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El nombre fenicio: Onu Ba´al, Onos Ba´al “la fortaleza del dios Ba´al”, actual Huelva. A partir de este término se desarrollaron los siguientes nombres que tomó la zona para los colonizadores romanos (Onuba Aestuaria), árabes (Awnaba y Guelbah) o cristianos (Huelva). Onuba también acuñó moneda propia, figurando la leyenda ONVBA entre dos epigas de trigo, hecho que en numismática romana simboliza importancia en la producción cerealística, primando sobre la producción derivada de la activad pesquera |
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No sé de dónde es ésta foto,
pero no importa,
sólo sé que fue mi placenta,
dónde vi la primera luz,
mi niñez, ya fábula de fuentes
en mares arropados,
ya borrada en el palimpsesto de la historia,
hoja pasada,
alba mitificada,
La infancia, aúnque llegue subida en el miedo,
en el terror silenciado,
en la cruz que se carga
sobre montones apagados,
siempre es azul,
y vuela y juega
entre trigales de amapolas
de espacios llevada
de naranjas amontonadas,
pero tambien lleva rejones
clavados en lutos y capas,
porque 2000 años después
de la leyenda ONVBA
entre dos espigas de trigo,
alrededor de esa foto
que no sé de dónde es,
cuándo volaba y jugaba
entre trigales de amapolas
de espacios llevada,
pasó ésto:
(....) La suerte de Huelva, que
contaba con fuerzas suficientes para
intimidar a la población civil, quedó
marcada por la firme actitud legalista
del Gobernador Civil, Diego Jiménez
Castellano, y de los tenientes coroneles
de la Guardia Civil y Carabineros,
Julio Orts Flor y Alfonso López Vicencio
respectivamente, así como de los
mandos de Asalto.
Por el contrario
eran mayoría los oficiales favorables
a la sublevación, oficiales entre los
que cabría destacar al comandante
de la Guardia Civil Gregorio Haro
Lumbreras por el papel que más tarde
jugaría.
Desde el Ministerio de Gobernación,
conscientes de lo que representaba
la pérdida de Sevilla, se recurrió a
Huelva en la misma tarde del sábado
18 de julio, ordenando la formación
inmediata de una columna mixta de
militares y milicianos que debía impedir
el triunfo definitivo de Queipo
en Sevilla.
El grueso de la columna,
constituida en las horas siguientes y
compuesta fundamentalmente por
gente de la cuenca minera y por fuerzas
militares al mando del comandante
Haro, partió hacia su objetivo al
amanecer, llegando a las puertas de
Sevilla a media mañana.
En su organización
destacaron los diputados Juan
Gutiérrez Prieto (socialista) y Luis
Cordero Bel (federal). Ocurrió sin
embargo que el aludido comandante
Haro, que salió antes, después de
atravesar Triana puño en alto y dando
vivas a la República, decidió traicionar
las órdenes de sus superiores y
ponerse al servicio de Queipo, quien
inmediatamente lo envió a la entrada
de la ciudad con un gran contingente
de fuerzas de la Guardia Civil.
Los
mineros no tuvieron tiempo ni de darse
cuenta de la encerrona, sufriendo
numerosas bajas y detenciones. Este
susto, a menos de veinticuatro horas
del golpe y cuando aún no se habían
ocupado los barrios obreros sevillanos,
no sería olvidado nunca por los vencedores. De los sesenta y ocho
detenidos, todos salvo un menor, serían
fusilados en diferentes puntos
de Sevilla en la madrugada del 31 de
agosto.
Entre el 18 y el 20 de julio pasan
a poder de los golpistas, entre otras
ciudades, Sevilla, Cádiz, Córdoba,
Granada, Algeciras, Écija y Jerez de
la Frontera. Fue entonces cuando el
nuevo Estado Mayor dirigido por el
comandante José Cuesta Monereo,
cerebro oculto de todo el plan rebelde,
miró para Huelva nuevamente
observando el gran peligro que representaba
el acercamiento de la Escuadra
a su puerto, con la posible pérdida
de control de la navegación en el
Atlántico y en la desembocadura del
Guadalquivir.
