UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS, SIETE, OCHO, NUEVE, DIEZ...

UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS, SIETE, OCHO, NUEVE, DIEZ...
"EL CAPITALISMO NO ES NADA MÁS QUE UNA EMPRESA DE LADRONES COMUNES DISFRAZADA DE 'CIVILIZACION' QUE EXTENDIÓ, IMPERIALÍSTICAMENTE, A ESCALA GLOBAL, UN 'SISTEMA' (ECONÓMICO, POLÍTICO, IDEOLÓGICO Y SOCIAL) PARA LEGALIZAR Y LEGITIMAR CON LEYES UN ROBO MASIVO Y PLANETARIO DEL TRABAJO SOCIAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES, ENMASCARADO DE 'ECONOMÍA MUNDIAL' ". Manuel Freytas



"UN SISTEMA ECONÓMICO CRUEL


AL QUE PRONTO HABRÁ

QUE CORTARLE EL CUELLO"

¡ QUÉ GRAN VERDAD !
PORQUE FUÉ ESE MISMO
SISTEMA ECONÓMICO CRUEL,
PRECISAMENTE,
¡ EL QUE LE CORTÓ EL CUELLO A ÉL !


Monday, September 29, 2014

LA SECUESTRADA HISTORIA DE ESPAÑA: LA IMPUNIDAD DEL TERRORISMO

 
-"Entónces: ¿dónde existe el pasado, si es que existe?
-En los documentos, en las constancias escritas
-En los documentos; y ¿dónde más?
-En el entendimiento, en la memoria de los hombres.
-En la memoria. Perfectamente. Pero nosotros,
 el Partido, ejercemos el dominio sobre todas     
 las constancias escritas y sobre la memoria
 de los  hombres. Por consiguiente, también
 dominamos el pasado, ¿no es así?
-Pero  ¿cómo pueden ustedes impedír
 que los hombres recuerden las  cosas?
 (exclamó Winston, olvidandose por un momento
 de la esfera)  Lo que se recuerda es espontaneo,
 algo que se escapa a la voluntad. ¿Cómo es posible
 que ustedes dominen la memoria del hombre?
 ¿Acaso han dominado la mía?
    Volvió O'Brien a asumir una expresión de severidad
    y pusó la mano en la manija de la esfera"
 
                                   "1984", George Orwell
                                  (La esfera aqui es el instrumento de  tortura
                                    con el que era interrogado Winston)
                                                
        ................................                               

La capacidad para hacer

que las cosas no existan.

Por Manuel Blanco Chivite


27 de septiembre de 2014
 
 
Introducción
 

¿Realmente fueron acciones armadas? ¿Realmente aquéllos jóvenes que acabaron sus días frente a los últimos pelotones de fusilamiento del general Franco, con el voto unánime de todos los componentes de su gobierno, realmente empuñaron y dispararon alguna suerte de arma de fuego?

De hecho, sometidos a sumarísimos consejos de guerra, sus abogados, ante la afirmación de los fiscales militares de que habían empuñado tal pistola, tal revólver o tal escopeta, solicitaron, con el mayor de los respetos, que dicho armamento, importantísima prueba de cargo como cualquiera puede colegir, se presentase ante el correspondiente consejo de guerra y, además, no menos importantes, se presentasen, igualmente, las pruebas periciales referentes a temas como huellas dactilares, balística, y otras prácticas probatorias elementales.

Además, la policía afirmaba que, en efecto, se habían capturado las armas de las se hablaba en el apuntamiento preparado por la instrucción.

Y, ¡oh, sorpresa!, no había pistola, ni revólver, ni escopeta, ni proyectiles, ni pruebas balísticas, ni huellas dactilares y, por no haber, tampoco había testigos, pese a que la propia policía, una vez más, había dicho que sí, que los había, pero no, no los hubo. En realidad, no hubo nada.

Ninguna prueba. Nada. Las armas no existían más que en los papeles y en las palabras de los fiscales. No estaban en ningún sitio. Nadie vio ni oyó a los supuestos testigos que jamás se supo nada de ellos. Toro eran palabras y supuestas declaraciones, más palabras, conseguidas a palos y bajo tortura. Nada mas.
 
Sin embargo, sí hubo condenas a muerte. Hubo “enterado” por parte del gobierno en pleno. Y hubo, una vez mas, una mañana de sangre. Fue el 27 de septiembre de 1.975. Los últimos asesinados de aquel gran asesino de su propio pueblo, el general Franco. No tuvo tiempo de más; murió cincuenta y cuatro días después.

¿Inverosímil? ¿Me lo estoy inventando? ¿De verdad sucedió algo así?

Ciertamente, no es fácil, transcurridos los años, hacerse una idea de aquella España dictatorial e ilegítima en la que los tribunales especiales, militares y de Orden Público, hacían y deshacían en función de los intereses políticos del régimen del que formaban parte. Todo ello, en perfecta sintonía represiva con los poderosos servicios de seguridad, desde la Brigada Político Social (BPS), pasando por la Guardia Civil (cuerpo de carácter militar, pese a su curioso nombre) hasta los numerosos servicios de información militares o de presidencia del Gobierno, amén de las diferentes y cambiantes estructuras de las bandas terroristas de Estado.
 
Todo un entramado con licencia para matar al servicio de los intereses económicos, políticos y sociales de un régimen no por agonizante menos sangriento. Y más que agonizante, en vías, por entonces, de articular su transformación par la mejor defensa y continuidad de los citados intereses.
 
