.
Las empresas del Ibex 35 mantienen 805 filiales en paraísos fiscales, el 80% en la propia UE, hacia los que desvían beneficios empresariales, ocasionando pérdidas multimillonarias en los ingresos del Estado por el ya muy mermado Impuesto de Sociedades. De esta forma, a pesar del incremento espectacular de beneficios declarados estos últimos años, los ingresos estatales por este impuesto han sido la mitad, mientras los ingresos procedentes de impuestos indirectos como el IVA han subido un 14%. Los beneficios de estas empresas en los años 2018 y 2019, según la CNMV, suman 77.677 millones de euros.
Las empresas del Ibex que más filiales poseen en paraísos fiscales son el Banco de Santander con 207, le siguen ACS con 102, Repsol con 70, Ferrovial con 65 y Arcelor Mital con 557.
Y un respirador, material por el que clama la sanidad pública, cuesta 4.000 euros
El gran capital aumenta su poder con el Estado de Alarma. Y frente a esta situación, que ya partía antes del coronavirus de condiciones de miseria dramáticas para 12 millones de personas, y de penuria para más de la mitad de la población9, el Gobierno en la declaración del Estado de Alarma se ha limitado a poner ridículos parches frente al desmoronamiento social y económico en curso.
Ha establecido estrictos mecanismos de control social de la población, algunos de ellos de más que dudosa justificación, mientras el capital sigue actuando en función de sus beneficios y en contra de la salud de la población, empezando por sus propios trabajadores y trabajadoras.
Las medidas económicas anunciadas por el Gobierno del PSOE-PODEMOS el pasado 17 de marzo, tal y como ocurrió hace una década, ponen en poder de la banca y de las grandes empresas la capacidad de decisión sobre los fondos públicos que, indudablemente, van a emplear para rescatarse a sí mismos.
La oligarquía económica y financiera, cuyas empresas y bancos están interpenetrados, no sólo se verá beneficiada por esta gigantesca emergencia sanitaria y social, sino que es la banca la que decidirá a qué empresas concede créditos con el aval del Estado y a cuáles no.
Como mandan los cánones de la lucha de clases, el gran capital, con el gobierno «progresista» a su servicio, mantiene el cetro del poder, aún más acrecentado, para beneficiarse del desastre de la inmensa mayoría.
(La arqetipica Doctrina del Shock citada en nuestro post anterior)
De los 200.000 millones que se anuncian, 100.000 son avales del Estado que el gobierno pone en manos de los bancos para que los administren.
Es decir, son los bancos los que valorarán la solvencia de las empresas que los soliciten y quienes decidirán a cuáles de ellas se darán y a quiénes no, en función de su capacidad de asegurar la devolución del crédito concedido. Y sin ningún riesgo, porque si en algún caso hubieran errado la decisión y se produjera un impago, actuaría el Estado como aval.
¿Existe alguna duda de qué empresas serán consideradas solventes, teniendo en cuenta que los mismos capitalistas son dueños de bancos y grandes multinacionales?
¿Cabe alguna posibilidad de que las más de 150.000 pequeñas empresas o los más de tres millones de autónomos que están viendo hundirse su negocio accedan mayoritariamente a esos créditos? Es evidente que no.
Es a los bancos, pues, a quienes se les ha hecho el enorme regalo de poder vender su materia prima, el dinero, dando créditos por valor de la enorme suma de 100.000 millones de euros. Y venderán sus créditos al tipo de interés «de mercado» cuando el Banco Central Europeo les presta a ellos, y se prestan entre ellos, a interés cero, o incluso negativo10
A ello se suman los 750.0030 millones del Banco Central Europeo (BCE) para comprar «activos públicos y privados», es decir para insuflar esa enorme cantidad de dinero público mediante la compra de bonos a las grandes corporaciones, mientras el riesgo lo asume el BCE. Es decir, la parte de esos 750.000 millones que le corresponda a España irá a parar a los mismos grandes bancos y a las mismas empresas multinacionales. (¡)
En cuanto a las medidas dirigidas a las necesidades más perentorias de la clase obrera: vivienda, luz, gas, agua, etc, son meros aplazamientos de pago de hipotecas y facturas, que se acumularán para después.
Y por si se nos olvida, los acreedores son los mismos grandes bancos y las grandes multinacionales. El resto de las medidas del Gobierno que supongan gasto irán a incrementar la Deuda pública, ésa que pagamos todos, sin que al gran capital se le haya impuesto gravamen alguno. Más bien al contrario, como hemos visto. Y más que veremos cuando «para salir de la crisis» reclamen rebajas, más todavía, en el Impuesto de Sociedades y otros impuestos directos.
(Seguimos viendo una copia exacta
de la Doctrina del Shock)
En su negligencia criminal, porque hay vidas pagando por ella, el Ejecutivo no ha asumido medidas paliativas que sí han adoptado otros gobiernos europeos, al menos durante el Estado de Alarma, como:
Prohibición absoluta de despidos en este periodo, como Italia y Grecia, declarando nulo cualquier despido que se produzca.
En Italia, cada autónomo recibirá un bono de 600 euros en marzo y abril
En Grecia el Estado abonará 800 euros en abril a quienes hubieran perdido su empleo.
En Dinamarca, el Estado pagará el 75% de salarios de empresas en riesgo de crisis a cambio de que no haya despidos
En Francia, moratoria en el pago de alquileres a las PYMES, que además no pagarán agua, luz o gas.