También había otra razón.
El fracaso del golpe en Badajoz
impedía el contacto entre los sublevados,
por lo que dicha relación debería
hacerse a través de Portugal vía
Ayamonte.
Ocupación de la provincia
La urgencia de los objetivos indicados
llevaron a que el mismo 24 de julio
una columna al mando de Ramón
Carranza Gómez, aupado a la alcaldía
de Sevilla por Queipo, partiese en
dirección a Huelva por las carreteras
del Condado.
Dicha columna fue
apoyada por los aviones de Tablada, que bombardearon pueblos como Bollullos,
La Palma, Manzanilla, Villalba
o la misma Huelva, y reforzada por
fuerzas de Artillería y, sobre todo,
por la Legión y el Tercio. Ante el derroche
de medios de los golpistas, la
resistencia popular, tan voluntariosa
como inútil, fue arrasada.
Los pueblos
fueron derrumbándose cayendo uno a
uno hasta que el día 29 de julio, con
la ocupación de la ciudad de Huelva
y la creación de pequeñas columnas
mixtas al mando de militares o guardias
civiles, cayó en manos de los sublevados
todo el sur de la provincia
e incluso Valverde del Camino, puerta
a la temida cuenca minera y que
fue reforzado de inmediato.
Salvo las
operaciones que concluyeron con la
ocupación de Calañas, a fines de julio,
y de Santa Olalla, el 3 de agosto
con motivo de la salida de Sevilla de
la Columna Madrid, todo quedó paralizado
durante dos semanas.
En esos días los sublevados dirigieron
sus numerosas fuerzas hacia diversos
pueblos de Sevilla y especialmente
hacia la provincia de Badajoz. Por su parte los mineros se plantearon
la recuperación de Valverde.
Hasta
ese momento el grupo más activo había
sido el encabezado por Antonio
Molina Vázquez, quien a sus 26 años
era secretario de la CNT de Nerva.
Este grupo fue clave en la rendición
de cuarteles de la Guardia Civil, recorriendo por tal motivo muchos
pueblos de la provincia tales como
Aracena, Higuera, Fuenteheridos,
Zufre, Cortegana, Aroche, La Palma,
Almonte, Ayamonte, Isla Cristina y
Castillo de las Guardas (Sevilla).
El
primer enfrentamiento importante
tuvo lugar en El Empalme, entre Valverde
y Zalamea. En la madrugada
del día 7 de agosto se enfrentaron
durante cinco horas varios centenares
de mineros, cuya arma más contundente
era una ametralladora encontrada
en un cuartel, y un nutrido
contingente de fuerzas sublevadas de
Infantería, Artillería, Guardia Civil e
incluso aviación.
Fue a partir de esta
fracasada ofensiva cuando los mineros,
conscientes de sus limitaciones,
se plantearon la salida de la cuenca
minera. Primero sería la CNT, quien
a lo largo de su recorrido daría lugar
a la Columna Andalucía-Extremadura,
más conocida por “Spartacus” o “Batallón
Riotinto”. Este grupo, dirigido
por Molina Vázquez, salió de Nerva a
mediados de agosto y llegó a Madrid
en los últimos días de ese mismo mes.
Una segunda columna, con predominio
de comunistas y socialistas –conviene
recordar que incluso el propio
alcalde de Nerva, José Rodríguez
González, tenía doble militancia– salió
unos días después, siendo recogida
su llegada a Madrid en Mundo Obrero.
Ambas se prolongaron en diversas brigadas
mixtas y acabaron integradas
en Divisiones.
A mediados de agosto, con la caída
de Badajoz, cierre de la primera fase
del golpe militar en el Suroeste, las
fuerzas de Queipo iniciaron la ofensiva
definitiva sobre Huelva.
Fueron enviadas
tres columnas, una al mando del
comandante Eduardo Álvarez Rementería,
otra la del militar retirado tradicionalista
Luis Redondo García y otra,
procedente de Huelva, al mando del
capitán Gumersindo Varela Paz, todas
las cuales por caminos diferentes debían
confluir en la cuenca minera.