Se ha dicho que el tardo-franquismo fue aperturista y, ciertamente, algo de eso hubo. Los contactos de diversas personalidades del régimen con sectores de la llamada oposición (PCE, PSOE, nacionalismos varios) y cierta manga ancha bien calculada según para quién, auguraban los pactos de gran calado a que el franquismo ya evolucionado llevó a la citada oposición al objeto de fundamentar la transición democrática basada en la Monarquía pergeñada por el dictador.

 Pero esto fue tan solo una de las caras de la moneda. Durante los años 70-75 la represión (y vamos a atenernos exclusivamente a la represión sangrienta) vivió un nuevo auge. Un siniestro goteo de muertes y agresiones sembró el escenario de las luchas antifascistas.

 UN ESCENARIO SANGRIENTO

En los años de referencia, y sin contar los cinco fusilamientos de septiembre del 75, la represión política asesinó a unas cincuenta (50) personas.

En esta cifra no incluimos, por no existir una información contrastada debido a la censura de la época, algunas de las personas asesinadas en los controles policiales, de los que raramente se informaba, ni de algunas de las muertes producidas por las malas condiciones y los apaleamientos en las cárceles.
 
Las incluidas en nuestro recuento, a excepción de las que en el mismo así se señalan, aparecieron en la prensa contemporánea a los hechos; quiere esto decir que se trataba de informaciones que transcribían, sin apenas alteración, las notas oficiales de los propios cuerpos de seguridad del Estado, por lo que las circunstancias reales de los asesinatos sólo podían llegar a saberse a través de las publicaciones clandestinas que recogían, cuando esto era posible, el testimonio de testigos presenciales o de personas involucradas en los hechos.

Y un dato previo: entre 1.967 y 1.975 se decretaron seis estados de excepción. Los de enero del 69 y diciembre del 70, de tres meses de duración, afectaron a todo el territorio del Estado; los restantes “sólo” a las provincias que, tras la victoria franquista, fueron declaradas oficialmente, “provincias traidoras”, Vizcaya y Guipúzcoa. (Vaya entre paréntesis que quien esto escribe es natural de una de estas “provincias traidoras”, Guipúzcoa, denominación que siempre me ha parecido magnífica).

En 1.969, durante una manifestación de vecinos de la localidad vizcaína de Erandio, la Policía Armada cargó y disparó a mansalva. Resultado, dos manifestantes muertos. Se llamaban Fernando Elorriaga y Jesús Murueta. También en 1.969 fue asesinado por la Brigada Político-Social de Madrid el estudiante Enrique Ruano. Lo arrojaron por una ventana. Versión oficial: se arrojó él mismo.

Pocos meses después, ya en 1.970, durante una huelga de la construcción, en Granada, fueron ametrallados y muertos por la policía tres trabajadores: Manuel Sánchez, Antonio Cristóbal y Antonio Huertas.

En septiembre de 1.971, en Madrid, un miembro de CCOO de la construcción reparte pacíficamente octavillas llamando al paro. Le descubre una pareja de la Guardia Civil, le da el alto, uno de los miembros de la pareja le dispara por la espalda y lo mata. Así de sencillo. No pasa nada. Nunca pasa nada.
 
Recuerdo particularmente este hecho porque la misma mañana, todos los militantes de todas las organizaciones clandestinas recibimos la noticia conmocionados. Todos tuvimos el tan vulgar como dramático pensamiento de que podía habernos pasado a cualquiera y de que, cualquier día o a cualquier hora, también podía pasarnos a cualquiera.

Apenas transcurre un mes, estamos en octubre del 71 y, en efecto, le sucede lo mismo a cualquiera; esta vez a Antonio Ruiz Villalba trabajador de la SEAT. Formaba parte de una manifestación con sus compañeros de plantilla, cuando la Policía Armada recibió la orden de disparar. Además del muerto, hubo varios heridos de bala y numerosas detenciones.
En marzo del 72 se desencadena una huelga general en  Ferrol. En la Bazán, el día 10, se producen varias cargas policiales especialmente duras. Se acorrala a un numeroso grupo de obreros, se les apalea y se les ametralla sin piedad. Esta vez los muertos son dos, Daniel Niebla y Amador Rey. Dieciséis heridos de bala y cinco apaleados tuvieron que ser hospitalizados. La policía detuvo e interrogó con sus métodos habituales a ciento una personas. Por estos hechos hubo 23 procesados, todos obreros; diez fueron condenados, en juicio celebrado en julio de 1.975, a penas de uno a siete años de prisión. Ningún policía fue ni siquiera amonestado; se daban ordenes y se obedecían.
 
El 16 de marzo del mismo año muere ametrallado en Elizondo (Navarra) Juan Goikoetxea; el 12 de septiembre son abatidos a tiros Mikel Hernández, en la casa donde dormía, y Benito Múgica Zumeta, cuando se entregaba sin ofrecer resistencia.
 
El 4 de diciembre, otros dos muertos: José María Fuentes, estudiante, en Santiago de Compostela a manos de la BPS y José Luis Aranguren, a manos de la Guardia Civil, en Urdax.

En 1.973, el goteo mortal continúa. El 3 de abril un obrero de Sant Adrià del Besòs, Manuel Fernández Márquez cae muerto al ametrallar la Guardia Civil una manifestación de trabajadores; otro, Serafín Villegas Jiménez cae herido grave con una bala en la clavícula. Son trabajadores de la Central térmica del Besós: 56 horas de trabajo semanal y contratos firmados en blanco.