En Alemania, hasta hace poco gendarme de la austeridad en la UE, se utilizará el banco público KfW para utilizar 550.000 millones de euros en préstamos a las empresas durante la crisis y se usarán ayudas públicas para que no haya despidos.
En este cuadro se resumen las medidas adoptadas por algunos países. Como puede verse, España está en la cola de las ayudas si tenemos en cuenta las aprobadas hasta el pasado 22 de marzo:
Fuente: recopilación de anuncios gubernamentales (22 de marzo) Carlos Sanchez Mato
11
Como puede verse, hasta en Italia, con un gobierno de derechas, las medidas de choque social superan con creces las aprobadas por estre gobierno.
Conclusión urgente: poner en el puesto de mando la salvación del pueblo.
Por mucho que quieran ocultarlo bajo el siniestro manto del Coronavirus, es evidente que la pandemia ha sido sólo el detonante de una nueva crisis, de mucha mayor envergadura y menos margen de maniobra que la de hace una década, y que ya estaba en avanzado estado de gestación.
Esta conclusión no es de interés sólo para economistas. Es indispensable que sepamos que cuando la emergencia sanitaria se atenúe estaremos en medio de la más gigantesca crisis social y económica que se recuerda.
Los datos son ya estremecedores: 50.000 despidos diarios, 760.000 personas se han sumado a un paro ¿temporal?. La última semana se perdieron más empleos que en todo el año 2009 y la cara del hambre sin paliativos aparece con intensidad progresiva en los barrios obreros.
El gobierno, como se ha visto, no ha abordado las responsabilidades esenciales que le corresponden ante una situación de grave emergencia como la actual. Ni siquiera cuando ya se oyen los crujidos del derrumbe se han incluido en las decisiones del Consejo de Ministros del 24 de marzo, migajas como la moratoria o ayudas al pago de alquileres o la protección social más amplia (se habla del 70% de la base reguladora) para las trabajadoras del hogar cuando son millones las mujeres, cabezas de familia, en la economía sumergida y que se quedan sin nada al perder el trabajo por el Coronavirus.
El Gobierno de Coalición muestra cada vez con más claridad de quién recibe las órdenes y Podemos sigue sumando batallas perdidas que muestran que no sirve más que para dar una imagen “progre” en el relato, que no en los hechos.
Mientras, cada vez más sectores de la clase trabajadora van descubriendo en su propia piel que así no se puede seguir.
El cuento de que no se puede hacer otra cosa que salvar banqueros y grandes capitalistas ya no lo compra nadie, máxime después de haber comprobado como el Rey Emérito es probablemente el mayor ladrón del reino, y eso que la competencia es dura.
Las dimensiones del desastre no pueden enfrentarse sino con medidas que atajen las causas, y no sólo los síntomas, y que deben constituir el programa básico de un Frente para salvar al pueblo:
Nacionalización de todos los recursos sanitarios y planificación de su funcionamiento al servicio de las necesidades de salud de la población y de la protección eficaz de quienes están en primera línea: los trabajadores y trabajadoras de todo el sistema sanitario.
Paralización de la actividad en todos aquellos sectores no indispensables para la supervivencia e intervención de las empresas productoras de recursos sanitarios, incluidas las farmacéuticas.
Intervención de todas las grandes empresas de producción y distribución para evitar la fuga masiva de capitales que ya se está produciendo y declarar la función social de las empresas estratégicas.
Expropiación de la banca que parasita al resto de la sociedad. Negativa a pagar la Deuda, creada en buena parte al transferir dinero público a la banca, y no aceptar los límites del gasto público impuestos por la UE.
Sólo con estos instrumentos se puede abordar el objetivo esencial:
Planificación racional de la economía en función de las necesidades sociales.
En definitiva, lo que es insoslayable es salir de la barbarie de un funcionamiento social dirigido con mano férrea a asegurar el incremento permanente de los beneficios de grandes capitalistas, a costa de la miseria, la salud, la represión y la vida de quienes, precisamente, crean sus riquezas.
Junto a la ineludibilidad de estas medidas, cuya perentoriedad irá creciendo cada día, surge la necesidad de construir el poder capaz de mostrar el camino a la movilización popular que sin duda se producirá tras esta fase de confinamiento y catatonia, y, en definitiva, de llevarlas a cabo. Sobre estos planteamientos programáticos, enunciados de una u otra manera, es preciso construir un Frente dirigido a la salvación del pueblo, desde el acuerdo político de organizaciones y desde la construcción de poder popular desde la base.
La historia nos enseña que en momentos de grave crisis es cuando se ven las cosas con más claridad y ha llegado el momento de ponerse manos a la obra.
2 Como se recordará, la Deuda Pública se triplicó en siete años. Paso de ser el 37% del PIB en 2007 al 100% en 2014. El concepto más importante por el cual se produjo este espectacular incremento fue la transferencia a los grandes bancos de decenas de miles de millones de dinero público, que como es sabido, ante la pasividad absoluta del Gobierno, se niega a devolver.
Precisamente en esta lapso de crisis social agudísima, en 2011, el PSOE y el PP reformaron el artículo 135 de la Constitución, para junto al Tratado de Estabilidad de la UE considerar su pago como prioridad absoluta, frente a cualquier otra necesidad. Hasta la fecha esta consideración sigue siendo la misma.