La
columna Redondo debió ser reforzada
de inmediato tras el recibimiento
que se le hizo en Higuera de la Sierra,
pueblo que tardaron en ocupar hora y
media. A partir de entonces las fuerzas
de Redondo quedaron constituida por más de 600 hombres, unos trescientos
procedentes de las milicias
tradicionalistas formadas en Sevilla
tras el golpe y el resto por fuerzas de
Regulares (Harca Berenguer), Infantería,
Caballería, Carabineros, Zapadores,
Ametralladoras y Guardia Civil,
además, como ya era habitual, de los
aviones de Tablada.
Los movimientos
de esta columna, que alternaba al
llegar a cada pueblo las ejecuciones
ejemplarizantes con aparatosas misas
de campaña dirigidas por el capellán
de la columna, el jesuita Bernabé Copado,
provocaron la huida masiva de
cientos de personas hacia el norte de
la provincia, las Cumbres, y el sur de
Badajoz.
Los pequeños enfrentamientos
que la columna encontró en su itinerario
tuvieron su punto álgido el 20
de Agosto entre Santa Ana y Almonaster,
en el cruce de la carretera de San
Juan del Puerto a Cáceres, donde los
mineros lanzaron un nuevo e infructuoso
ataque.
El día 20 a las 9 de la mañana, los
aviones de Queipo dejaron caer sus
bombas sobre Riotinto y Nerva destruyendo
diecisiete vidas, la mayoría
de mujeres. La fase final de la operación,
bajo el mando de Álvarez Rementería,
dio comienzo el día 24 de
agosto. Mientras Redondo ocupaba
Campofrío, bombardeada desde tierra
y aire, las fuerzas de Varela Paz
se dirigieron a Zalamea La Real, encontrando
gran resistencia.
Al día siguiente,
y tras un bombardeo de seis
horas, estas mismas fuerzas entraron
en Salvochea (El Campillo), un sector
del cual fue poco después incendiado
por la columna Redondo. Los mineros
sufrieron muchas bajas. La noche del
25 al 26 un numeroso grupo de vecinos
de Nerva y Riotinto encabezado
por el alcalde de Nerva huyó a la
sierra. Fue el comité extraordinario
entonces creado el que unas horas
después se acercó a El Madroño para
comunicar a Álvarez Rementería que
podía entrar en Nerva cuando quisiera.
Poco después, en la tarde del
26, irrumpían por fin en el corazón
de la cuenca las diversas columnas.
La frustración sufrida por la falta de
lucha fue compensada por la depuración
inmediata de la población civil. Después de la ocupación de los pueblos
mineros las fuerzas de Redondo
siguieron su recorrido hasta Aroche
y Rosal de la Frontera, tras lo cual
retornaron a Sevilla.
Los restantes
pueblos que quedaban por ocupar
fueron encomendados a algunas columnas
dirigidas por la Guardia Civil y
Varela Paz. Este sería quien el 19 de
septiembre entró en las Cumbres. Las
últimas aldeas, y con ellas la provincia,
caerían finalmente el día 21 de
septiembre.
Consecuencias del golpe militar
a) Reacción oficial y respuesta popular.
Tanto las autoridades republicanas
como los Comités creados en cada
pueblo para organizar la respuesta al
golpe militar y controlar los problemas
locales, ordenaron la detención
y desarme de una serie de personas
contrarias a la República cuando no
directamente implicadas en los preparativos
desestabilizadores. De esta
forma un número considerable de
personas –unas dos mil–, entre las que
se encontraban los más conspicuos
representantes de la derecha política
y económica de la provincia, pasaron
en un primer momento a poder de la
izquierda onubense.
Simultáneamente
las autoridades republicanas provinciales
lanzaron constantes llamadas
contra la violencia y a favor del
respeto a la vida ajena. De no ser por
la firme actitud de los Comités, formados
por representantes de todos
los partidos democráticos, cientos de
derechistas hubieran sido aniquilados
por los sectores más radicales.