 El 19 del mismo mes, la BPS acribilla, en una emboscada en Algorta a Eustakio Mendizábal, “Txikía”, dirigente de ETA. Se cuenta que el tiro de gracia lo recibió esposado.
 
El 17 de septiembre es detenido en Reus por la Guardia Civil un joven obrero de la construcción llamado Cipriano Martos. Morirá bajo la tortura. Los agentes le hicieron beber dos veces consecutivas el contenido de varios cócteles molotov. La prensa española ocultó por completo el hecho. Una nota del diario francés “Le Monde” lo dio a conocer.

También en septiembre, el 25, fue detenido Salvador Puig Antich. En la detención se produjo un enfrentamiento cuerpo a cuerpo y se hicieron varios disparos a consecuencia de los cuales un miembro de la BPS resultó muerto. Según la policía, los disparos que en tal confusión acabaron con el policía fueron hechos por Puig Antich. Sin más pruebas que la versión policial, claramente falsa en maás de un extremo, Puig Antich fue condenado a muerte. 

El 28 de noviembre fueron acribillados a balazos por la Guardia Civil, en las calles de Bilbao, José Etxebarria y José Pagazaurtundua.
El 6 de diciembre, cae bajo las balas policiales Josu Arteche, en San Sebastián.
El 20 de diciembre voló en dirección al cielo, como corresponde a un buen católico, Carrero Blanco. El mismo día, por la noche, unos policías de la Brigada Política dispararon en Madrid contra un muchacho que, vaya usted a saber por qué, les resultó sospechoso. El joven resultó muerto. Se llamaba Pedro Barrios, era camarero y jamás supo por qué le dispararon. Ni él ni nadie. Jamás hubo ni siquiera una “versión oficial”.

En el proceso 1.001 contra los dirigentes de CCOO que se desarrolló por las mismas fechas, se dictaron 162 años de cárcel.

 El 4 de enero de 1.974 presta juramento un nuevo gobierno, presidido por Arias Navarro, un especialista en la represión, fiscal militar de Málaga durante la guerra y tras la caída de dicha ciudad en manos de los fascistas. Allí se ganó el sobrenombre de “El Carnicero”. De 1.957 a 1.965 fue Director General de Seguridad y con el gobierno de Carrero Blanco llegó a Ministro de la Gobernación. Un hombre, pues, con las manos llenas de sangre.

 El 12 de febrero en un sonado discurso, el personaje con tal historial promete apertura.

El 19 del mismo mes se reanuda la cuenta de sangre. Francisco Madrigal, joven trabajador, distribuye octavillas en San Sebastián de los Reyes (Madrid). La Guardia Civil le da el alto y le conmina a que recoja la propaganda que ha dejado en el suelo. Se niega y la negativa le cuesta la vida. Varios disparos acaban con el muchacho.

 El dos de marzo es ejecutado en el patio de la cárcel Modelo de Barcelona, mediante garrote vil, el anarquista Puig Antich. Eran las 9,45. Poco antes, en la prisión de Tarragona, moría por el mismo procedimiento Heinz Chez, acusado de haber dado muerte, en un enfrentamiento, a un miembro de la Guardia Civil.

 Guardo un recuerdo particular de las movilizaciones de aquéllos días, muy minoritarias en Madrid, por desgracia, y de la sorda indignación que nos embargaba a todos. Por entonces, yo era el responsable del Comité de Madrid del PCE (m-l) y me tocó escribir el texto de condena del asesinato de Puig Antich, una breve octavilla de la que se distribuyeron varios millares. 

 Fueron las primeras piedras del llamado “espíritu del doce de febrero” y un adelanto de lo que vendría. Se deseaba y se pretendía la apertura, pero se la deseaba a la medida de los intereses y del talante evolucionista del propio franquismo. Para ello, se hacía preciso eliminar de la escena política a quienes podían hacer peligrar la integridad de sus intereses y el diseño transicional que se estaba fraguando a través de los contactos ya iniciados con el pactismo del PCE, PSOE y grupos nacionalistas de Euskadi y Cataluña. 

Escarmentar a sangre y fuego a los sectores organizados  más combativos de la izquierda y a los sectores sociales más susceptibles de apoyarles era la consigna represiva del momento y lo seguiría siendo aun tras la muerte de Franco y a lo largo de toda la transición.
 
Se trataba de ir despejando el terreno para el asentamiento y consolidación de las instituciones que sucederían al dictador, la Monarquía y la Constitución monárquica del 78.

 El 26 de marzo un estudiante donostiarra, Francisco Lozano López muere a manos de la BPS. El 20 de mayo mueren por disparos de la Guardia Civil en Fuenterrabía, Roque Méndez Villalba y José Luis Mondragón.
 
El verano del 74 fue, así lo recuerdo, particularmente caluroso, sobre todo en Madrid, y en las organizaciones antifascistas no tuvimos vacaciones: la temperatura política no se quedó atrás. Franco cae enfermo, el príncipe Juan Carlos se ensaya como jefe del Estado en funciones y se crea la Junta Democrática con el PCE y algunos amigos circunstanciales.
 
El 11 de julio la Guardia Civil mata a tiros en Las Palmas de Gran Canaria a María Dolores Rodríguez Betancourt. El 19 de agosto, el mismo cuerpo mata a una turista en un control de carreteras. La noticia no aparece en la prensa.

