Todo ello empezó debido a la causa abierta por la magistrada argentina María Servini de Cubría, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 de Buenos Aires que, una vez abierto y aprobado el sumario de las acusatorias evidencias que los familiares de las víctimas del franquismo presentaron en una querella ante el citado Juzgado argentino, la jueza Servini le encomendó urgentemente a la Interpol el arresto preventivo de los imputados con fines de extradición para ser interrogados, según indicó --en su día-- el Centro de Información Judicial (CIJ) que trabaja a favor de los familiares de las víctimas del franquismo, debido a que en España es imposible llevar sus causas a los tribunales porque existe una "ley de amnistia" (¡...!)
Al respecto, la jueza Servini entendió que los crímenes ocurridos desde el 17 de julio de 1936 constituían un plan sistemático y planificado de "aterrorizar a españoles" por su ideología y de sustracción de menores y, por lo tanto, "en el terreno de los crímenes de derecho internacional, la extraterritorialidad equipara y aún desplaza a la territorialidad como base para el ejercicio jurisdiccional"
El caso tiene su origen en la denuncia interpuesta en abril de 2010 por múltiples víctimas y sus familiares agrupados en la Coordinadora CEAQUA (Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina). La organización, que alude al artículo 8 de la ley 4/1985 de Extradición Pasiva española, añade que la Audiencia Nacional podrá ordenar, entre otras, la prisión provisional, su libertad o medidas cautelares, como visitas periódicas a un juzgado, retirada del pasaporte o prestación de fianza.
Estas disposiciones adoptadas por Servini estan avaladas juridícamente por lo establecido en el artículo 24 del Tratado Bilateral de Extradición y Asistencia Jurídica en materia penal suscrito en Buenos Aires el 3 de marzo de 1987 entre el Reino de España y la República Argentina.
Servini, que viajó a España para interrogar a las víctimas y visitar distintas instituciones, alegó en su día que "Argentina es competente para llevar a cabo ésta querella criminal porque los hechos se enmarcan sobre las bases del derecho internacional de "crímenes de lesa humanidad" los cuales nunca prescriben y anulan asi, jurídicamente, toda ley de amnistia que se promulgue al respecto, lo que hace legitimo la intervención de la INTERPOL para hacer extensiva la medida de la detención a todas las policías de los países miembros de la Organización Internacional de Policía Criminal OIPC-Interpol, para el supuesto de que los imputados se encuentren fuera de las fronteras españolas."
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Estos son los reclamados por la INTERPOL
en «captura internacional en forma completa»:
(El ex ministro Antonio Barrera de Irimo,
fallecido antes de serle facilitada
la lista de 20 reclamados a la INTERPOL,
quedó afuera de toda acción penal)
1.-Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales entre 1975 y 1976 y que había ocupado previamente altos cargos de responsabilidad en el régimen franquista, se le piden responsabilidades por la brutal carga policial que causó la muerte de cinco trabajadores y mas de cien heridos por armas en la ciudad vasca de Vitoria, el 3 de marzo de 1976.
2.-Utrera Molina, ministro y vicepresidente en diferentes gobiernos de Franco, se le acusa de haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich en 1974. La hermana del último condenado en el garrote vil en España fue una de las querellantes de la causa.
3.-Licino de la Fuente, vicepresidente del Gobierno 1974-1975, complice firmante de los asesinatos del franquismo.
4.-Antonio Carro Martinez, ministro 1974-1975,
acusado de convalidar la sentencia de muerte de Puig Antich y de los últimos fusilamientos del régimen franquista el 27 de septiembre de 1.975 en Madrid, Barcelona y Burgos, en las que fueron ejecutados José Humberto Baena Alonso, José Luís Sánchez Bravo Sollas, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot, y Ángel Otaegui Echeverría.
5.-José María Sánchez Ventura, ministro de Justicia, acusado de haber firmado los últimos fusilamientos del régimen franquista,
6.-Alfonso Osorio García, ministro de la Presidencia, 1975-1976), acusado por su responsabilidad en la muerte de los mencionados trabajadores de Vitoria
7.-Fernando Suárez, ministro de Trabajo de Franco y cómplice de sus crimenes.
Cuerpo Juridico Militar y del Estado:
8.-Antonio Troncoso de Castro, coronel auditor del cuerpo Jurídico Militar.
9.-Carlos Rey González, antiguo capitan auditor del cuerpo Jurídico del Estado
Miembros de las Fuerzas Armadas:
10.-Jesus Quintana Saracíbar
11.-Jesus González Reglero
12.-Ricardo Algar Barrón
13.-Felix Criado Sanz
14.-Pascual Honrado de la Fuente
15.-Jesus Martinez Torres
16.-Benjamim Solsona Cortés
17.-Atilano del Valle Oter
18.-Jesús Cejas Balaguer
Miembro del Cuerpo Médico
19.-Abelardo García, acusado de la desaparición de niños bajo el franquismo, denunciado por el caso de Flor Díaz Carrasco, quien buscaba a su hermano desaparecido en el Hospital Municipal de La Línea de la Concepción el 6 de noviembre de 1967, dónde Abelardo Garcia trabajaba como médico ginecólogo.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
El excapitán de la Guardia Civil, Jesús Muñecas, y 'Billy El Niño' --condecorado éste último con la placa al 'Merito Policial'--, imputados por Servini como profesionales torturadores del régimen de Franco, debido a un acuerdo que los protegían de eser extraditados por la INTERPOL, no figuran en la lista.
Nada, en esencia, ha cambiado...salvo las necesarias vestimentas y máscaras operativas que necesita la dictadura çapitalista, y ello viene demostrado en el hecho de que hay pruebas (1) de que si el pueblo de Cataluña le hubiése dado una vuelta más de rosca al procés en busca de la República independiente, se hubiéra tenido que enfrentar al ejército franquista en las calles y se hubiése producido otro 3 de Marzo como en Vitoria. Pero los catalanes se portaron bien y sólo hubo que encarcelarlos, exilarlos y humillarlos.