Un
caso paradigmático es el de la ciudad
de Huelva. Temeroso de que todos los
presos corrieran la misma suerte que
las seis personas asesinadas en la ciudad
a manos de incontrolados entre
los días 18 y 23 de julio, el gobernador
Diego Jiménez Castellano ordenó
el día 27 su traslado al “RAMÓN”, un
barco anclado en el puerto. Así salvaron
la vida ciento setenta y nueve
personas de Huelva y de otros pueblos
cercanos.
Igual actitud mantuvieron
en los pueblos algunos alcaldes que
llegaron a exponer sus propias vidas en defensa de los detenidos.
En tanto que la derecha pasaba a
prisión, la ira popular se desbordó de
manera generalizada contra los símbolos
de los grupos privilegiados, contra
las iglesias y contra los casinos,
provocando cuantiosos daños materiales.
Al mismo tiempo los problemas
de abastecimiento se solventaron
mediante incautaciones y requisas
que afectaron principalmente a las
grandes fortunas de la provincia, que
vieron desaparecer sus ganados y sus
nutridas despensas.
Las primeras violencias se produjeron
por la negativa de algunos cuarteles
de la Guardia Civil a acatar las
órdenes superiores recibidas desde
la capital, donde fue congregada la
mayor parte de sus miembros.
Esto
dio lugar a feroces enfrentamientos
en Aroche, Higuera de la Sierra y El
Cerro de Andévalo, enfrentamientos
que acarrearon la muerte de veintidós
personas. En otras ocasiones es
algún vecino de derechas el que se
niega a entregar al Comité las armas
que posee, produciéndose choques
armados en Moguer y Trigueros, y la
muerte de cinco personas.
Finalmente
hay que añadir siete muertes más
durante la ocupación de los pueblos,
tres de ellas en Zalamea. Así, obtendríamos
un total de 34 víctimas en
enfrentamientos armados.
También en esos dos meses se produjeron
diversos asesinatos en ocho
puntos de la provincia. La mayoría de
ellos se debió a las matanzas de presos
habidas en La Palma del Condado
y en Salvochea (El Campillo), con
quince víctimas en el primero y once
en el segundo. A ellos habría que añadir
doce casos más de violencia selectiva,
seis en Huelva y seis en Cumbres
Mayores.
Otros cinco casos tuvieron
lugar en Higuera, Jabugo, Trigueros y
Zufre. Así se totalizarían los cuarenta
y tres casos de represión achacables
a la izquierda desde la sublevación
hasta la ocupación total de la provincia,
casos que sumados a los treinta
y cuatro anteriores darían las setenta
y siete víctimas que la derecha tuvo
en Huelva mientras la izquierda conservó
el poder en algún rincón de la
provincia.
b) El terror fascista.
Ya se ha mencionado que eran las
propias columnas las que al ocupar los
pueblos efectuaban algunas acciones
represivas de carácter ejemplar. Pero
esto solo fue el principio. Antes de
partir, los jefes de las columnas elegían
en cada pueblo a las nuevas autoridades,
militares retirados o viejos
políticos primorriveristas que serían
apartados del poder en breve por los
delegados gubernativos o por Falange
en cuanto se fueron organizando.
En Huelva, como en tantas otras provincias,
hubo poca guerra y mucha
represión, pues ésta, primer principio
fundamental del Nuevo Orden,
se convirtió en requisito ineludible y
simultáneo a su implantación. Cabe
establecer tres fases en la represión
ejercida por los golpistas.
1.-Desde la ocupación a marzo de 1937.
Es la fase de la represión salvaje. Primero, con el pretexto de los
daños materiales, se practicaron detenciones
masivas, encargándose la
guardia civil de los interrogatorios iniciales.