 Uno de agosto. Carmona, pueblo de la provincia de Sevilla, se ha quedado sin agua. Una manifestación de vecinos sale a la calle e invade la carretera. Pide agua, claro está. Pero la Guardia Civil tiene una monocorde respuesta para todo: la manifestación es tiroteada y muere un vecino, Miguel Roldán Zafra. Nunca nadie recibió tanto por pedir tan poco.                                                 

El 11 de septiembre Urcelay Imaz muere igualmente a manos de la Guardia Civil en Bilbao.

El 13 de septiembre un oscuro atentado revienta la cafetería Rolando, de Madrid, junto a la Dirección General de seguridad. La policía había alertado a  los suyos de no frecuentarla por esas fechas. Tras varios días de confusas informaciones por parte de la BPS, se tira por el camino más fácil: ha sido ETA. El 20 de octubre, ETA lo desmiente. A saber... El saldo, 11 muertos.
 
El 30 de octubre la Guardia Civil continua su andadura y mata a tiros en San Sebastián a Ignacio Iparraguirre Aseguinolaza. El 18 de diciembre muere igualmente a tiros e igualmente a manos de la Guardia Civil Mikel Salegui; lugar, Rekalde. 
          
1.974 se despide bien servido. Durante el último trimestre fueron detenidas 1.309 personas: 478 en octubre; 197 en noviembre y 634 en diciembre. El Tribunal de Orden Público (TOP) incoó durante este año 2.382 causas, 217 mas que en el 73.
 
Y una pincelada más: en 1.974 han emigrado de España, por motivos de sobrevivencia económica, 141.6651 personas. odo augura un 1.975 extremadamente complicado.

El 20 de enero La Guardia Civil mata a tiros a Víctor Pérez Elexpe, militante del PCE(i). Su delito: repartir propaganda de su partido en Santurce.
 
En enero se detuvieron en toda España 600 personas, de ellas, 120 en Cataluña. (Manejamos, a no ser que indiquemos otra cosa, cifras oficiales y la contabilidad de los hechos reseñados por la prensa; ambas fuentes pueden considerarse poco fiables, en el sentido de que ocultaban en unos casos y reducían en otros gran parte de los hechos relacionados con la represión).

 En febrero, los detenidos superan los 400, entre ellos, el comandante de estado Mayor Julio Busquets. Se atacan a tiros y con cócteles molotov librerías de Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Granada,... Participan en los ataques los consabidos grupos de extrema derecha así como miembros de las fuerzas de seguridad del Estado vestidos de civiles.

 El 1 de febrero fue herido de gravedad por los disparos de un policía de la BPS el joven Carlos Urritz Geli, del PCE(m-l), junto al metro de Santa Eulalia, de Barcelona. Su delito, el mismo que Pérez Elexpe: repartía el periódico de su organización.
 
El 5 de febrero muere en un hospital de Barcelona, a consecuencia de las torturas infringidas por la BPS, Pedro Mora León, militante independentista.

 Tras el consejo de ministros del 8 de marzo, el titular de Información, León Herrera Esteban declara que, por el momento no se cree necesario acudir al estado de excepción”. Al parecer, las fuerzas de seguridad del estado ya mataban lo suficiente.

Sin embargo, poco más de un mes después, los hechos desmienten al ministro. Con fecha del 25 de abril, un decreto firmado por Franco y el ministro de la Gobernación, José García Hernández, establece el estado de excepción durante tres meses en Vizcaya y Guipúzcoa.

Justo la víspera de la firma del decreto la Guardia Civil dio muerte a tiros a Mikel Gardoqui Azpiroz.

 Durante estos días, en Galicia, están en huelga los trabajadores de FENOSA. El 1 de mayo, dos organizaciones de izquierda, el FRAP y la LCR convocan una manifestación en las cercanías de los bloques donde viven muchos de los obreros de la citada empresa. Unas cien personas recorren la zona repartiendo propaganda y lanzando consignas de apoyo a los huelguistas. Entre ellas, está José Humberto Baena, uno de los jóvenes que cinco meses después sería fusilado en Madrid. Se había unido al FRAP a principios de 1.974. José Luis Sánchez Bravo, otro de los fusilados, también de Vigo, al igual que Baena, no pudo asistir a la manifestación por encontrarse huido. La persecución policial le había hecho refugiarse primero en Santiago de Compostela y luego en Madrid.

Mientras la manifestación se desarrollaba sin incidentes, aunque en estado de alerta a la espera de la aparición de las fuerzas de seguridad, desde un balcón, un guardia civil apellidado Sanfiz se dedicó a hacer puntería y disparar sobre los manifestantes. Un obrero de FENOSA, Manuel Montenegro, que contemplaba la manifestación desde la acera, fue alcanzado por las balas. Murió en el acto. Minutos después, una dotación de inapreciable cuerpo al mando de un capitán rescató a Sanfiz de las iras de manifestantes y vecinos. Se dijo, para calmar los ánimos, que había sido detenido, lo que resultó descaradamente falso. De hecho, la policía desató una fuerte ofensiva contra el FRAP, lo que obligó a Baena a abandonar Vigo y marchar a Madrid.

El 20 de mayo, la Guardia Civil perpetra una masacre en Guernica, asesinando a tiros a tres personas: Jesús Markiegi, de veinte años, y el matrimonio formado por Blanca Saralegui Allende, de cuarenta y dos e Ignacio Garay Lejarreta, de cincuenta y tres.

Como dato adicional a esta tenebrosa lista de sangre señalemos que, entre octubre del 74 y mayo del 75 se produjeron 80 secuestros de periódicos y revistas de todo tipo.

El 9 de mayo, el ministro de Información León Herrera se reunió con nueve directores de periódico de ámbito nacional para dictarles una serie de normas de comportamiento informativo en la situación de estado de excepción, entre otras: “no criticar al Jefe del Estado, al Príncipe Juan Carlos o al Presidente del Gobierno”. Se restringió igualmente la información sobre la actividad de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

En poco mas de un mes, de marzo a primeros de mayo, los detenidos en todo el país sumaron, si nos guiamos por las informaciones periodísticas, siempre muy parciales, unos 700. Un cálculo más pormenorizado podría elevar la cifra a, más o menos, 1.300, para superar los 2.000  en los siguientes cuarenta y cinco días. En junio-julio fueron internados en la plaza de toros de Bilbao 125 detenidos, al no haber espacio en las comisarías.

Desde el final de la guerra con la victoria fascista y los primeros años cuarenta,  no se habían utilizado las plazas de toros para encerrar a los detenidos.

Euskadi tuvo el privilegio de reverdecer las nostalgias criminales de un régimen más igual a sí mismo treinta y seis años después de haberse establecido de lo que muchos pretendían. Pero es que lo que se jugaba en el 75 ya no era quién, cómo y en qué condiciones ganaría una guerra, sino quién, cómo y en qué condiciones ganaría la transición

El 24 de mayo el estudiante Luis Arriola, de diecisiete años, fue detenido en Ondarroa y conducido al cuartel de la Guardia Civil. Motivo: formaba parte de un grupo de muchachos que se paseaban cantando en vasco. En el cuartel le pegaron un tiro y murió. La prensa guardó el más absoluto silencio.

El 28 del mismo mes, una ciudadana alemana, Felicitas Mara Alesandra murió en un control de carreteras a manos de la Guardia Civil. El mismo cuerpo de Seguridad mató a un niño de trece años en otro control de carreteras. La prensa, en silencio. El estado de excepción era para algo. Alfredo San Sebastián, de veinticuatro años fue asesinado en Guipúzcoa el 15 de junio, igualmente por la Guardia Civil         

 IMPUNIDAD BLINDADA PARA LOS ASESINOS

Pues señor, tal era el panorama que se sufría en aquélla España de agonizante dictadura.En un régimen ilegítimo e ilegal, los asesinatos de Estado no son asesinatos legales, son, simplemente, asesinatos. Y los asesinos, pueden ser cualquier miembro de cualquier cuerpo de Seguridad del Estado que, simplemente, obedece órdenes de sus superiores sin cuestionarse absolutamente nada mas.

En consecuencia, en todos los casos consignados hasta aquí, por no hablar de las torturas y apaleamientos callejeros, jamas los responsables directos de los crímenes, ni quienes impartieron las ordenes, tuvieron que comparecer ante un juez.

Si alguno lo hizo, la magistratura española de la época estaba lo suficientemente corrompida y sometida al gobierno y a los poderes policiales, como para que nunca llegase a aclararse nada. La impunidad era completa, blindada, garantizada.

Cualquier policía o guardia civil, cualquier miembro de la BPS, cualquiera que para ganarse la vida elegía vestirse un uniforme y colocarse un arma al cinto, se sentía plenamente respaldado para disparar y matar o para apalear y torturar a sus conciudadanos.

 Este tipo de hechos, además, solía ser motivo de promoción profesional.

Para cualquier persona honesta y políticamente lúcida, para cualquier militante de una organización antifascista, cuando un miembro de los cuerpos de Seguridad del Estado torturaba o mataba, eran todos los que torturaban o mataban, ya que ninguno se rebeló a tales ordenes, todos obedecieron y cobraron sus salarios y sus primas por obedecer. De la misma manera, cuando un joven o un trabajador era asesinado o torturado, todos nos sentíamos concernidos, porque sabíamos que, en un momento u otro, podía tocarnos el turno.

FRAP: ACCIONES ARMADAS Y FUSILAMIENTOS EN 1.975

Todo lo anterior explica, entre otras consideraciones de mayor o menor alcance político, que una organización como el FRAP acosada por detenciones, torturas heridos de bala, algunos muertos y largas condenas de cárcel, decidiese, pese a su estremecedora escasez de medios adecuados, decidiese responder violentamente a tanto desmán.

Así fue que, mal que bien, se articularon varios grupos que, en algún momento, se denominaron de “defensa y combate”, aunque nunca llegaron a estabilizarse con estructuras propias, ni a recibir nombre específico.

Tales grupos aparecieron en Madrid, Valencia y Barcelona; en las tres ciudades llevaron a cabo la mayor parte de las acciones violentas atribuidas al FRAP: desde atentados personales contra policías hasta ataques a alguna comisaría o cuartel.

Los objetivos específicos importaban poco. Para el FRAP, como para muchas personas y como la realidad cotidiana nos mostraba, un miembro de las fuerzas de Seguridad del Estado era o podía ser en cualquier momento, ante una manifestación, ante una huelga, ante un simple reparto de octavillas o una pintada, un asesino.

Así se pensaba, creo que con toda la corrección que nos brindaba la experiencia cotidiana, y así se llegó a actuar.