Muy pronto, y dejando de lado
cualquier viso de legalidad o algo que
recordara a la justicia civil, el ámbito
de decisiones se trasladó al Ayuntamiento
o al Casino, donde la oligarquía
local se erigió en dueña de la situación
con la anuencia de las nuevas
autoridades militares, representadas
en cada pueblo por el comandante
militar, normalmente el jefe de puesto
de la Guardia Civil.
La ceremonia
inicial vino representada por el Consejo
de Guerra que el día 3 de agosto
condenó a muerte al gobernador
Jiménez Castellano y a los tenientes
coroneles Orts y López Vicencio,
quienes al contrario de otros cargos
políticos no pudieron huir en barco.
A pesar de las peticiones de clemencia
–más que justificadas si pensamos
que algunas procedían de personas
que pasaron por el “RAMÓN”–, Queipo
decidió que debía primar la ejemplaridad.
El acto, con presencia de
autoridades y público, como si de un
espectáculo se tratara, tuvo lugar en
el parque de El Conquero.
La eliminación de las autoridades
republicanas, cegadas según los golpistas
por lo que llamaron empacho
de legalidad, representó la señal de
salida. Antes de que cayeran el centro
y norte ya estaba siendo diezmado
el sur de la provincia. La caída de
los pueblos mineros supuso un enorme
salto cuantitativo de violencia,
a la que finalmente se sumó la terrible
criba efectuada en los pequeños
y pacíficos pueblos de la sierra.
Propietarios, falangistas, requetés,
guardias civiles, militares y curas se
lanzaron a una tarea de limpieza sin
precedentes. Daba igual que no hubiese
existido violencia previa contra
personas; daba igual que los hombres
hubieran huido: pagarían sus “culpas”
sus padres, sus hijos o sus mujeres,
humilladas por doquier, rapadas, purgadas,
violadas o asesinadas, como
prueba el hecho de que el número de
mujeres eliminadas – hasta ahora sabemos
de unos doscientos casos– supere
al de víctimas de derechas.
En
fosas abiertas en el Cementerio de
Huelva ingresaron en solo dos meses
ochocientas personas.
Fue en esa vorágine cuando se produjo
un hecho inusual en la España
ocupada.
El terror llegó a ser tan insoportable
que, a mediados de septiembre,
cientos de personas empezaron
a reunirse todas las tardes en
el fusiladero oficial, El Conquero, exigiendo
la ejecución de los miembros
de la llamada “Escuadra Negra”, el
grupo de señoritos, falangistas y toreros
frustrados que venía sembrando
indiscriminadamente la muerte desde
julio siguiendo al pie de la letra
los deseos de la oligarquía onubense.
El guardia civil Haro Lumbreras,
nuevo gobernador civil y militar impuesto
por Queipo, reaccionó airado
lanzando amenazas y defendiendo la
actuación de la “justicia”, pero ante
la presión y el escándalo social hubo
de ceder sacando de Huelva a varios
de esos individuos. Pese a todo, el ritmo
de muertes siguió imparable en la
provincia hasta que a finales de año
fue cediendo.
Todos los pueblos de la
provincia salvo tres (Hinojos, Berrocal
e Hinojales) padecieron la violencia
fascista, indiscriminada y brutal
hasta extremos difíciles de imaginar.
La cultura de izquierdas forjada desde
fines del siglo pasado y que culmina en la experiencia republicana
fue arrasada. Alcaldes, concejales,
líderes políticos y sindicales, personas
de relieve social y, por extensión,
cualquiera que pudiera asociarse a lo
que representó la República, fueron
aniquilados.
2-. La segunda fase va de marzo de
1937 a abril de 1939.
Una Orden General
del Ejército (03-03-37) puso a
disposición de la Auditoría de Guerra
a todos los detenidos, dando así comienzo
la época de los Consejos de
Guerra. Con ellos el Nuevo Estado
franquista decidió variar de métodos
y ofrecer una imagen menos sangrienta.
Considerada por muchos como la
segunda vuelta represiva se orientó a
juzgar a los presos que llenaban las
cárceles desde hacía meses y a los
que iban cayendo. Cualquier relación
con el mundo de la justicia o de las
garantías procesales fue casual.