El carácter incipiente de estos grupos, su inexperiencia, su carencia de medios y armamento y su inclusión orgánica confusa, pues las células de actividad puramente política o sindical y tales grupos aparecían todavía entremezclados de alguna manera, facilitaron las detenciones de buen número de activistas, además, como puede suponerse, de los resultados conseguidos mediante torturas y palizas.

Las ejecuciones de un policía armado y de un teniente de la Guardia Civil en Madrid, provocaron, en varias oleadas, la detención de medio centenar de personas. Todas ellas fueron acusadas de pertenecer, en un grado u otro, al FRAP e, incluso, de haber participado en las muertes mencionadas.

La ofensiva contra el FRAP se extendió a toda España y se simultaneó con otra dirigida contra el independentismo vasco de ETA

Las detenciones fueron numerosas y las muertes producidas por la policía se sucedieron implacablemente.

Tras la ejecución mediante atentado de un miembro de la policía armada en Madrid, el 14 de julio, fueron detenidos en la misma ciudad doce personas acusadas de pertenecer al FRAP, entre las cuales se encontraba quien suscribe. Fuimos seleccionados cinco de los que consideraron más significativos  y acusados, en uno u otro grado, de la ejecución del policía franquista. Algunos de los detenidos nada tenían que ver con el FRAP. Los acusados fuimos: Vladimiro Fernández Tovar, Humberto Baena Alonso, que apenas llevaba dos meses en Madrid, Fernando Sierra Marco, Pablo Mayoral Rueda y Manuel Blanco Chivite.

Todo fuimos interrogados por los miembros de la Brigada Central de la BPS, encabezada por el comisario Roberto Conesa.

Creo que este patético y siniestro personaje merece algunas apreciaciones. Lo recuerdo bien. Su historial como policía y torturador al servicio de Franco ( y posteriormente de la Monarquía) esta en la memoria de muchos.

Era un hombre que se exaltaba de manera muy peculiar en las palizas a los detenidos. La saña de su actuación y la evidente excitación que le producía me llamaron la atención. Los gestos de ira le demudaban la cara, le despeinaban la escasa cabellera. Aparecía en su frente una sudoración que constantemente me hacía pensar en una sexualidad sádica satisfecha entre las cuatro paredes en que se desarrollaban las torturas. Sus gafas ahumadas apenas ocultaban el brillo de su mirada acuosa. Le palpitaban las aletas de la nariz, los labios le temblaban ligeramente, la boca se le ensanchaba en un rictus de rabia desatada. Lo que en otro policía, también tristemente famoso, Melitón Manzanas, era psicopatía, en Conesa era sadismo y, quizás, homosexualidad reprimida.

Creo que era un policía capaz de cualquier crimen al servicio del Estado y, al mismo tiempo, un ser profundamente patético: un pobre hombre.

Los detenidos permanecimos en la Dirección General de Seguridad ocho días. En la cárcel de Carabanchel, fuimos incomunicados en la galería especial de celdas bajas, de nombre oficial: Celdas de Prevención Bajas, el CPB, tal como se conocían en la cárcel.

Aislados en celdas individuales, incomunicados, sin derecho a patio, ni a visitas, ni a visita del abogado. En tales condiciones, y durante varias noches consecutivas, fuimos interrogados por varios miembros de los Servicios de Información de la Guardia Civil, al mando de un coronel, en las mismas dependencias de la cárcel

El coronel era alto, gordo, bigote entrecano, bien afeitado, con cierto aire de señorito otoñal y bien alimentado. El y sus acólitos llegaban a la galería de servicios hacia las doce o la una de la madrugada, se instalaban en una de las oficinas y hasta allí nos conducían a los detenidos de uno en uno, sin permitir  que nos viésemos entre nosotros. Los interrogatorios se prolongaban hasta casi el amanecer. Buscaban a los autores de un atentado realizado en los alrededores del canódromo madrileño y en el que había sido ejecutado un guardia civil. Su despiste era mayúsculo, ya que ni siquiera había sido el FRAP el autor de la acción.

Recuerdo que el coronel estaba acompañado de un joven teniente de aspecto deportivo, pelo castaño claro, ancho de hombros y con ganas de castigar. En una de esas noches, en un momento dado, se inclinó sobre la oreja de su superior y le preguntó a media voz: “¿Podemos tortu…?”  Tortu…, tal cual. El coronel negó con la cabeza y dijo: “Tienen que llegar presentables a los consejos de guerra”.

Lo que habíamos recibido en la DGS, al parecer, no era suficiente para su “investigaciones”, pero nuevas sesiones podían marcarnos de nuevo y no dar tiempo, dada la celeridad con la que se estaba desarrollando la instrucción, a que desapareciesen las nuevas posibles marcas en nuestros cuerpos.

Sin embargo, hubo amenazas; no contra nosotros, sino contra nuestras familias. Aun recuerdo la frase exacta de aquel valiente coronel: “Tu, aquí, en la cárcel, estas seguro, ¿comprendes?, tu aquí estas seguro; otros, fuera, no. Comprendes?”. Un hombre sutil.

Después, los acontecimientos se precipitaron.

Tras aquellos alucinantes interrogatorios, pudimos comunicar con nuestros abogados, aun cuando continuamos en la galería de CPB, de la que no saldríamos hasta pocos días antes del consejo de guerra.

El juez instructor se llamaba Mariano Martín Benavides, era coronel del ejército y nos tomó declaración también en el interior de la cárcel.