Esta
fase se vio totalmente alterada en la
provincia de Huelva por el problema
de los huidos, problema que llevó a
Queipo a declarar zona de guerra la
mitad de la provincia a mediados de
1937 y que dio al traste de inmediato
con la operación de cubrir la represión
con un envoltorio seudolegal.
Pese a
las instrucciones de las Comandancias
Militares, que en febrero del 37 desaconsejaban
la existencia de muertos
al aire libre por ser espectáculo deprimente
y peligroso y los orificios en
los paredones por el pésimo efecto
que producen a los viajeros, volvieron
a verse muertos en cunetas y cementerios
así como muros tachonados
de impactos de bala.
Los Consejos de
Guerra, por su parte, crueles pantomimas
endurecidas al compás de las
circunstancias, amargaron los días y
las vidas de varios miles de personas,
de las que más de seiscientas fueron
condenadas a muerte en Huelva entre
marzo de 1937 y abril de 1939.
Estos Consejos de Guerra y los brotes
de represión salvaje fueron aprovechados
para acabar con lo que quedaba
de la izquierda, para cortar de
raíz los soportes y enlaces de los huidos,
y para acabar definitivamente
con dicho problema.
Tan injustificable
resultaba acometer estas purgas
a estas alturas que hasta que no reinó
de nuevo la violencia carecieron de
justificación alguna para realizarlas.
Muestra de la “solución final” dada
al problema de los huidos serían las
matanzas efectuadas en el segundo
semestre de 1937 en pueblos como
Almonaster (23), Aroche (28), Calañas
(36), Rosal (34), Valverde (62) o
Zalamea (37).
3-. La tercera fase se inicia en abril
de 1939, con el fin de la guerra, y
concluye en abril de 1945, fecha en
la que tiene lugar en Huelva la última
ejecución relacionada con el golpe
militar.
El triunfo definitivo del fascismo
convirtió al país en una inmensa
cárcel donde hasta para desplazarse
al pueblo de al lado había que contar
con el salvoconducto de la omnipresente
autoridad militar. Miles de
presos fueron recluidos en campos de
concentración y enviados poco a poco
a sus respectivas provincias, donde
ante la imposibilidad de ingresarlos
en las prisiones pasaron a alguna
zona especial de concentración, en
el caso de Huelva al Muelle Pesquero.
Los tribunales militares no se aplicaban
ya en estos años con la ferocidad
anterior, de forma que personas que
solo unos años antes hubieran sido
directamente asesinadas sin trámite
alguno, sufrían ahora largas condenas
que aunque les marcaban para siempre
les permitían al menos conservar
la vida.
El terror reinante convirtió
en figuras veneradas a aquellos militares
defensores que conseguían,
como si de un triunfo se tratara, una
condena de seis o doce años para un
hombre inocente. La penas de muerte
dictadas en esta fase no llegaron a
cien. Sin embargo, fueron las propias
condiciones de vida, el hambre, las
enfermedades, el miedo, el hacinamiento,
la miseria y la violencia estructural,
las que realizaron la criba.
Solo en la Prisión Provincial perdieron
la vida entre 1941 y 1942 unas doscientas
personas.
El final de la Guerra Mundial con el
triunfo aliado acarreó el cese inmediato
de las ejecuciones. La última
ejecución en Huelva tuvo lugar el 5 de
octubre de 1944. En aquel momento
de duda y marasmo las afiliaciones a
Falange se desvanecieron y, por lo
que pudiera pasar, muchos procuraron
tener alguna buena acción en su
haber. Lo cierto es que, agazapados
al amparo del nazi-fascismo desde
1936 y luego al margen de II Guerra
Mundial, habían contado con nueve
años para efectuar la “gran tarea”,
esa que según los nuevos profetas al
estilo de Siurot o Pemán iba a devolver
a España su verdadero ser.
GOLPE MILITAR Y REPRESIÓN EN HUELVA
Francisco Espinosa Maestre
Historiador
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Devolver el verdadero ser.
Ya sé de dónde ésta foto es...