Recuerdo que cuando le hablé de las torturas y palizas, se limitó a mirar distraídamente por la ventana: lucía un sol espléndido, desde luego. El mismo delincuente uniformado denegó la petición de nuestros abogados pidiendo que se practicasen 134 pruebas de diferente tipo, desde las balísticas, huellas dactilares, comprobación de coartadas... hasta interrogatorio de testigos. A Martín Benavides le bastó veinte minutos para rechazarlas todas. No había nada que comprobar.

Sin embargo, la petición fiscal para los cinco encausados en este primer consejo de guerra era de tres penas de muerte, para Humberto Baena, Vladimiro Fernández y Manuel Blanco, y dos de treinta años de prisión, para Pablo Mayoral Y Fernando Sierra Marco.

En la calle, las muertes se sucedían.

El 30 de julio, la policía política (BPS) mata a tiros en Madrid a Jesús Munguía Ayestarán. Diego Navarro Rico, obrero de la construcción en Tarragona, de cuarenta años fue herido de bala en una manifestación y detenido. El 9 de agosto apareció ahorcado en la cárcel de dicha ciudad. El 12 de agosto, en Ferrol cae por los disparos del mismo cuerpo José Ramón Reboiras Noya , de veinticinco años, militante de la Unión do Pobo Galego (UPG). Jesús García Ripalda , de veintitrés años , fue asesinado a tiros por la policía cuando participaba, en San Sebastián, en una manifestación, el 31 de agosto.

El 16 de agosto, otro grupo del FRAP ejecutaría a un teniente de la Guardia Civil en Madrid. De las consiguientes detenciones, la represión se centró en Ramón García Sanz, José Luis Sánchez Bravo, María Jesús Dasca, Concepción Tristán (torturada personalmente por Roberto Conesa) y Manuel Cañaveras y José Fonfría.

            El 27 de agosto entra en vigor un nuevo decreto-ley “anti-terrorista” elaborado por Eleuterio González Zapatero, fiscal del Supremo, a petición del Gobierno Arias. El decreto fue aplicado, de manera retroactiva, al segundo grupo de acusados del FRAP, que fueron sometidos a un consejo de guerra sumarísimo.

La implicación del ejército fue total, completa.

Los dos consejos de guerra contra el FRAP se celebraron, significativamente, en el acuartelamiento de la División Acorazada Brunete (DAC), espina dorsal del ejército español, en El Goloso, a pocos kilómetros de Madrid. Pese a las excepciones honrosas de los miembros de la UMD, el ejército español seguía teniendo el mismo carácter político y delincuencial que le imprimieron sus jefes y mandos el 18 de julio del 36. Tan es así que la DAC, por entonces, estaba bajo las órdenes del mas tarde tristemente célebre criminal golpista Milán del Bosch.

El primer consejo de guerra de El Goloso tuvo lugar los días 11 y 12 de septiembre. De los cinco encausados, Humberto Baena, Vladimiro Fernández y quien esto escribe fuimos condenados a muerte sin pruebas, sin testigos, sin que pudiesen siquiera presentarse ante el Consejo de Guerra ni armas, ni municiones, ni informes de huellas dactilares...

Los delincuentes uniformados que dictaron tan arbitrarias y brutales condenas, componentes del Consejo de Guerra, fueron: Francisco Carbonell Cadenas de Llano, coronel de infantería y presidente del consejo; Jesús Cejas Mohedano, capitán auditor y vocal ponente; los capitanes José Rey Mora, Angel Urquijo Quiroga y Juan García Saro, ponentes y el teniente coronel Ramón González Arnao,.gordo, con su buena papada, fiscal que no consiguió dar una sola muestra de inteligencia a lo largo de todo el consejo.

En la sala estuvo presente Christian Grobet, abogado de Ginebra y Zurich, observador de la Liga Internacional de los Derechos del Hombre. Su informe respecto a lo que vio no se ha publicado en España. Algunas frases nos pueden dar una idea de como se desarrollaron las cosas:

“El que suscribe no puede por menos que comprobar una vez mas que los derechos elementales de la defensa, es decir, el derecho que tiene el acusado a ser juzgado con equidad ... ha sido menospreciado en España de la manera más grosera.

El proceso de los cinco militantes del FRAP ha constituido un simulacro...

Es evidente que el régimen franquista no podía dejar impune el asesinato de un policía, sobre todo en el clima actual de represión que ha alcanzado su paroxismo con la promulgación de la ley antiterrorista, cuya finalidad es amordazar cualquier forma de oposición.

Era preciso encontrar culpables para infringirles el castigo ejemplar exigido por ciertos sectores del régimen...¿Pero son realmente culpables los  miembros del FRAP que estan siendo juzgados? ¿No pagarán estos por  otros?...

El que suscribe nunca ha tenido, desde que asiste a procesos políticos en España, un sentimiento tan acusado de asistir a tal simulacro de proceso, en definitiva una farsa siniestra, sobre todo si pensamos en la suerte que reserva a los acusados”.

 El segundo Consejo de Guerra de El Goloso, sumarísimo, celebrado el 17de septiembre, se desarrolló en condiciones aun peores, con la expulsión de los abogados de la sala e, igualmente, sin admitirse la práctica de ninguna prueba.

La cuadrilla que formó el Consejo fue la siguiente: Presidente: Ricardo Oñate de Pedro, coronel de caballería; vocal ponente, Carlos Rodríguez Devesa, comandante auditor; vocales: capitán de caballería José García Guerrero, capitán de artillería Pedro Sánchez Castro y capitán de ingenieros José Miguel de la Cale; suplentes, capitanes Julio Nieto González y Fernando Redondo Díaz; Fiscal: coronel Agustín Puebla Fernández.

  Los condenados a muerte esta vez fueron: Ramón García Sanz, José Luis Sánchez Bravo, Manuel Cañaveras. María Jesús Dasca y Concepción Tristán, que se encontraba embarazada.

Celebrados al mismo tiempo en Burgos y Barcelona los consejos de guerra contra los militantes de ETA Angel Otaegui, José Antonio Garmendia y Juan Paredes Manot, “Txiki”, dieron por resultado tres nuevas condenas a muerte. En total, once.

            Tras los consejos, el capitán general de la I Región Militar (Madrid) Angel AmpanoLópez; el capitán general de Burgos general Mateo Prada Canillas y el capitán general de Cataluña Salvador Bañuls Navarro confirmaron las once penas de muerte.

Posteriormente, el 26 de septiembre, el gobierno de Arias Navarro en pleno, dio el enterado a cinco de las condenas, las correspondientes a Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Angel Otaegui y Juan Paredes Manot.

El 27, diferentes piquetes formados por miembros voluntarios de la Guardia Civil y de la Policía Armada, daban cumplimiento mediante fusilamiento a las sentencias.

 RECUERDOS, RECUERDOS...

No son pocos los recuerdos y las pequeñas anécdotas que conservo de aquellos dramáticos días.

Tras los consejos de guerra, los condenados a muerte fuimos encerrados de nuevo en la galería de Celdas Bajas hasta el desenlace final.

Pudimos escribir algunas cartas, que eran cuidadosamente censuradas y en algunos casos no llegaron a su destino. Tal ocurrió con una de Humberto Baena. Comentaba en ella que en la galería había un gato y una mujer rubia (se trataba de un travestí que llevaron en una ocasión para barrer los pasillos). Supongo, escribió, que a la mujer la llevarán pronto a una cárcel de mujeres y al gato a una cárcel para gatos. Fue suficiente, como me comentaría más tarde un funcionario que leyó la carta, para que el escrito no llegase nunca a su familia y destruido por orden del director de la cárcel.

Durante esos días de espera, nos permitían pasear por un pequeño patio durante diez o quince minutos. Las ventanas enrejadas de la Sexta Galería, donde estaba una buena parte de los otros presos políticos daban a tal patio. Un día, a modo de entrañable gesto de apoyo y ánimo, oímos cómo los compañeros, al unísono comenzaron a silbar la Internacional. Fueron unos momentos de tensión y alarma entre los funcionarios que corrieron a la galería para reprimir el gesto: o se callaban o no nos volvería a permitir los diez minutos diarios de patio.

Poco a poco, se hizo el silencio, pero lo que había sucedido ya había sucedido. Suficiente.

Pues bien, así fue, así sucedió. Fue una lucha dramáticamente desigual entre un régimen dictatorial y asesino y un puñado de hombres y mujeres que se la jugaron para que las cosas cambiasen. Y cambiaron. Quizás no demasiado, pero indudablemente cambiaron. Lo que, dadas las circunstancias en que se llevó a cabo la llamada transición, no pudo conseguirse es llevar ante unos tribunales democráticos a aquella cuadrilla de facinerosos uniformados que sentenciaron arbitrariamente y asesinaron con toda impunidad. Lástima, pero aquí estamos para recordarlo y dar sus nombres.

 MUCHOS AÑOS DESPUES

Hace tiempo que ya no existe la cárcel de Carabanchel. Ahora, es un especie de museo y cualquier ciudadano, sin hacer ningún mérito, puede visitarla acompañado de un amable guía encargado de exorcizar los fantasmas más horrorosos de tan cercano pasado.

Hace unos años, una amiga mía visitó el tenebroso recinto y preguntó al amable guía por la ubicación de las llamadas celdas bajas. El amable guía le dijo que tales ergástulas jamás habían existido. Cuando me lo contó, me palpé el cuerpo, el costillar, las piernas, la cabeza y comprobé que, indudablemente, yo seguía estando ahí.

La duda sobre mi propia materialidad surgió del exacto recuerdo que conservo de los 45 días que pasé en la galería subterránea denominada, ya lo he dicho más arriba, CPB - Celdas de Prevención Bajas-.

¿Estuve, quizás, en un lugar inexistente? ¿Existió realmente aquélla mañana del 27 de septiembre del 75? ¿Existió el franquismo o fue tan solo una larga siesta de un pueblo dócil bajo la mano paternal de un general con alguna querencia autoritaria?

No es un tema frecuente en mis conversaciones, pero cuando alguna vez se tercia hablar de todo aquello con personas de menos de treinta años, les resulta difícil creerlo. ¿No sucedería todo eso en algún lugar inexistente? Sin embargo, ocurrió y duró sus buenos cuarenta años. Y no hubo ni paternalismo ni docilidad...

En fin, para terminar, no tengo sino que disculparme por haber estado en una galería de la muerte inexistente y haber sobrevivido para contar ciertas inconveniencias. Seguramente, no capté, en el momento debido, el espíritu de la  transición y de su peculiar capacidad para hacer que las cosas no existan.

 http://www.frap.es/FRAP/frap%20juicios%20farsa.pdf

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